JUAN MARTÍN POSADAS
El martes pasado, 21 de octubre, leí en El País una columna firmada por el conocido periodista Gerardo Sotelo. Se trata de un texto memorable, producto -me animo a interpretar- de una sana indignación. Si el Uruguay está moralmente como está es porque la única indignación que va quedando es la que estalla cuando un juez suspende un partido porque los jugadores no salen a la cancha en hora.
El texto de Sotelo comienza diciendo: "El gobierno está intentando solucionar, por estos días, un par de crisis financieras vinculadas a dos de las más poderosas corporaciones nacionales. Al salvataje de la Caja Bancaria deberá sumarse próximamente otro parecido para el Casmu (…) Así, bancarios y trabajadores de la salud se servirán del dinero ajeno (de gente a quien se le quita contra su voluntad) con el aval de un gobierno que no sabe enfrentar a estos grupos de poder".
El Uruguay sigue alimentando su buen concepto de sí mismo en base a una dieta de mentiras. Los gremios son presentados -y aceptados- como instituciones encaminadas a proteger a los más débiles (los trabajadores) frente a las garras de los poderosos (los patrones) y la base de la fuerza sindical para conseguir ese objetivo es la solidaridad.
La realidad, en el caso de AEBU, es la de un gremio fuerte, que no manejó adecuadamente sus finanzas y ahora procura una solución para sus imprevisiones a costillas de otros más débiles. El sindicato de los bancarios empuja al gobierno a que obligue, por ley y sin preguntarle siquiera su opinión, a más de 4.000 trabajadores que habían optado por confiar sus haberes de retiro al BPS o a alguna AFAP, a que le saquen las castañas del fuego. El grande obliga despóticamente al chico, ¡linda solidaridad! Y el gobierno, este gobierno que se proclama de izquierda, defensor de los oprimidos, émulo del Che Guevara y todo el bla, bla, bla, se hace socio e instrumento de la prepotencia.
En el diario del mismo día, en la página siguiente, se informa que un grupo de gente ocupó un campo en las costas del Yaguarí que estaba para ser adjudicado por Colonización. No sé quienes componen dicho grupo, pero me ayuda a hacerme una idea el nombre que ellos mismos se eligieron: se llaman "A pecho y coraje". La lista de uruguayos inscriptos como aspirantes en Colonización, que cumplen con los requisitos formales que el Instituto exige, que serán escrutados minuciosamente para ver si califican, es una lista larga; pues bien, todos ellos han quedado burlados, pisoteados sus derechos, defraudadas sus expectativas por la fuerza. Y en este caso también con la anuencia y colaboración del gobierno. El Sr. Mario Vega, vicepresidente del Instituto, justifica la consumación del atropello con una clase magistral de hipocresía. Dice, entre otras sandeces, que "cuando uno tiene 40 aspirantes y una sola fracción, 39 van a quedar calientes". Lo que no dice es el corazón del asunto: no es por quedar afuera, sino por la forma abusiva en que afuera quedaron que están calientes los aspirantes defraudados (y los terceros, ajenos al litigio, a quienes nos ofende el descaro de este tipo y las injusticias que avala).
No puedo finalizar estas líneas así nomás. Voy a agregar dos cosas. Da pena la mansedumbre con que en nuestro país se aguantan los atropellos de los fuertes contra los débiles. Y, perdóneseme la franqueza, se me abre un interrogante -de dimensión oceánica- respecto a la autenticidad del vocinglero compromiso con la justicia de tanto combatiente autocondecorado como héroe de la solidaridad y defensor de los débiles.