Un gesto patriótico

PABLO DA SILVEIRA

El proyecto de Ley de Educación elaborado por el Poder Ejecutivo está en problemas. La oposición política se ha manifestado unánimemente en contra: desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente surgieron declaraciones de rechazo.

Dentro del gobierno, las opiniones están divididas: algunos están dispuestos a acompañarlo, otros lo consideran insatisfactorio porque no da suficiente participación a los gremios y otros lo consideran insatisfactorio por la razón opuesta (igual que la oposición, rechazan el control corporativo y temen el bloqueo).

Los gremios, por su parte, consideran que el cogobierno que se propone es demasiado pálido y reclaman la inclusión de otras propuestas aprobadas en el Congreso Nacional de la Educación. Finalmente, varias voces técnicas han señalado que es un proyecto mal concebido, que ignora cuestiones elementales de técnica legislativa y crea un ordenamiento institucional impracticable.

Dado que se trata de la ley orgánica de un ente autónomo (ANEP), hace falta mayoría absoluta. En este escenario, lo mejor a lo que puede aspirar el gobierno es aprobarla con los únicos votos de legisladores frentistas, tras obligar a varios de ellos a votar a disgusto.

Sería una mala manera de instalar una Ley que cambiaría las reglas de juego de nuestra enseñanza. Y sería también un gran retroceso respecto del pasado. La Ley de Educación hoy vigente fue votada por unanimidad en 1985, luego de un proceso de concertación de todos los partidos.

Una Ley de Educación es una norma crucial para cualquier sociedad democrática. Y esta lo es de manera especial, porque sus disposiciones implican una fuerte ruptura con nuestra tradición de gobierno de la enseñanza. En particular, las corporaciones docentes pasarían a tener un peso que no tuvieron hasta ahora y al que difícilmente renunciarán más tarde.

Aprobar semejante norma "a prepo" (es decir, ignorando a la oposición y a la propia disidencia interna) sería instalar una norma débil, cuestionada en su legitimidad y muy difícil de cambiar. Se trata de una receta infalible para asegurar largos años de conflicto.

Lo más sabio que puede hacer el gobierno en este contexto es retirar el proyecto. No se trata de dar un paso atrás, sino de constatar un hecho que rompe los ojos: los uruguayos no estamos en condiciones de darnos la gran ley de educación que sin duda estamos necesitando. No existen en nuestra sociedad los acuerdos mínimos para hacerlo.

Nadie razonable puede achacarle este estado de cosas al gobierno. Que la sociedad uruguaya no sea capaz de llegar a acuerdos mínimos en materia educativa no es responsabilidad del gobierno sino de la propia sociedad. El gobierno sólo se haría merecedor de una crítica severa si decidiera ignorarlo y actuar como si existiera un consenso.

Lo mejor que podemos hacer los uruguayos es prolongar la vigencia de la ley de 1985. Se trata de una ley imperfecta, pero ha demostrado ser lo suficientemente flexible como para permitir la ejecución de políticas muy dispares (por ejemplo, implantar la reforma Rama y luego proceder a desmantelarla). Lo sensato es mantener esa norma que tiene una alta legitimidad, y luego darnos algunos años para experimentar soluciones, discutir ideas y generar los acuerdos que hoy no tenemos.