Nuestro Estado, ético

LEONARDO GUZMÁN

Como una bocanada de aire fresco debe recibirse la noticia de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno declaró que el Estado debe cobrar indemnización a un fiscal penal procesado por "concusión" -coima-, en cuanto infirió "gran menoscabo a la imagen de la Justicia" y afectó la "credibilidad de los poderes del Estado".

La ráfaga acaso habría pasado inadvertida si no fuera que esta sentencia revocó la de primera instancia, que había desechado el reclamo, movilizado cinco años atrás por disposición del Ministerio de Educación y Cultura que llevó nuestra firma. Habría sido una lástima, porque por encima de los detalles del expediente judicial -a cuyo respecto ni podemos ni debemos pronunciarnos-, resulta vivificante que la sentencia se pronuncie positivamente sobre un tema que entronca los deberes del Estado con la esencia ética del Derecho.

Vivificante, sí, y para el Uruguay entero, que no sólo tropieza en frecuentes baches de la práctica forense sino que necesita reconstruir su concepto del Derecho -especialmente ahora, cuando han rotado los tres lemas y hay que combatir la tentación de confundir a los elencos gobernantes con el Estado o de subsumir los principios de Derecho en el refranero dominante en el turno político.

Esa reconstrucción es imperiosa, precisamente porque la idea misma de Estado de Derecho se nos ha erosionado a ojos vistas.

Al desgaste han contribuido ideologías contradictorias, tales como la doctrina según la cual es plausible que el pez grande se coma al pez chico -individualismo a ultranza, que ignora la función justiciera del Derecho- y las teorías que proclaman la lucha de clases sin más referencia que el interés del grupo -colectivismo a cualquier precio, que ignora la existencia de valores universales. A la decadencia ha contribuido no poco la importación de latiguillos absurdos, tales como que el Derecho es el pronóstico de lo que vayan a decir los Jueces o que el Derecho y la ética no tienen nada que ver; y, sobre todo, ha contribuido la caída de los valores en la estructuración de la persona y de las materias humanistas en la formación escolar y liceal, que estimula ver al Derecho como marco formal y no regla sustancial.

Por eso, es trascendente que nuestra Justicia reconozca que, en el Uruguay, la institución Estado puede ser víctima de daño moral. Al sostenerlo así, confirma que nuestro Estado no es sólo "la diferencia entre gobernantes y gobernados" y es, y debe ser, ético en su base, su gestión y su propósito.

En el plano teórico, el tema ha dado lugar a toda clase de reflexiones jurídicas, sociológicas y políticas.

Pero el poder para exigir que se cumplan los deberes ético-funcionales en el Estado no es tema sólo para especialistas y, por tanto, no debe examinarse en cenáculo cerrado.

Es un tema para el común, al alcance de cualquiera: si usted coimea, desprestigia; y las personas jurídicas -en este caso, el Estado pero no sólo él- también tienen moral y derecho al honor.

En definitiva, las bases del Derecho son del ágora, de la plaza pública. Lo son no sólo por el origen democrático de las normas sino porque su fundamento y su eficacia a todos deben importarnos, puesto que la ley y su aplicación a todos en algún momento pueden protegernos, dolernos o abandonarnos.

Encerrar al Derecho en congelador moral lo ha aislado en reiteración.

¡Bienvenido a su humus natural, hecho de valores y sentido común!