El gobierno ratificó su voluntad de abrir un debate general sobre la inteligencia militar y policial y su valor estratégico para el Estado, mediante el envío al Parlamento de un proyecto de ley marco. Esta situación, sin embargo, despertó dudas en algunos especialistas sobre si en esta administración habrá tiempo suficiente para implementar la iniciativa.

La presentación de un estudio denominado "Hacia el control democrático de las actividades de inteligencia", actividad organizada por el Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, fue el ámbito para que expertos hicieran algunas reflexiones al respecto.

Ricardo Prato, del Ministerio del Interior, dijo en la reunión que se debe pensar en una inteligencia con función estratégica al servicio del Estado, y evitarse el concepto de "chacras" en las distintas fuerzas o ministerios que le aseguren una cuota de "poder" a quien dispone de determinada información. Sostuvo que la actividad se debe llevar adelante en reserva pero bajo el control del Estado, algo en lo que coincidieron sucesivas intervenciones de Julián González y Carlos Luján, investigadores del Instituto de Ciencia Política, y el senador Gustavo Penadés, presidente de la comisión de Defensa.

El ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez, reiteró que el Poder Ejecutivo trabaja en la presentación de una iniciativa que regule la inteligencia del Estado, a fin de promover un debate sobre el tema, pero González y Penadés dudaron, más tarde, que la proximidad de la campaña electoral haga posible avanzar en esta idea.