La polémica suscitada por la compra de lanchas patrulleras para enviar a Haití a fin de cumplir con una misión de naciones unidas, tuvo ayer un giro inesperado: el tribunal de cuentas informó al parlamento que el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo es incorrecto y que, en consecuencia, debe iniciar otra vez el proceso legislativo.

El presidente del organismo, Guillermo Ramírez, acompañado por varios ministros compareció ante la comisión de Defensa de Diputados, que lo había convocado para conocer su opinión acerca de la legalidad de la compra directa de esas embarcaciones, que piensa hacer el gobierno con un préstamo del Banco de la República.

Según explicaron los miembros del organismo de contralor a los legisladores, el procedimiento es incorrecto y, en realidad, lo que debe proponer el Poder Ejecutivo al Parlamento es que autorice al Banco de la República a conceder un préstamo al Ministerio de Defensa por el monto de la compra: US$ 6,2 millones.

Esta variante retrasará el trámite legislativo del proyecto de ley, que el gobierno pensaba aprobar este mes dadas las necesidades de despliegue inmediato que tiene la Armada para cumplir con la misión de asistencia a la policía nacional haitiana en la isla.

VIAJE DE MARINOS. Además, la comisión de Defensa recibió a los interlocutores de la empresa rusa "Rosoboronexport", que había ofrecido otro tipo de lancha de características diferentes.

Estos empresarios dijeron a los legisladores que antes que se aprobara la ley autorizando el endeudamiento para la compra de las lanchas, "varios jerarcas de la Armada" -sin precisar nombres- viajaron a Estados Unidos a reunirse con delegados de la firma "Boston Whaler", que es la que proveerá las lanchas, según la decisión del gobierno.

Además, los empresarios interlocutores de los fabricantes rusos confirmaron a los legisladores que ellos prestaban lanchas que tienen ya en funcionamiento si los plazos de inicio de la misión así lo requerían. Incluso, dijeron que cobrarían las embarcaciones sin ninguna urgencia, cuando Naciones Unidas reembolsara los recursos a la Armada.

El ministro de Defensa, José Bayardi, fue citado nuevamente a la comisión.