ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Hace algunos años un tribunal federal de Estados Unidos sentó un precedente jurídico que comprometió la búsqueda y rescate de naufragios en todos los mares del mundo.

La Justicia del Estado de Virginia entregó a España los restos de dos galeones españoles naufragados en la costa norteamericana: el Galga, hundido en 1750, y el Juno, perdido en 1802. Ambos barcos habían sido descubiertos por Ben Benson, un ciudadano estadounidense, tras arduos años de trabajo y una inversión multimillonaria.

Por Derecho, los naufragios históricos pertenecen a los países donde se encuentran. ¿Por qué entregar entonces estos barcos a España? La curiosa alianza tiene una explicación sencilla.

Está claro que Washington no pretende recuperar naufragio histórico alguno en aguas extraterritoriales, pues no lo tiene. Su objetivo es hacerse de aquellos buques o submarinos que, por algún desatino, puedan perderse lejos de casa, vaya a saber uno en el cumplimiento de qué misión patriótica.

Para la Madre Patria, tan sabia como perspicaz, la sentencia le vino como anillo al dedo. Hace años que España pretende recuperar sus antiguas naves perdidas en las costas europeas y americanas. Aquellos barcos que al momento de naufragar, se llevaron al fondo enormes riquezas, en metales preciosos fundamentalmente, producto del expolio de las minas americanas y del sometimiento de los pueblos indígenas.

Ahora sin embargo, España está enfrentada a Estados Unidos por el naufragio (¿tesoro?) de La Mercedes, perdida frente a la costa… ¡de Portugal! Como sea, para los latinoamericanos esta disputa entre dos países es harina de otro costal.

¿Pero qué dice Perú, el verdadero dueño de todo este tesoro, de los reclamos de España y EE.UU.? Lamentablemente, nada. ¿No deberían estar México y Perú reclamando a España la devolución de todo el oro y la plata que se encuentra en sus iglesias?

Pero no hay que ir muy lejos para tener ejemplos de este tenor.

En Uruguay, se sigue defendiendo a ultranza una Convención de la Unesco que el gobierno nacional ni siquiera refrendó y que impulsan países como España para que los naufragios no sean recuperados del lecho marino. Una convención firmada por estados que incluso carecen de costas. Y para la que la sola preocupación de los países del Plata y el Caribe, pródigos de riquezas submarinas, debería haber tenido un peso gravitante.