DGI investiga porteros por IRPF de alquileres

La DGI salió a fiscalizar fuerte el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los alquileres en Punta del Este y ahora le tocó a los porteros, un importante eslabón de la cadena inmobiliaria esteña, muy a pesar de las empresas formales del sector.

El director de Rentas, Nelson Hernández, había anunciado semanas atrás que se citaría a los propietarios de inmuebles en el balneario para determinar si alquilaron sus inmuebles y, en caso que así fuese, si había pagado el IRPF y también a porteros que se presuma que intermedian en arrendamientos de propiedades.

Con los propietarios el trámite se cumplió en Montevideo pero a los porteros se los viene fiscalizando en la propia Punta del Este.

El propietario de un inmueble en un edificio cuyo portero es investigado relató a El País que inspectores de la DGI visitaron varias veces el lugar para hablar con el trabajador y lo terminaron citando en un hotel, requiriéndole que asistiese con documentación sobre las propiedades que posea, sus ingresos, y el estado de su cuenta bancaria.

Son varios los porteros que están en esa misma situación.

Algunas fuentes señalan que los inspectores llaman a los edificios como posibles turistas preguntando si hay apartamentos para alquilar.

Los porteros de Punta del Este han sido fuente de habituales críticas de las inmobiliarias de la zona, las que aseguran que aquellos ofician de intermediarios en los alquileres sin pagar los impuestos que pesan sobre las empresas formales. El asunto se intensificaría con la obligación de pagar IRPF sobre los ingresos por alquileres, porque con ellos los mismos se "hacen en negro".

PROPIETARIOS. A varios los visitaron inspectores de la DGI en sus domicilios en Montevideo y los citaron la semana pasada a las oficinas centrales del organismo donde debieron concurrir munidos de cierta documentación (títulos de propiedad, recibos del pago de servicios como luz y teléfono y contribución), a la vez que se les interrogó sobre la situación del inmueble.

El organismo investiga si el inmueble está en situación de arrendamiento o no y la otra instancia, según explicó a El País, Nelson Hernández, es "determinar el monto del alquiler (en caso que lo hubiera), lo que es fácil de hacer porque el mercado de alquileres es bastante transparente". Agregó que en los casos en que el inmueble está ocupado pero no por su titular, "vamos a asumir que está a título oneroso, es decir que hay un pago por alquiler".

En ese caso corresponderá al propietario probar que no está percibiendo una renta por la ocupación del inmueble.

Algunos abogados tributaristas sostienen que no corresponde invertir la carga de la prueba, sino que debe ser la DGI la que tenga que probar que un inmueble está alquilado y por lo tanto debe pagar IRPF.