Plan de Equidad: el problema es llegar a todos los beneficiarios

SEBASTIÁN CABRERA

Hace pocos días se pagó el último sueldo del Plan de Emergencia. ¿Y ahora qué? La mayoría de los 68.500 hogares incluidos en el plan cobrará la nueva asignación familiar. Otros, el apoyo a la vejez. Unos pocos dejarán de recibir aporte estatal.

Estos últimos integran más de 2.000 hogares que cobraban el ingreso ciudadano y donde no hay menores de 18 años ni adultos mayores. Al menos en primera instancia, no tendrán subsidio del Estado.

"Ahí hay una diversidad muy grande. Hay personas que seguramente tienen empleo informal o que podrían acceder a trabajos, ya sea en el Estado o a nivel privado", explicó a El País la ministra interina de Desarrollo Social Ana Olivera, en su despacho con vista a la calle Javier Barios Amorín. Algunos miles de ex beneficiarios del Plan de Emergencia son considerados por el gobierno como "desocupados crónicos".

Pensando en ellos es que se diseñaron dos programas de trabajo protegido, otro pilar del nuevo Plan de Equidad. A fines de febrero se hará un llamado para ocupar 3.000 plazas de "Uruguay trabaja" y 3.000 de "Objetivo empleo", todas para desocupados desde hace dos años y con capacitación obligatoria. El primer programa asignará tareas de reparación en diferentes edificios públicos por nueve meses y con un sueldo de $3.844. El otro abarca a empresas subsidiadas por el Estado (ver nota aparte).

ARRANQUE. Lo que más preocupa ahora en el Ministerio de Desarrollo es la difusión del nuevo régimen de asignaciones familiares, que será cobrado por 330.000 niños y adolescentes pobres en 2008, cifra que subiría a 500.000 en 2009.

La mayoría ya cobraba la anterior asignación (hijos de mujeres jefas de hogar o miembros de hogares de bajos recursos). Hasta ahora recibían $460 cada dos meses y ahora serán $ 700 mensuales para escolares y preescolares y $ 1.000 para alumnos de liceos y UTU o personas discapacitadas. La cifra por persona baja a medida que aumenta el número de hijos.

En tanto, se mantienen las asignaciones "contributivas", que rondan $400 bimensuales para los trabajadores que están en el sistema formal y ganan hasta unos $16.000 mensuales.

Pero de los 330.000 que cobrarán la nueva asignación para hogares pobres, unos 165.000 beneficiarios ya estaban en el Plan de Emergencia. Ellos acceden automáticamente al beneficio y así les fue comunicado.

Hay, sin embargo, varios miles de niños que el gobierno entiende que deben cobrar la asignación, pero no lo harán en febrero. Se trata, por ejemplo, de hogares que nunca fueron relevados por el Plan de Emergencia. Es el caso de los que cobraban la vieja asignación por hogares de menores recursos y no entraron en los 189.000 hogares relevados por el Mides.

También hay unos 1.000 beneficiarios del ingreso ciudadano que tienen hijos menores y no pueden cobrar la asignación por diferentes problemas: sus hijos no tienen cédula, directamente no fueron declarados o porque ninguno de los mayores puede justificar la tenencia de los menores de edad.

Quienes no acceden automáticamente al beneficio deben solicitar una entrevista al teléfono 0800 2326. Ya hay más de 1.500 números dados para después del 15 de febrero. La entrevista dura unos 45 minutos e incluye la firma de una declaración jurada. Luego las personas serán visitadas para cotejar lo declarado y se llenará un nuevo formulario, ratificando corrigiendo los datos.

Condiciones. El ingreso económico no es el único factor determinante, como sucedía en el Plan de Emergencia. Se toma como elemento a considerar un límite de cerca de $2.000 de ingreso por integrante del hogar, pero se analizan especialmente las condiciones socioculturales, higiénico-ambientales y educativas del conjunto de integrantes del hogar.

La asignación exige que los beneficiarios vayan a la escuela o al liceo, y que se hagan controles periódicos de salud.

¿Y los controles? Olivera frunce el ceño y, con hablar rápido, explica que desde abril estaría operativo en el BPS un sistema informático coordinado con Primaria, Secundaria, UTU y Salud Pública. Eso permitiría suspender el cobro de la asignación a los hogares que no cumplan con la contrapartida. Pero Olivera admite: "Más que el control, me preocupa que los podamos retener en el sistema educativo. Ese es el desafío".

Además de la asignación familiar, en febrero 2.100 personas de entre 65 y 70 años empezarán a cobrar una partida de $3.000 por "asistencia a la vejez". En el Ministerio prenden velas para que el gobierno apruebe la baja de los años exigidos para jubilarse.

$1.361 Es lo que cobrará, en el nuevo régimen de asignaciones familiares, un hogar con un niño escolar y uno adolescente.

$2.063 Es lo que se cobrará al mes en un hogar pobre con dos niños escolares y dos adolescentes, que asisten a la escuela o al liceo.

Con el comienzo del nuevo régimen de asignaciones familiares, las consultas se multiplican en el Ministerio de Desarrollo Social. El viernes pasado se recibieron unas 150 consultas y el lunes 300 en el día. Muchas están vinculadas a situaciones de gente que no accedería a la asignación familiar por problemas de tenencia de los niños, entre otros inconvenientes.

En enero el gobierno inició una fuerte campaña de difusión del nuevo plan, tras constatar que existía desconocimiento general. Una encuesta encargada por Presidencia dio como resultado que en diciembre pasado apenas el 60% de la población tenía alguna idea acerca de que iba a comenzar un nuevo régimen de asignaciones. La amplísima mayoría no sabía en que consistía.La ministra interina Ana Olivera argumenta que el plan de emergencia "no se reconvierte" en un nuevo programa: "El plan de equidad no es el plan de emergencia con otro nombre, porque incluye medidas para toda la sociedad y algunas para los sectores pobres. Es un plan de políticas permanentes, políticas que vinieron para quedarse y que no tienen plazo de finalización".