Empezar de nuevo

PABLO DA SILVEIRA

El proyecto de ley de educación elaborado por el Poder Ejecutivo es tan malo que no vale la pena remendarlo. Las consecuencias de su aplicación serían catastróficas para la vida educativa nacional Por eso, lo mejor es pensar desde ya las bases de un texto alternativo. Con un poco de suerte, el gobierno recapacitará a tiempo y podremos tener una discusión sensata sobre el tema. Y si no tenemos esa suerte, de todas maneras será conveniente tener puntos de referencia para evaluar lo que ocurre.

¿Cuáles son los principios que debería orientar la elaboración de una nueva ley de educación? El tema puede discutirse, pero una lista minimalista debería incluir los siguientes.

1) Control ciudadano. La educación es un asunto político en el sentido más noble del término: involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas colectivas que puedan ser consideradas legítimas. Son los políticos electos para ocupar cargos de gobierno (es decir, los representantes de los ciudadanos) quienes deben asumir la tarea de dirigirla. Los docentes y especialistas en educación tienen su palabra para decir, pero nunca debe olvidarse que su lógica no es ciudadana sino corporativa. Y el reflejo de toda corporación es poner sus propios intereses por delante de los intereses comunes.

2) Calidad educativa. Los miembros de las nuevas generaciones necesitan aprender lo necesario para cumplir sus proyectos personales y para poder desempeñarse como ciudadanos plenos. A su vez, las sociedades necesitan que sus miembros se preparen para contribuir a la generación de riqueza en un mundo cada vez más competitivo. El que olvida esto, condena a sus nuevos conciudadanos a una vida sin oportunidades y condena a su propia sociedad a la pobreza.

3) Evaluación de resultados. Los sistemas educativos no existen para que los docentes tengan trabajo, para que las escuelas funcionen, ni para que los gobiernos gasten dinero. Los sistemas educativos existen para que los alumnos aprendan. Todo lo demás es instrumental a ese objetivo. Lo que define la calidad de un sistema educativo no es la cantidad de docentes titulados, ni la cantidad de alumnos que asisten a clase, ni la cantidad de dinero que gasta el gobierno, sino la calidad y pertinencia de los aprendizajes que se producen. Si eso anda mal, todo lo demás merece ser revisado.

4) Igualdad de oportunidades. Los hijos no tienen que pagar por las limitaciones o errores de sus padres. Cada miembro de las nuevas generaciones tiene derecho a intentar llegar tan lejos como lo lleven sus talentos y virtudes. Pero eso no se logra acumulando declaraciones sobre la justicia social. Eso se consigue organizando el sistema educativo de tal modo que las desigualdades de origen se mitiguen en lugar de fortalecerse. El uso que se haga de los dineros públicos o la manera en que se distribuyan los cargos docentes deben ser evaluados a la luz de esta exigencia.

5) Diversidad pedagógica y descentralización de la gestión. Descentralizar no significa diluir responsabilidades ni multiplicar chacras de poder. Descentralizar significa abrir espacios para que florezca la libre iniciativa, para que diferentes apuestas pedagógicas y organizativas compitan entre sí, y para que la gente pueda hacer elecciones bien informadas sobre la educación de sus hijos.

Si empezamos por aquí, tal vez pueda irnos mejor.