L. NICROSI / E. DELGADO/ D. ISGLEAS

El gobierno sospecha que organizaciones "pesadas" vinculadas al narcotráfico operan en Uruguay y están relacionadas con el robo de armas en la Fuerza Aérea. Ayer hubo ocho procesamientos por este caso.

Durante la sesión del Consejo de Ministros y luego de recibir un informe sobre el robo de armas de guerra de la FAU, se manifestó la preocupación de que este hecho esté vinculado con organizaciones "pesadas" que operan en Uruguay y que "tienen vinculación con el narcotráfico" .

Existen varias señales de alarma en ese sentido, dijeron a El País participantes de la reunión. El gobierno uruguayo se prepara para afrontar este tema a través de la coordinación de los ministerios de Interior y Defensa y la Junta Nacional de Droga, que preside el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez.

procesados. El juez penal Ricardo Míguez decidió ayer el procesamiento con prisión de cuatro militares por reiterados delitos de peculado (apropiarse de dinero o cosas muebles en posesión de un funcionario público por razón de su cargo). También procesó a un recluso del Comcar por su colaboración en el robo de las armas, y que estaba cumpliendo una pena por otro delito. El magistrado, además, procesó pero sin prisión a un hombre y dos mujeres -estos civiles- por el delito de receptación.

De las 13 armas de guerra cuya falta se detectó hace una semana, solo un fusil FAL fue hallado hasta el momento. Ayer la Policía hizo más allanamientos sin éxito y da por seguro que no están en Montevideo.

Habrá nuevos allanamientos en el interior del país y contactos con policías de la región, porque se considera muy factible que ya estén en el exterior.

"Esta es la puerta de entrada de la investigación", dijo una fuente judicial a El País.

"Hay mucho material informativo reunido y mucho trabajo para hacer en el interior y exterior", expresó otra fuente de la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía (DNII)

Para el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, es claro que los cuatro soldados fueron quienes sustrajeron las 13 armas y dio como un hecho que serán dados de baja.

"Es bochornoso lo que pasó, pero la fuerza reaccionó con vergüenza y coraje para sacarnos a esta gente", declaró Bonelli a El País.

datos. El robo del FAL recuperado fue perpetrado por soldados que estaban a cargo de la guardia perimetral y el depósito de armamento de la compañía de la Policía Militar de la Brigada Aérea III.

El Departamento de Información (Inteligencia) de la Fuerza Aérea fue el que proporcionó a la DNII los datos de la casa donde estaba el fusil robado, que con la orden del juez fue allanada.

El fusil recuperado fue encontrado desarmado en piezas y envuelto en un paquete con papel y una bolsa de nylon en una casa de camino Maldonado. Al propietario de esa casa, procesado sin prisión, fue al que llevaron el arma las dos mujeres también procesadas, quienes son concubinas de dos de los uniformados que terminaron en prisión.

el nexo. En tanto, el recluso que fue señalado por algunos de los detenidos como el nexo con los compradores del FAL, negó ante la Justicia ese extremo pero igual fue procesado y con prisión.

Las armas se las entregaron cuando estaba en libertad y luego fue a prisión por otro delito, dijeron fuentes judiciales. "Es un hombre que está acostumbrado a estar en prisión y a declarar ante un juez, será difícil que aporte datos sobre los compradores" de las armas, añadió la fuente.

Tras esta primera etapa, la investigación continuará en los ámbitos civil y militar de la Justicia tratando de descubrir posibles ramificaciones de la operación.

En este caso entienden el juez Míguez, a cargo del Juzgado Penal de 15º turno, y el Juzgado Militar de Instrucción de 1° turno a cargo del coronel Gustavo D`Oliveira.

El delito de peculado se castiga con uno a seis años de prisión. El delito de receptación (adquirir, recibir u ocultar dinero o efectos provenientes de un delito) se castiga con seis meses a 10 años de prisión.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli , dijo que los cuatro militares procesados serán dados de baja. Los uniformados implicados en el robo de armas de guerra tienen entre ocho y diez años de servicio en la Fuerza Aérea y el fusil encontrado se le había asignado a uno de ellos, dijeron fuentes militares.

El Código Penal Militar establece, además de las penas, la destitución y privación de su haber de jubilación para este tipo de procesamientos.

Hasta anoche no se había podido localizar el resto de lo robado, diez fusiles FAL, de origen argentino y licencia belga, y dos ametralladoras FMK-3, también de origen argentino. Los ladrones también se llevaron nueve cargadores para fusiles con 180 proyectiles calibre 7,62, y 4 cargadores vacíos de las ametralladoras.

En agosto de 2006, el director de Aduanas, Luis Salvo, denunció durante un seminario sobre logística, que Uruguay se estaba convirtiendo en un centro de contrabando de armas, falsificación y piratería de la región. Según Salvo, en el país hay un "centro logístico de armas" para la región, y se manifestó "alarmado" por la "gran cantidad de drogas" que se embarca desde Uruguay. Unos días después de que Salvo realizara estas consideraciones, el entonces subsecretario del Interior, Juan Faroppa, les bajó el tono. En aquel momento, la prensa consignó que Faroppa consideró que ninguna de las situaciones de criminalidad existentes en el país son "alarmantes". "Hay que ubicar las cosas en su debido camino y ser razonables, precisamente para no generar alarma", sostenía Faroppa. El ex jerarca agregaba en esa oportunidad que si bien prefería no contrastar opiniones con Salvo, debía recordar que la Policía cuenta con el despliegue de varios equipos especializados dedicados a detectar acciones como el contrabando de armamento, y que intercambian información con organismos de Inteligencia del Estado.