JUAN MARTÍN POSADAS

Qué relación hay entre 15.000 proyectiles militares y 800.000 dólares envalijados? Bastante. Todos conocemos los detalles del rocambolesco y bolivariano proyecto de envío de los proyectiles en un medio de transporte tan poco convencional como un barco de guerra o el embarque y desembarque de una valija llena de dólares de un avión privado fletado por el gobierno argentino y aprovechado para un viaje de particulares venezolanos. Conocemos los detalles pero intuimos que es más lo que no se sabe. Lo más importante, lo que refiere en ambos casos a remitentes y destinatarios, se desconoce; los que saben (o tienen obligación de saber) no contestan y miran para otro lado.

Estos dos episodios -de embarazosa simultaneidad- están poniendo de manifiesto la cultura de gobierno en uso tanto en Argentina como en Venezuela. Es importante tener esto claro. Se trata de una cultura política ajena al Uruguay (afortunadamente) pero con la cual nuestro gobierno actual ha intensificado el contacto (desafortunadamente).

Bien miradas las cosas se trata no sólo de una cultura de comportamiento oficial que es extraña a lo que ha sido tradicional en nuestro país sino que, además, nos es ofensiva.

La concepción básica de esa cultura argentino-venezolana de gobierno -es decir, aquello que se toma como forma natural de procedimiento de gobernantes y jerarcas- es la discrecionalidad. Los gobernantes se consideran autorizados a saltearse formalidades y preceptos porque cuentan con un respaldo popular muy grande. Tanto en Venezuela como en la Argentina los gobiernos son personalistas, y esas personas, titulares del poder, se sienten habilitados para actuar y llevar adelante sus propósitos y planes, más por los apoyos populares con que cuentan que por las facultades legales y constitucionales inherentes institucionalmente al cargo que ocupan.

En el Uruguay no es así. No ha sido así. Pero el volumen inusual del respaldo electoral otorgado al Frente Amplio en la última elección ha empezado a desorientar a algunos miembros del personal de gobierno. Por eso los 15.000 tiros son tan graves como los 800.000 dólares, y si allá nadie pide explicaciones, acá sí. Para Chávez o para Kirchner enviar o recibir millones por la valija de un mensajero privado está dentro de la lógica de la cultura de gobierno que impera en sus países (en gran medida porque la implantaron ellos). Acá no. No ha recibido explicación aceptable el negocio de los 15.000 tiros. La están debiendo la Ministra Berruti y los otros Ministros que firmaron, el Parlamento que, sin prestar debida atención a lo que estaba haciendo, aprobó la ley y el Embajador Cardozo que ha dejado de aparecer por los lugares que frecuentaba.

Lo que distingue la cultura política tradicional de nuestro país con la actual de Argentina y Venezuela es lo que los anglosajones llaman the rule of law. Las mayorías, por numerosas que sean, no habilitan a los Presidentes a comportarse como monarcas absolutos. No se puede mantener a una Fiscal General sin contar con la aprobación y venia parlamentaria constitucionalmente prescripta. No se puede decretar el pase de los juicios entablados contra el estado del fuero laboral donde están a tribunales civiles. El Parlamento, tenga las mayorías que tenga, no puede funcionar como si fuera la FEUU o el PIT, aplicando la mayoría-aplanadora. El Poder Ejecutivo (ni la Secretaría de la Presidencia) tampoco deben funcionar así. Uruguay no es ni Argentina ni Venezuela.