JUAN MARTÍN POSADAS

En la página 11 de El País del martes pasado, se informa que "la justicia penal de Maldonado comenzará la instrucción de la denuncia de los ediles blancos sobre el caso Satenil S. A., que involucra al Intendente De los Santos y a varios jerarcas comunales". Es bien conocida la confesa desaprensión con que el Intendente de Maldonado se maneja frente a las disposiciones legales y a las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero no es sobre eso que quiero escribir hoy.

Paralelamente a la denuncia penal que informa la prensa, el Diputado nacionalista por ese Departamento, el Dr. Casaretto, ha considerado apropiado iniciar los trámites para plantear en la Junta el juicio político al Intendente. Ese propósito fue presentado al Directorio del Partido en fecha reciente por el propio Diputado.

En esa instancia -que, por lo demás, se trata de un trámite de mera cortesía, ya que el Directorio no puede intervenir formalmente y sólo podrá aportar apoyo político- el planteo recibió objeciones de parte de un Director, el cual tiene antecedentes de actuación en el mismo Departamento. La fundamentación de su objeción no fue referida al fondo del asunto: planteó que debía posponerse ese trámite a la espera de una oportunidad que fuera políticamente más favorable.

La ética y la política son dos cosas distintas, como lo sabe todo el mundo. Que sean distintas no quiere decir que deban estar separadas; también esto lo sabe todo el mundo. Los episodios de colusión entre ética y política o de desconocimiento recíproco han afectado seriamente el estado actual de lo que podría llamarse la conciencia nacional.

Esa conciencia ha sido herida, como es notorio, tanto por los casos escandalosos de faltas éticas cometidas por figuras políticas como por el uso irresponsable de acusaciones éticas con fines flagrantes de exclusivo aprovechamiento político. Ambas cosas.

El problema puntual de Maldonado, circunscripto al comportamiento del Intendente en el caso mencionado, no tiene sino un solo punto de discusión. Ese punto es si hay motivo suficiente para un planteo de juicio político o si, por el contrario, las cosas no dan para tanto. Lo que resulta escandaloso es, salteando el fondo del asunto, entrar a especular si es políticamente conveniente plantearlo ahora o esperar una oportunidad más favorable.

El sólo hecho de insinuar la subordinación o postergación de un planteo de esa naturaleza condena a quien lo formula. Este tipo de procederes desvirtúa la acción política y lesiona su credibilidad, ya bastante afectada. Cuando la conveniencia o inconveniencia política "ablanda" los planteos, moldea el encare de los asuntos éticos y condiciona el accionar del personal partidario, se está pecando contra la República.

Porque lo que debe quedar claro, tanto para la población de Maldonado como para la ciudadanía de todo el país, es que lo que se persigue con la medida de juicio político tiene como fin neutralizar un comportamiento torcido de un jerarca y defender, en este caso al Departamento de Maldonado, de la gestión de quien así procede. No se trata, en esta instancia, de ganar una batalla política partidaria -asunto corriente y que tiene su lugar apropiado- para lo cual es astucia admisible, esperar los momentos más propicios.

La ética y la política son dos cosas distintas, como se ha dicho, pero no pueden caminar separadas. Sobre todo una no puede ser usada como excusa para desconocer la otra o para acomodarla a sus ritmos o necesidades.