Pese al desarme, milicias no pierden su poder e influencia

THE NEW YORK TIMES | JUAN FORERO

Al tiempo que aproximadamente 23.000 combatientes de escuadrones paramilitares se han desarmado en Colombia a lo largo de los últimos dos años, sus principales comandantes han declarado sus intenciones de tener una participación en la política.

Sin embargo, ya están surgiendo indicaciones en cuanto a que esa participación es sombría, ya que algunos comandantes usan los sobornos y la intimidación para controlar a legisladores locales e incluso bloques de representantes en el Congreso, al tiempo que le dan nueva forma a sus milicias hasta convertirlas en redes criminales que trafican cocaína, extorsionan a establecimientos comerciales y saquean gobiernos locales.

Las advertencias con respecto a estas actividades han llegado desde fuentes tan diversas como ciertos políticos colombianos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), diplomáticos occidentales y grupos por los derechos humanos. La Suprema Corte de Colombia ya empezó a investigar los nexos entre paramilitares y el Congreso, y algunos partidos políticos ya comenzaron a expulsar a diputados o representantes que tienen vínculos con dichos grupos.

SIN VIGILANCIA. La movilización de los paramilitares tendientes a la derecha extrema y opuestos a los guerrilleros —un desarme mucho mayor que aquéllos que pusieron fin a las guerras de Centroamérica en la década de los 90— forma parte de un trato en el cual el gobierno cifraba sus esperanzas de llevar la paz hasta áreas que han estado atormentadas por la guerra y el narcotráfico desde hace largo tiempo. Sin embargo, existe muy poca vigilancia del proceso, y ningún mecanismo para garantizar que las milicias sean desbandadas por completo.

En Colombia, a lo largo de la costa del Caribe, el poder de los paramilitares y las metódicas tácticas que emplearon para hacerse del control político quedaron de manifiesto en 2002, durante las anteúltimas elecciones legislativas. Los ganadores lograron obtener entonces victorias de contundencia anormal, de hasta 95 por ciento de los votos. Alcaldes y concejales también ganaron abrumadoramente, en particular en este estado costero, Magdalena, donde los candidatos en pos de cargos locales se postularon sin ninguna oposición en 14 de 30 poblados.

Dieb Maloof, de 41 años de edad, quien fue reelegido ese año para su escaño en el Senado con 84 por ciento de los sufragios en este poblado ganadero, negó cualquier manipulación. "La gente votó por mí debido a que nosotros llevamos a cabo el trabajo político", aseguró, en una entrevista.

Sin embargo, los diplomáticos occidentales y legisladores colombianos, advirtiendo que los paramilitares se están preparando con miras a cimentar su férreo control, afirman que Maloof, un puñado de otros integrantes del Congreso y algunos alcaldes se reunieron en secreto, en diciembre, con Rodrigo Tovar, un comandante paramilitar, para sentar las bases de una contundente victoria electoral para las elecciones del pasado domingo. "En esas reuniones, ellos discutieron lo que iban a hacer, quién iba a ser uno de los candidatos, cuáles estrategias seguirían, e incluso a quién amenazarían", aseguró el ex presidente César Gaviria, del Partido Liberal.

Además, El Tiempo, el diario más grande de este país, ha informado de reuniones entre paramilitares e integrantes del Congreso en otros dos estados. Los congresales han negado las acusaciones.

En el mes de enero, Maloof fue expulsado de su partido, al igual que otros cuatro integrantes del Congreso. Los cinco pertenecían a dos partidos ligados estrechamente con el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, considerado el gran ganador de las elecciones legislativas del pasado domingo.

Uribe, quien mantiene su popularidad en Colombia debido al combate en contra de los rebeldes, ha recibido de buena gana las expulsiones, diciendo que el gobierno "no permitirá financiamientos ilegales, ni sobornos o actos de intimidación en contra de líderes o electores, como tampoco la participación de grupos violentos en las campañas políticas".

No obstante, los miembros del Congreso que fueron expulsados sencillamente cambiaron su membresía por la de otros movimientos conservadores con presencia política. Al tirar de las palancas del poder tras bambalinas, dijo Gustavo Duncan, analista de seguridad que está terminando un libro acerca de la influencia paramilitar sobre instituciones colombianas, los comandantes están decididos a lograr ambiciosos objetivos, como el repudio de un tratado de extradición con Estados Unidos, el cual los amenaza a ellos mismos. Si bien la administración Bush ha brindado su apoyo al presidente Uribe, su embajador ha advertido sobre las manipulaciones de la política, y el Congreso solamente ha ofrecido sumas simbólicas para la desmovilización.

TRAS BAMBALINAS. Aspirantes al Congreso de Colombia como Aroldo Guardiola, de 50 años de edad, catedrático de leyes que desafía abiertamente a los paramilitares, afirman que el control de Tovar es tan fuerte que él sencillamente no puede aventurarse a buena parte de Magdalena para hacer campaña. Y nadie espera que dicho control se relaje a medida que los combatientes paramilitares de Tovar se desarmen en los días próximos.

"En últimas fechas, podemos afirmar que la democracia en Magdalena ha sido secuestrada", dijo Guardiola. "Somos capaces de visitar algunos municipios, pero no podemos salir al campo. Eso es un peligro debido a que lo que está en juego no es meramente tu carrera, sino tu vida".

En su elegante residencia localizada en Barranquilla, vaso de jugo frío en mano, Maloof, el senador, negó de manera inflexible recientes informes de prensa en los que se le acusa de haber estado presente en una reunión, durante la cual se discutió la conjura para asesinar a un fiscal. El responsabilizó a sus rivales de haber sembrado historias.

"Cuando estás en un país que ha pasado por 50 años de conflicto, nadie —y realmente me refiero a nadie— puede lanzar la primera piedra", señaló Maloof.