El planteo del fiscal Enrique Viana sobre que la reforma constitucional del agua caducó la concesión a la empresa M‘Bopicuá para construir la planta de celulosa en Fray Bentos, recién será considerado por la jueza Dora Szafir al final del juicio que llevará varios meses.

El 16 de diciembre se llevará a cabo una nueva audiencia ya que la anterior fue suspendida. El juez suplente Alejandro Recarey aceptó el plan- teo que fue incorporado al expediente y fijó una nueva audiencia.

Viana afirmó que las normas que citó al presentar su demanda, como la ley de OSE y el Código de Aguas, tienen ahora rango constitucional. Planteó que con la reforma, el agua constituye un derecho humano fundamental y tiene como prioridad el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. De acuerdo con ello sostuvo que la concesión para la obra de Fray Bentos debe ser dejada sin efecto.

La demanda presentada por Viana pide a la justicia que responsabilice al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorio y Medio Ambiente por haber dado una autorización sin haber hecho los controles necesarios para la instalación a la fábrica de celulosa de la firma M’Bopicuá en Fray Bentos.

Viana consideró que los peligrosos efluentes de esa industria "serán vertidos al Río Uruguay mediante un caño colector con difusores (...) en un claro impacto de todo el medio sito aguas abajo". Sostuvo que esos vertidos podrían afectar el agua potable de Fray Bentos y la playa de Las Cañas, entre otros.