Denuncia y remate para todos los grandes evasores

La Dirección General Impositiva (DGI) separó de sus cargos, e inició sumarios, a tres jerarcas de su sección Gestión Judicial de Cobro, cambió al equipo a cargo de esa repartición, y se apresta a retomar una actividad que, desde hace años, no hacía: ejecutar inmuebles.

Como resultado de una investigación —aún no culminada— que inició en el primer semestre de 2002, la DGI detectó maniobras por las cuales se evitaba el remate de bienes que habían sido embargados como garantía de grandes deudores. La indagatoria, a cargo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), comenzó tras la detección en la Justicia de un documento de levantamiento de embargo con firmas falsificadas (El País, 22/4/02).

Cuando el caso fue detectado, el Ministerio de Economía y la DGI, dirigidos en aquel entonces por Alberto Bensión y Marcelo Brasca, respectivamente, presentaron denuncia judicial, y solicitaron la auditoría.

En marzo pasado, la AIN presentó un informe a la DGI, ya dirigida por Zaidensztat, y éste resolvió la separación del cargo de los jerarcas de la sección. "Hemos cambiado las jerarquías de esa unidad, porque entendemos que no puede ser la manera ineficiente en que estaba trabajando la oficina. Los cambios los hicimos rápido, para prever que el Estado no tenga mayores daños", explicó Zaidensztat a El País.

El jerarca también aseguró que "varios" grandes empresarios fueron enviados a prisión por evadir impuestos durante su gestión al frente de Impositiva.

OLVIDADO. Hace varios años que la DGI no remata bienes para ejecutar garantías contra deudores, una práctica que el actual director procura retomar.

En la actualidad, la DGI tiene "avanzadas" más de 20 gestiones para reunir la documentación necesaria, con la cual impulsará, por vía judicial, el remate de inmuebles "en el corto y mediano plazo".

A la sección Gestión Judicial de Cobro, la DGI le envió archivos metálicos, para que sus expedientes permanezcan seguros, lo cual evidencia las condiciones previas. "Los expedientes estaban sobre la mesa, lo cual se prestaba también para la persona que quería actuar en forma incorrecta", comentó Zaidensztat.

No obstante, "se habla de muchas cosas, de muchas limitaciones de recursos, pero la ineficiencia se dio por otros problemas que tuvo la oficina. Cuando se escribía con tinta china y pluma, la DGI también remataba y ejecutaba inmuebles. Nuestra preocupación es hacerlo. Hacerlo realmente, porque la última etapa para una empresa que no cumplió con su tributación, que fue inspeccionada, que no pagó el impuesto correspondiente ni los intereses y multas, y sobre la cual el Estado tomó una medida cautelar, es la ejecución del inmueble. Y hace muchos años que la Impositiva no logra rematar inmuebles. ¿Hace cuántos años los uruguayos no escuchamos que la DGI remata un inmueble?", preguntó el titular de Impositiva.

En tanto, el jerarca dijo que inició investigaciones administrativas por presuntas irregularidades en otras áreas, donde existen funcionarios que "no defienden legítimamente los derechos del Estado y la sociedad". También informó que envió al Senado el pedido de destitución de al menos un funcionario profesional universitario. "Es gente que asesora o participa en maniobras para causarle daño al Estado, a traves del no pago de impuestos. No es un simple asesoramiento contable; es un asesoramiento para no pagar lo que corresponde a la DGI", indicó.

A LA CARCEL. En otro orden, Zaidensztat, quien se excusó de brindar detalles en virtud del secreto tributario, aseguró que durante su gestión "varios" empresarios fueron procesados con prisión por evasión de impuestos.

"Son grandes empresas que han hecho estafas muy importantes contra el Estado, y el Estado no se ha resarcido de ese dinero, porque no se ha pago", indicó.

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