La Nación/GDA
El influencer uruguayo Yao Cabrera fue detenido en Córdoba por la Policía Federal Argentina, ya que tendrá que comenzar a purgar la condena a cuatro años de prisión que le impuso la Justicia al ser encontrado culpable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

La pena había sido dictada en abril de 2024 por el Tribunal Oral Federal de San Martín, aunque el influencer, con más de 25 millones de seguidores en redes, no fue detenido en ese momento porque la condena no estaba firme.

Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Cabrera y se ordenó su detención, que se concretó el jueves pasado en Córdoba.

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, el nombre real del youtuber, nacido el 18 de febrero de 1997 en Montevideo, se hizo famoso gracias a sus posteos en redes sociales, donde capitalizó una impactante cifra de seguidores: más de 25 millones, en su mayoría, chicos de entre 5 y 14 años que siguen desde hace tiempo sus andanzas, en las que hace bromas de mal gusto (incluidas simulaciones de muerte y de secuestros) y retos.

Durante los últimos años, acumuló varias causas en su contra por delitos tales como abuso sexual, corrupción de menores, parafilia y trata de personas; una de ellas la interpuso en octubre de 2020 el manager Jorge Zonzini ante el juez federal porteño Ariel Lijo. Otras las hicieron la exdiseñadora gráfica Giovanna De Mitole y los exeditores Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía, empleados de la organización VIRAL/WIFI, que era liderada por el influencer.

Según la sentencia, el delito por el que fue condenado Yao Cabrera ocurrió en un country de Escobar, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020.

“El acusado sometió a la víctima a su autoridad y voluntad, a precarias condiciones laborales, otorgándole insuficientes alimentos, los que en ocasiones estaban en mal estado; todo ello bajo la promesa de abonarle dinero en carácter de salario, un lugar para habitar y comida. Para lograr su finalidad se valió de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima”, según el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La víctima, según se desprende del fallo de la jueza Flores Vega, había sido contratada como editora de videos. En su alegato, el fiscal Codesido sostuvo que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad muy profundo y que había recibido la promesa de un salario, vivienda y comida. Para el representante del Ministerio Público, Yao Cabrera sometió a la víctima a precarias condiciones laborales y afirmó que las jornadas de trabajo eran extensas —más de 12 horas— y a veces un día entero sin descanso. En el fallo, la jueza, además, había ordenó un pago de 6.000.000 de pesos argentinos a la víctima como “reparación integral”.

El delito de reducción a servidumbre o condiciones análogas está previsto en el artículo 140 del Código Penal argentino que dice: "Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a 15 años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella".