CIFRAS DISPARADAS

A pesar de que el interés en sacar el permiso para tener armas disminuyó el último año, Uruguay es el octavo país más armado del mundo y registra más muertes por armas de fuego que Estado Unidos. En diciembre empieza a regir una norma para una tenencia más responsable.

La primera vez que el nombre del capitán retirado Fidel Martini Giovanetti, hoy fallecido, apareció en el radar de la Policía fue en 2014, cuando un arma incautada en un tiroteo entre vecinos del barrio Mendoza apareció como registrada a su nombre. La última fue hace un mes en un disturbio entre delincuentes y policías en Casavalle. La próxima, no se sabe.

En 2015 la Policía consideró que el caso estaba cerrado. El exmilitar Martini y su hijo de 42 años fueron procesados (padre sin prisión, hijo con) por alquilarles armas a delincuentes y el arsenal hallado en su almacén fue incautado. Había 41 armas en total. Después se supo: no todas las armas de alquiler estaban devueltas al momento del allanamiento, por lo que un Steyr AUG semiautomático (un rifle de guerra utilizado por el ejército americano) siguió su camino hasta acabar en la camioneta de unos narcotraficantes en Casavalle el mes pasado. Antes de esa hubo otras. En una boca, en una rapiña. Los dueños estaban presos, pero las armas seguían libres. Todavía quedan armas de ese arsenal por aparecer.

El mercado legal es, por lejos, la fuente que nutre en mayor medida al mercado negro, y no siempre en la modalidad "alquiler". Armas que fueron adquiridas legalmente por particulares, armerías o hasta policías y militares son robadas o traficadas. De hecho, cuatro de cada cinco armas encontradas en delitos en Uruguay iniciaron su vida en la legalidad. Por eso, no fue hasta la tercera vez que Martini figuró como dueño de un arma implicada en delitos que sonaron las alarmas.

Si se las cuida y hay municiones a la venta, las armas sobreviven a sus dueños. "Hay algunas centenarias. Se pasan de generación en generación. Nada es eterno pero las armas duran años y años", explica el instructor de tiro y directivo del Club Uruguayo de Tiro, Gabriel Durán.

Junto al Steyr AUG de Martini, en Casavalle se encontró también una carabina M1: un arma estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Todavía tiraba.

Es decir: cuando un arma entra al mercado, por la vía que sea, pueden pasar décadas hasta que salga. Y las salidas posibles son dos: el daño irreparable o su destrucción. La Policía tiene planificado destruir entre 5.000 y 6.000 armas en diciembre. La mitad de ellas no funcionan, pero muchas sí. En lugar de destruirlas podría apropiárselas, pero a veces hacerlo trae más complicaciones que soluciones. Si el arma necesita municiones o repuestos diferentes a los que suele importar el Estado uruguayo, resulta más costoso conservarla que destruirla.

En escenas de crimen es usual encontrar pistolas Glock, las más usadas por la Policía. "A los oficiales también los asaltan", dice Durán. Pero ha habido casos de uniformados que han vendido sus armas y las han denunciado como robadas. Cuando Martini fue detenido, dijo que cualquier militar retirado tendría un arsenal de las dimensiones del suyo. Y también dijo que en esos arsenales seguro faltarían armas, dejando entrever que el delito por el que lo detenían era habitual.

El Poder Judicial le hace al Registro Nacional de Armas del Ejército (RNA) unos 10 pedidos de informes sobre armas por día, estima el coronel Daniel Farías, jefe del RNA. Sin embargo, en lo que va del año ya han recibido 4.900, "un notorio incremento", según Farías. El coronel calcula que el 95% de estos informes son por la participación de armas de fuego en un crimen, así que hay alrededor de 10 crímenes denunciados con armas por día en Uruguay. Según informó Telenoche, el 84% de los homicidios del primer semestre de este año fueron cometidos con armas de fuego.

En 10 años (2006-2016), los pedidos de informe por armas de fuego casi que se cuadruplicaron.

Si uno googlea "Las Vegas shooting", Wikipedia da la opción de abrir tres artículos distintos que refieren a tres tiroteos masivos en los últimos años en esa ciudad americana. Así de frecuentes son estos eventos que parecen extraídos de películas de terror en el país de Trump. Sin embargo, según publicó este año la revista estadounidense Wired, hay más chances de morir por arma de fuego en Uruguay que en Estados Unidos.

Estadísticamente, los 59 muertos de la masacre de Las Vegas tenían menos probabilidades de acabar así que los vecinos de Parque Batlle, donde el 5 de octubre un hombre se atrincheró en su casa tras pasearse con dos pistolas por su cuadra y ser denunciado por una vecina.

El país fanático de la Segunda Enmienda y protagonista reacio de tiroteos espectaculares está en el puesto número 12 del ranking mundial de "probabilidad de morir por un arma de fuego", con 10,5 muertes cada 100.000 habitantes. Uruguay, donde el tema de la tenencia de armas es muy poco discutido y donde hay menos armas en circulación, está en el sexto puesto de este mismo ranking con 13,9 de este tipo de muertes cada 100.000 habitantes.

Lo curioso es que, según un estudio realizado por la organización suiza Small Arms Survey en 2011 (con datos de 2007), en Estados Unidos hay 89 armas cada 100 habitantes y en Uruguay, 32. La cifra incluye tenedores de armas legales y los ilegales estimados. Según Farías, del RNA, ese número es "marketing" porque lo más preciso es ceñirse a los civiles registrados, que son 322.551. Por eso, a su juicio lo correcto es hablar de un uruguayo cada 10.

En el estudio de Small Arms Survey, Uruguay ocupa el octavo puesto en el podio mundial sobre tenencia de armas. Le anteceden Iraq, Finlandia, Arabia Saudita, Chipre, Yemen, Servia y, en primer lugar, Estados Unidos.

El último dato local disponible, correspondiente a 2017, revela que en nuestro país hay 603.430 armas registradas. Y además, se estima que por cada arma legal hay otra no registrada, por lo que habría otro tanto en el mercado negro, resultando en un total de 1.200.000 armas en un país de tres millones y medio de habitantes. En Estados Unidos se calcula que hay más de 300 millones de armas repartidas en una población de poco más de 323 millones. Aunque haya menos, al parecer en Uruguay las armas matan más que en Estados Unidos.

Sin embargo, según la tesis del politólogo uruguayo Diego Sanjurjo, que trabaja en la Universidad de Dauphin, París, Uruguay es el país de toda Latinoamérica y el Caribe en donde un arma tiene menos chances de ser "letal". Eso no quita que frente a países desarrollados, Uruguay no tenga una tasa altísima de homicidios por armas de fuego. "Creo que cuanto menos armas haya y más férreo sea el control, mejor", afirma Sanjurjo, que se ha especializado en tráfico de armas y ha desarrollado varias investigaciones al respecto.

En Estados Unidos, con cada tiroteo la polémica sobre la tenencia de armas se recrudece y polariza a republicanos y demócratas. Es tal vez una de las líneas más divisorias en la opinión pública y una en la que todo político que se precie de tal adopta una postura. En Uruguay no.

Como excepción, la senadora y exministra del Interior Daisy Tourné sí se ha involucrado en la cuestión. Tourné es de la idea que desarmar a la población brinda mayor seguridad, y fue una de las gestoras de la ley 19.237, que se aprobó en 2014 y regula la tenencia, el porte y la comercialización de armas de fuego.

Tanto la senadora como el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), una organización de la sociedad civil que aboga por el desarme civil, han advertido sobre el enorme riesgo de accidentes que implica llevar un arma al hogar, aun cuando permanezca en "buenas manos". Como sucedió en 2011, cuando un hombre escuchó ruidos en su casa en Carrasco y disparó en la oscuridad, pero quien se movía no era un ladrón, sino su hija.

Las armas son como los autos, explica Farías. No existe, o no debería existir, un arma sin titular. "El problema es la falta de consciencia que siempre hubo", opina. "Él le compró el arma a un amigo, que se la vendió a otro, al que se la robaron, y el titular es el primero que la compró", ejemplifica.

Antes la ley no era tan rigurosa. Hasta el decreto 377, que en 2016 reglamentó la ley de 2014, el permiso para tener armas era como la libreta de conducir: servía para cualquier arma. Ahora no solo las armas deben tener sus papeles de propiedad, sino que su tenedor debe tener el Thata (Título de habilitación para adquisición y tenencia de armas) asociado al arma que piensa adquirir.

El hombre que se atrincheró en Parque Batlle con dos pistolas calibre 7.65mm y que todavía está bajo tratamiento psiquiátrico en el Vilardebó, no tenía el Thata con armas a su nombre, así que aun sin haber disparado un solo tiro cometió un delito.

Cuando el hijo de Martini compraba armas con la firma de su padre no necesitaba un permiso para cada una. El habilitado podía adquirir cuantas quisiera. Tampoco había una restricción para militares retirados. Hoy, el decreto 377 obliga a que después de cuatro años de retiro, militares y policías tengan que sacar el Thata como cualquier civil.

El título de habilitación también es necesario para la compra de municiones. "Si usted tiene el Thata para una 9mm no puede pedir municiones de un rifle calibre 22mm", explica Farías. Es que las municiones son el otro pilar imprescindible del mercado negro. Las armas obtenidas ilegalmente solo podrán ser utilizadas mientras el flujo de municiones (también ilegales) persista. Por falsificar papeles e irregularidades, en el último tiempo han cerrado algunas armerías —al menos dos en Artigas, una en el Chuy y una en Montevideo.

La ley anterior a la de 2016 es de 1943, por lo que "era un poco laxa", dice Farías. Y hay muchas armas que entraron al país "en la época de los inmigrantes" y nunca fueron regularizadas. Armas que fueron heredándose y de las que se perdió el rastro legal. Para estos casos y otros, hasta el 5 de diciembre de este año hay tiempo de remediar la situación. Todas las armas no regularizadas podrán pasar a serlo si se las lleva al Ministerio del Interior a registrarlas. Durán, del Club Uruguayo de Tiro, cuenta que hay gente que va a sacar el Thata solo para no tener que deshacerse de las armas que ya tiene, aunque estén juntando óxido en el fondo de un baúl.

Actualmente, para portar un arma se pide, además del Thata, una prueba balística del arma para dejar registro de "cómo son" sus disparos. Es una forma de "tomarle la huella", para ingresar a una base de datos que permitirá cotejar con los disparos que eventualmente pudieran aparecer en una escena del crimen.

Hasta el 5 de diciembre —fecha establecida en el decreto—, se aplicará una especie de amnistía y bastará con presentar una declaración jurada respecto al origen del arma. Después de ese día, dice Farías, cada vez que se detecte un arma no regularizada se realizará la "trazabilidad" y su usuario deberá aportar "pruebas" que demuestren que fue adquirida legalmente.

"El problema no son las armas, son los delincuentes armados", opina Durán. "Debería legislarse contra los delincuentes y no complicarle la tramitación a la gente honesta".

Martín Fernández, abogado y miembro de Ielsur, cree que no es cuestión de prohibir, sino de desestimular. "Cuando alguien se siente inseguro y decide comprarse un arma no tiene ninguna contención, ninguna voz que diga ¿estás seguro?", sostiene. "Muchas veces, la sensación es que se quiere desarmar a los buenos para armar a los malos", dice, "pero en verdad un mayor arme de la población civil favorece al mercado gris (las que eran legales y pasaron a la ilegalidad) y negro". Entonces, aunque las armas sean obtenidas con todas las de la ley y utilizadas con responsabilidad, es posible y probable que tarde o temprano acaben en manos de delincuentes.

La próxima vez que la Policía se tope con el nombre del fallecido Fidel Martini Giovanetti, será porque otra pieza de su arsenal se vio implicada en un delito. ¿Cuántas armas, como las de Martini, están registradas pero desaparecieron del radar? Aunque hay 363 denunciadas, Farías afirma que son muchísimas más y que hay "falta de consciencia" para denunciar.

Las armas tienen sus grandes defensores y detractores en Uruguay y en el mundo. Para algunos la tenencia seguirá siendo la única garante de la seguridad. Para otros, una auténtica ruleta rusa.

En Estados Unidos es una escena repetida: después de un tiroteo masivo saltan acaloradas discusiones sobre la legislación de las armas. Casi siempre, quienes cometen estas atrocidades consiguieron sus armas de manera legal. En ese país, la Segunda Enmienda protege el derecho de la población civil a armarse basada en la promoción de la legítima defensa. Por lo que, aunque la legislación varía de estado a estado, un civil puede comprar un arma en Estados Unidos con relativa facilidad. En Uruguay, por otro lado, el debate sobre la tenencia de armas es escaso, y tiene otro eje. Para un delincuente hacerse de un arma por la vía legal no es tan sencillo, por eso el mercado negro se nutre principalmente de armas legales hurtadas, alquiladas o compradas ilícitamente. Quienes alzan su voz en el país abogan por el desarme, no por controles más rigurosos.

Comprar, heredar o regularizar un arma —aunque sea para guardarla en una caja fuerte en el sótano o colgarla en una vitrina—, requiere del título de habilitación de adquisición y tenencia de armas (Thata). El Thata no es como la libreta de conducir: no habilita a tener armas en general, sino que tiene que estar asociado a un arma en particular. Hay que tener tantos Thata como armas se posea.

La ley que regula la tenencia responsable, el porte y la comercialización de armas de fuego es la 19.247, que se sancionó en 2014. En diciembre de 2016 se aprobó el decreto 377, que le ajustó las tuercas a la relativa facilidad para obtener el Thata, lo que puede ser uno de los motivos de la vertiginosa baja en la emisión de permisos que se calcula habrá este año: un 44% con respecto al 2016.

Para obtener el Thata hay que estar habilitado por un psicólogo, que decide en pocas sesiones la aptitud del solicitante. También se necesita una constancia médica que certifique que la persona está en condiciones físicas de tirar (por ejemplo, a alguien con Parkinson el médico debería negarle la constancia). Se necesita el certificado de buena conducta (personas con antecedentes no pueden tener armas), constancia de domicilio y también una de trabajo, o un justificativo de ingresos.

Para obtener este certificado se debe hacer un curso obligatorio de ocho horas en un centro habilitado —el de manejo exige 25 clases. Antes bastaba solo con el curso y no importaba cómo se hubiera desempeñado el solicitante, pero desde diciembre de 2016, con el decreto 377, hay que pasar un test teórico eliminatorio, y solo si se salva se realiza el práctico —igual que para conducir. Hay que contestar correctamente seis preguntas de 10, que surgen de un material de 15 carillas provisto por el Ministerio del Interior y que aborda temas legales, de seguridad, e ítems como "la decisión de tirar". Una vez aprobado este cuestionario, el aspirante debe disparar 10 balas a 10 metros.

En el Club Uruguayo de Tiro (uno de los tres que existen en Montevideo) el curso completo cuesta $ 4.000, y el Thata se cobra, según la página de trámites del gobierno, 19,40 unidades indexadas ($ 71.49 al día de hoy). Tiene una validez de cinco años.

Gabriel Durán, directivo del Club Uruguayo de Tiro, estima que a su club llegan unas 10 o 12 personas por mes con intenciones de obtener el Thata. Los motivos varían: para cazar, para practicar tiro deportivo, para poder regularizar armas que ya se tenían y por querer adquirir un arma por seguridad.

Cada arma de fuego tiene, además, su título de propiedad o GPA (guía de propiedad de armas).

Si uno heredó o compró un arma, pero "perdió contacto" (no necesariamente tiene que haber sido robada o extraviada), también se debe hacer un trámite para dejar constancia de esto en el Registro Nacional de Armas. Quien lo desee puede solicitar allí su "estado de situación": pedir el listado de todas las armas a las que está legalmente vinculado.