Por Sebastián Cabrera
Es viernes sobre el mediodía y la sala de sesiones de la Junta Departamental de Montevideo luce llena. Solo una banca de las 31 que hay dentro del cilindro vidriado está vacía. Afuera hay cámaras de televisión y periodistas que esperan con cara de cierto tedio. Hoy es una de esas sesiones importantes, que para decir la verdad son las menos en este lugar, al menos en lo que a trascendencia mediática se refiere. La oposición convocó a Carolina Cosse para que explique el aumento en la contribución inmobiliaria para algunos inmuebles, pero la intendenta envió en su lugar a varios representantes, como la secretaria general Olga Otegui y el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino.

Afuera es un hermoso día de otoño y el sol entra por la enorme claraboya del edificio. Habla el edil blanco Javier Barrios Bove y ataca a la intendencia, mientras un taquígrafo toma notas a mano y un ujier entra a la sala con una bandeja y dos tazas con té. La jornada será larga. Unas 13 o 14 personas siguen la sesión desde las barras, algunas de ellas colgaron un llamativo afiche que dice “Vecinos de Carrasco: no a la suba excesiva de la contribución inmobiliaria, saneamiento y pluviales para todos, las plazas no se venden”. Los ediles votan un cuarto intermedio de 10 minutos y una vecina se levanta y grita que “se han sumado más barrios” a los reclamos, que “no son solo de Carrasco”. Algunos ediles, los menos, levantan su cabeza y parecen escucharla. Ella anuncia: “Nos parece bien que los que tienen más, paguen más, y que los que tienen menos peguen menos, pero que sea en serio”. Una de las mujeres que la acompaña aplaude en forma tímida, los ediles vuelven a los suyo y ella se sienta, como satisfecha por el pequeño momento de ira.

Los 30 ediles presentes un viernes 31 de marzo al mediodía —pleno horario laboral— son los únicos en todo el edificio de la junta que en teoría no cobran un sueldo por estar allí. Eso porque el artículo 295 de la Constitución dice que “los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”. El sistema, se supone, los obliga a trabajar sin cobrar un sueldo pero, claro, de algo hay que vivir.

Algunos de los 589 ediles titulares de todo el país hacen malabares para trabajar en otros lugares y al mismo tiempo atender la tarea departamental (en Montevideo son dos comisiones y una sesión de la junta a la semana), otros están en pase en comisión, son jubilados o funcionarios públicos (una ley los habilita a no tener que ir a trabajar en el horario de la junta) o son rentados por el propio partido, sobre todo en el caso del Frente Amplio en Montevideo. Pero en la mayoría de los departamentos —aunque no en todos— los ediles cobran curiosas partidas “para solventar gastos” que varían entre 16.000 y 63.000 pesos al mes según un relevamiento realizado por El País, y que pueden terminar siendo algo así como sueldos encubiertos, o al menos un buen complemento salarial. Son casos al borde de la ley y las observaciones del Tribunal de Cuentas están a la orden del día. En Montevideo, Canelones, Durazno y Salto, como explicaremos más adelante, las partidas son para pago de secretarios y asesores, pero —cuentan a El País fuentes departamentales— en algunos casos sucede que los representantes se quedan con parte del dinero. Según la junta, esas partidas para secretarios varían entre 41.000 y 160.000 pesos.

Casi todos los ediles consultados para este informe, en voz alta o fuera de grabador, reclaman que deberían cobrar por lo que hacen. Y suena lógico, porque muchos dedican un montón de horas a su tarea. Pero la propuesta ya fue plebiscitada en la llamada “mini reforma” de 1994 y la población la rechazó por amplio margen: solo el 28,5% votó a favor de un sueldo para los ediles, entre otros cambios que se promovían. Y eso que todos los partidos políticos apoyaban los planteos.

“La mini reforma no salió fundamentalmente por este tema de los ediles, el lío estaba ahí”, recuerda el constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien fue director de la Oficina Nacional del Servicio Civil en los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000). “La gente del interior, sobre todo los estancieros, preguntaban por qué iban a tener que bancar a los ediles y tenían miedo de que les aumentaran los impuestos”.

Los cargos son honorarios desde 1830, cuando los ediles no se llamaban ediles y en realidad existían juntas económico–administrativas compuestas de vecinos.

Los ediles saben que una reforma que les permita cobrar un sueldo, algo que consideran justo (ver recuadro más abajo), es inviable y ni se atreven a volver a plantearlo. Por eso, van por el camino del medio. Ahora el Congreso Nacional de Ediles estudia un proyecto del veterano representante frenteamplista Juan Ripoll, presidente de la junta de Canelones y edil hace más de tres décadas, para que se promueva una ley interpretativa del artículo 295 de la Constitución y se establezca un criterio común: que en todas las juntas existan partidas “como reintegros” que financien los gastos que tienen los ediles para que el cargo no sea “oneroso”, es decir que no sea una carga financiera para el político. “Si no, solo los patricios pueden hacer política”, dice Ripoll a El País. “Debe ser despejada cualquier duda, cualquier suspicacia, y quedar negro sobre blanco que el artículo 295 no implica que el edil debe pagar”.

La propuesta apunta a que el Parlamento interprete qué significa honorario. El edil pregunta: “¿Eso qué implica? ¿Que es un honor, es honorífico o que es oneroso? No debe ser interpretado como oneroso en ningún aspecto. Se gasta en celular, combustible, asesoramiento y eso no debe ser pago por el edil, sino que tiene que ser reintegrado por el Estado”.

El edil explica que antes eran honorarios, y hasta tenían que tener una renta mínima, no solo los ediles sino también los cargos de senadores y diputados, pero en la Constitución de 1918 cambió la situación de estos últimos y no para los representantes departamentales. “Quedaron colgados los ediles y ahora los concejales”, indica Ripoll.

El planteo fue presentado ante el congreso a fines del año pasado con el aval de la bancada de ediles frenteamplistas. Ahora el tema está siendo estudiado por los demás partidos, y se conversa el asunto con senadores y diputados.

Foto: Estefanía Leal.

Ripoll espera que la idea tenga éxito porque “es de justicia” y el asunto será analizado en una de las próximas sesiones de la mesa permanente del congreso de ediles, que sesiona una vez por mes, “para despejar cualquier humo electoral”.

Su colega blanca Silvana Goñi, de Florida, apoya una ley interpretativa que “permita blanquear” los ingresos de los ediles, mientras que el frenteamplista de Lavalleja Mauro Álvarez dice que debería ser parejo para todos los gobiernos departamentales y llama a un “diálogo interpartidario” para cambiar la situación a futuro. “Nadie habla de enriquecerse, pero sí tener recursos. El que quiera hacer plata que se dedique a la vida empresarial”, opina.

El nacionalista Maximiliano Abraham, un funcionario del Banco República y docente de química en Secundaria que además es edil en Cerro Largo y preside el congreso de ediles, está convencido que deberían recibir un ingreso por la función pero ve difícil que haya ambiente para aprobar esta iniciativa de Ripoll ahora.

Además, dice que, mientras no se reforme la Constitución, está en contra “de esas partidas que se comenta” que hay en muchas juntas porque al asumir se sabe que son cargos honorarios. Igual aclara: “No quiero ofender a ningún compañero de otra parte del país”. La suya, la de Cerro Largo, es una de las cinco juntas que no tiene partidas especiales, junto a Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Paysandú, según el relevamiento realizado por El País.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Veamos qué ingresos y beneficios tienen los ediles departamento a departamento. Hay muchas diferencias y algunas pocas similitudes, como la patente del auto del edil exonerada (toda o parcialmente), en algunos casos contribución inmobiliaria, en casi todos teléfono, a veces nafta y diarios. Todos sin excepción cobran viáticos para viajes a otros departamentos por congresos de ediles o actividades similares, y en algunos casos —como Maldonado— también para viajes al extranjero.

Los ediles cobran una partida de hasta 161.140 pesos que en rigor es para pago de secretarios y asesores, según confirma el presidente de la junta, el frenteamplista Nicolás Lasa. Con ese dinero se pueden contratar hasta cinco personas, aunque también pueden ser menos. ¿Esto se presta para sueldos encubiertos para los ediles? “La junta liquida contra las contrataciones de personas, por lo que para recibir el dinero tenés que demostrar que es para las personas a cargo”, dice Lasa, quien asegura que no conoce casos de ediles que se queden con parte del dinero.

No dice lo mismo un edil que pide no ser identificado. Cuenta que hay casos en los que, “como un escape”, algún asesor solo figura en los papeles y su remuneración se la queda el edil. “Es una jugarreta. Debe coincidir lo que pagás con lo que te da la junta y vos rendís. Pero si tenés un personaje de figurón, es un asunto de cada persona”, explica, “la formalidad está cubierta, es un acuerdo privado entre personas”. Se trata a su juicio de “artilugios” que no son adecuados, “por eso habría que blanquear estos pagos”. Algo similar relata un exedil (“teníamos cinco secretarios, ellos firmaban pero hablábamos con algunos de ellos para cubrir gastos con parte de esa plata para secretaría; cada uno arreglaba distinto”) y lo mismo cuentan representantes de otros departamentos sobre lo que sucede en Montevideo. Otro edil dice, enigmático: “El sistema es perverso. Yo no lo hago. Si hay ediles que hacen chanchullos por atrás, no te lo puedo decir y prefiero no conocerlo”.

Foto: Archivo El País

Más allá de esta partida, los ediles montevideanos gozan de exoneración de patente y de contribución inmobiliaria para los que son propietarios, el pago de hasta 250 litros de combustible al mes mediante el Sistema de Control Vehicular (Sisconve), teléfono y usuario web para entrar a los diarios.

En el Frente Amplio, además, es muy común que los ediles sean rentados por su grupo para poder dedicarse a tiempo completo. Como Lasa, quien es psicólogo pero en este momento no ejerce su profesión por falta de tiempo. “Soy funcionario del Partido Socialista desde antes de ser electo edil”, indica el dirigente, quien fue secretario nacional de Organización y ahora es el responsable de la Secretaría de Gobiernos en Montevideo del partido.

El edil colorado Matías Barreto es abogado y funcionario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde trabaja como secretario privado de una consejera, y cobra el sueldo en ese organismo, pero parte de su jornada laboral la realiza en la junta. “Voy acomodando los horarios”, cuenta. ¿Y por qué complicarse la vida con una doble tarea? “Porque siendo edil soy parte de las decisiones del departamento y votamos todo el tiempo cosas que le modifican la vida a la gente, eso está buenísimo”, dice Barreto. “Como proyección política es una oportunidad”, agrega. Sus palabras representan el sentir de muchos de sus colegas.

Como en Montevideo, en Canelones los ediles cobran una partida que en teoría es para gastos de secretaría y asesores: ronda los 100.000 pesos. Hay que presentar una factura de la persona que brinda el servicio. ¿Puede pasar que un edil presente una factura de otra persona y se quede con parte o todo el dinero? “Eso podría pasar”, admite Ripoll, el presidente de la junta. “Pero es difícil de comprobar”, agrega después.

En su caso, ahora es jubilado pero antes era funcionario público y el Frente Amplio lo pasaba “en comisión” a la junta. “Hay ediles que tienen empresas o trabajan en la actividad privada o pública y deben ajustar sus días y horarios a los de la junta”, dice el edil.

Además de la partida, en Canelones hay reintegro de combustible por hasta 505 litros de nafta (también se aceptan recibos de taxi) para los ediles que no viven en la capital, entre otros beneficios.

Repasemos otros casos. En Artigas cobran unos 30.000 pesos en compensaciones, salvo un edil frenteamplista que pide no ser identificado, que cobra cerca de la mitad. “No me gusta decir que soy el puro pero por principios cobro una partida vieja porque hace más de cinco años hubo un aumento abusivo”, dice el curul, que piensa que “no se debería cobrar absolutamente nada” y, si se cobra, se debería rendir cuentas de lo que se gasta.

Desde Cerro Largo, Abraham dice orgulloso que la suya es “una de las pocas juntas del país sin observaciones” del Tribunal de Cuentas. “Muchas tienen pero siguen funcionando”, explica. Los ediles del departamento no cobran partida como la mayoría de sus colegas, aunque sí tienen exoneración de contribución inmobiliaria y de patente, hasta 8.000 pesos al mes de nafta si se presenta una declaración jurada justificando a dónde asististe como edil y con las boletas de ese día.

En Colonia cobran una partida de 49.503 pesos “para solventar gastos generados por el ejercicio del cargo” y hay que concurrir al 100% de las sesiones. Hay descuentos por cada sesión a la que no se asiste. A la vez, cobran 3.959 pesos cada asistencia a una comisión permanente, especial o investigadora.

En Durazno son unos 72.000 pesos, entre otros beneficios. Según relata el periodista Fredy Rusch de radio Durazno, “en el 99% de los casos lo cobran los ediles y no se usan para pagar a los secretarios”. El sistema en el departamento fue “clonado” de Montevideo, indica el periodista duraznense.

En Florida son unos 26.000 pesos por reintegro de gastos si se asiste a una sesión del plenario y una comisión al mes, y es opcional presentar boletas y comprobantes. La edila nacionalista Silvana Goñi dice que desde 2013 presenta rendiciones de cuentas cada mes, “debo ser la única”.

La partida de Río Negro, mientras, es de las más altas: unos 55.000 pesos. “Es para compensar los gastos que se supone los ediles tienen en su función, pero no es un sueldo ni mucho menos”, dice el edil blanco Esteban Palmina, presidente de la junta, quien por decisión propia no apela al beneficio de la exoneración de la patente. Palmina es empresario: hacía eventos como bodas y fiestas de 15 pero la pandemia lo arruinó y ahora se reconvirtió, tiene una empresa distribuidora de diferentes marcas.

En Rivera la partida es de 56.381 pesos por banca, de lo cual el 53% va para el titular (29.800 pesos) y un 47% se divide entre los suplentes. En todos los casos deben haber asistido al 50% más uno de las sesiones del plenario y comisiones. Esta partida, dice el presidente de la junta Larry Martínez, es para “compensar la dedicación” a la tarea. “Cada junta es un mundo aparte, pero vas a ver que en muchos casos es todo un ‘engaña pichanga’ porque los ediles precisan un ingreso”, dice Martínez, quien es dueño de una cancha de fútbol 5.

La partida de la junta rochense es de unos 26.000 pesos, de los cuales casi 7.000 van para el suplente. “Te dan el dinero y tú levantas lo que precisas usar. Si te sobra y querés devolver, devuelves. Si te falta, perdiste”, dice el edil frenteamplista Ángel Silva, quien no sabe si hay ediles que devuelven algo de dinero. Él tiene un taller mecánico, al cual le quita horas por el trabajo en la junta. “Sirve lo que nos pagan, pero no es un monto fuera de lugar“, indica.

En Salto la partida es de 41.000 pesos pero se supone que es para secretaría. Hay muchos beneficios para los ediles, entre ellos el derecho al uso de un bungalow en Termas del Arapey. En tanto, la partida en la junta de San José es de unos 46.000 pesos y solo no la cobra el edil colorado Alfredo Lago, por decisión propia. Su colega blanco Mario Guerra, quien vive cerca de Rafael Perazza, dice que el departamento “es muy grande” y que “los números no dan”, por todo lo que gasta en combustible y arreglos en su camioneta. “Mire que no tenemos patente, mutualista, BPS ni peaje gratis”, lamenta.

En Soriano son 40 unidades reajustables (63.160 pesos al valor actual) como único beneficio y el edil frenteamplista Diego Guevara dice que “nadie va a meter horas y hacer un buen trabajo, honorariamente”. En Tacuarembó cobran 16.900 pesos más 4.000 por telefonía móvil, el valor más bajo del país. “El otro día se reían de mí” por el monto, admite la presidenta de la junta Alicia Chiappara (Partido Nacional), sobre las reuniones que tiene con colegas de otros departamentos.

En todo el país los ediles son conscientes de que es un tema muy sensible. “Hacé la prueba, ¿alguien va a ser diputado o ministro gratis?”, ironiza la edila floridense Goñi, “yo lo hago por vocación, pero si viene algo (de dinero) mejor”. Y un edil montevideano que pide no ser identificado suplica, un poco en broma y un poco en serio: “No nos mates mucho”. (Producción: Hugo Lemos)

HABLAN LOS EDILES

"Nuestro trabajo debería ser remunerado"

En su tradicional mensaje, el movimiento Un Solo Uruguay dedicó fuertes críticas al sistema político el 23 de enero pasado. “El Estado y el sistema político uruguayo desde hace tiempo no actúan por amor. Dicen que las carreras políticas comienzan con los cargos honorarios de los ediles, ya no existe lo de honorario y lo que allí se inicia es la violación a la Constitución y las normas”, decía la proclama.

¿Y qué opinan los ediles respecto a su sueldo? El nacionalista Maximiliano Abraham, edil en Cerro Largo y presidente del Congreso Nacional de Ediles, dice a El País que “debería evaluarse que sea un trabajo remunerado” porque la función lleva mucho tiempo, no solo el día a la semana en el que hay sesión.

El edil frenteamplista Nicolás Lasa, presidente de la junta de Montevideo, coincide y sostiene que “las responsabilidades políticas de alta demanda deberían ser remuneradas siempre”. Agrega: “Hay una dimensión conceptual que va muchísimo más allá de lo económico. El legislativo debe, entre otras cosas, controlar. ¿Cómo hacés para efectivizar esa tarea constitucional partiendo de condiciones tan desiguales con el ejecutivo?”.

Foto: Dawin Borrelli.

El frenteamplista Martín Nessi dice que hay que estudiar “en forma seria” una reforma constitucional, mientras que su correligionario Oscar Curutchet, quien fue edil de 2005 a 2015 por Montevideo, opina que lo primero debería ser que existan menos ediles, tomando en cuenta la población de cada departamento y la extensión del territorio. “La tarea vale la pena fundamentalmente para quien no es gobierno”, dice y alerta que con reclamos “se corre el peligro de cuestionar la democracia”. Y el diputado nacionalista Álvaro Viviano, quien fue edil 10 años, opina que “no es lo mismo la junta de un departamento chico que la de Montevideo, que gestiona presupuesto y controla a una administración que ejecuta 700 millones de dólares al año”.

Viviano cree que este es “un debate pendiente que nadie se anima a plantear por los costos políticos”. Y debe tener razón.