LA DISCUSIÓN QUE SE VIENE

La discusión política sobre el anteproyecto de la reforma previsional propuesta por el gobierno empieza, tímidamente, a hacerse lugar. El presidente Luis Lacalle Pou dio plazo: los partidos de la coalición tienen hasta el 31 de agosto para hacer aportes al documento elaborado en base al informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), aunque señaló que esa fecha límite es “elástica”. Al mismo tiempo, académicos advierten que la implementación no puede demorarse si se quiere cumplir con los objetivos. Y en medio de esta prematura discusión hay una medida que, como era de esperarse, despertó rechazo en algunos ámbitos: la de subir la edad de jubilación mínima de 60 a a 65 años.

Además de la edad, algunos de los principales cambios que se plantean son la convergencia de todos los regímenes de jubilación. Es decir, se integrarán a un sistema común, de forma gradual, las cajas que hoy están “separadas” del Banco de Previsión Social (BPS): la militar, la policial, la de profesionales y la bancaria. También se propone habilitar a los jubilados a que puedan trabajar y seguir aportando en caja, y por último, algo que no es un cambio pero sí una decisión: se mantiene el régimen mixto. Seguirán conviviendo el BPS y las AFAP como lo hacen hasta ahora.

Pero volvamos al centro del anteproyecto: la edad.

En principio, la reforma comprende a quienes nacieron a partir de 1967. Según el anteproyecto, la suba de la edad mínima será gradual; en 2035 se jubilará la primera persona a la que se exija esa edad mínima para retirarse. Esta medida no corre para los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales, a quienes se les mantiene los 60 años como edad mínima. Además, se establece una prestación universal para los mayores de 70 años que no puedan justificar la jubilación por falta de historia laboral, años de trabajo y aportes.

Ahora, ¿por qué los expertos consideran que ese camino es el mejor? ¿Por qué el presidente, a dos años de las elecciones, decide romper una promesa de campaña (la de no tocar la edad de retiro)?

En primer lugar, las causas. Lo que esta reforma pretende atacar es el déficit actual y las tendencias de gasto proyectadas. Al día de hoy, Uruguay tiene un gasto del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sistema de seguridad social. Según las proyecciones de los expertos, de seguir con el sistema actual, el gasto va a seguir creciendo; incluso se calcula que supere el 12% del PIB en 2069. “El gasto en proporción al PIB es muy alto en la comparación internacional. Aún corrigiéndolo, tenemos niveles de gasto comparable a los de países bastante más envejecidos que nosotros”, dice Álvaro Forteza, experto en seguridad social y representante del Partido Independiente en la CESS.

De seguir así, sin corregir el déficit, ¿qué pasaría?

Dice Forteza que “todas las proyecciones” del equipo indican un crecimiento, y eso “va a tener consecuencias desde el punto de vista macroeconómico, va a ser difícil de sostener y va a tener consecuencias sociales directas”. En ese sentido, expresa: “Lo que se gasta aquí no se puede gastar en otra cosa. Es un tema, también, de fijar prioridades. Por ejemplo: hoy en día tenemos un problema mucho más serio de pobreza en la primera infancia que en la tercera edad”.

Si se posterga la reforma, dice, la deuda se va a transformar en una bola de nieve para las generaciones futuras.

Aún así, según lo proyectado por la CESS, no se “empata” ni mucho menos se gana —no suele ser ni siquiera un objetivo que un Estado se agrande a través de la seguridad social—, pero sí se mantendría el déficit en el orden del 9% de acá a 2069. No bajaría el déficit, pero se detendría el crecimiento sostenido.

Pero esas gráficas, porcentajes y proyecciones no son la mayor preocupación de un trabajador al que le dicen que probablemente tenga que trabajar más para jubilarse. Entonces, cabe preguntarse: ¿es posible implementar una reforma sin tocar la edad? ¿Se tuvieron en cuenta otros parámetros?

—Hay otros parámetros —dice a El País Rodolfo Saldain, presidente de la CESS— pero no son muchos. Esto tiene una ecuación de equilibrio: está la relación demográfica, que son los activos y pasivos. Los activos no se pueden subir por decreto; el número de pasivos tú los podés manejar… Podés bajar los pasivos. Y lo otro, es la relación económica de la ecuación, que es cuánto le pagas a la gente. El combo te lleva al tema edades. Y en los últimos 20 años ha habido 60 países que han hecho cambios de edad.

Una entrevista a fondo con Saldain, algo así como el padre de esta reforma, se publicará mañana domingo en El País.

Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), dice sobre el anteproyecto: “El objetivo claro es posponer la edad de retiro. La gente cada vez vive más, entonces lo deseable para las finanzas públicas es que las personas se retiren, en promedio, un poco más tarde. ¿Es la única forma levantar el mínimo? No necesariamente”.

Zunino dice que hay países que han intentado mover la edad a través de estímulos. De hecho, en el anteproyecto hay estímulos vía tasas de adquisición para tratar de postergar el retiro de forma voluntaria, puntualiza el economista. “Esto es: que las tasas de adquisición o que las tasas de reemplazo vayan mejorando de forma significativa en la medida que uno posterga la edad”, explica Zunino. En otras palabras: tener la opción de elegir trabajar más años para recibir una mejor jubilación. “Eso haría que la gente tendiera a decidir, voluntariamente, posponer el retiro si entiende que la compensación es suficiente”, agrega el experto.

Si bien hay países que optan por esa estructura de incentivos, Zunino dice que “es cierto que el aumento de la edad mínima es una medida súper frecuente a nivel internacional”.

La edad mínima de jubilación de hombres se fijó hace casi un siglo, en 1925. En todos estos años la esperanza de vida aumentó significativamente, y ese, junto a la caída de la tasa de fecundidad, es otro de los argumentos que hacen a esta medida. En pocas palabras, en Uruguay vivimos cada vez más y somos cada vez menos.

Según cálculos realizados por el equipo de secretaría técnica de la CESS, el único grupo que crece tanto en número como en porcentaje en relación a lo demás grupos, es el de mayor edad. Se estima que en 2070 el número de personas de 65 y más será un 139% mayor que en 1995. “Con la actual dinámica demográfica, representarán aproximadamente el 29% de la población total, el doble que hoy”, dice un informe de diagnóstico de la comisión acerca de esa franja de edad. En cuanto a la esperanza de vida, en el quinquenio 1995-2000 la sobrevida esperada a los 60 años era de 20 años, “y se estima que para el quinquenio 2065-2070 será del orden de los 27 años”, dice el texto.

Forteza plantea lo siguiente: “Si no se quiere gastar tanto, y no se puede con los mismos aportes pagar la misma jubilación por un tiempo mucho más largo —porque simplemente la gente vive más—, lo que se puede hacer es bajar la jubilación, es decir, la tasa de reemplazo”. Ese porcentaje (que representa la proporción de la jubilación respecto al salario), “es una cosa que, en general, la gente tampoco quiere porque implica menores niveles de protección”, dice el especialista. Y concluye: “Salida amigable, acá, no hay”.

Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, dice que van a analizar cuidadosamente el anteproyecto, pero que desde ya tiene varios reparos. Ruiz calificó de “disparate” elevar la edad mínima de jubilación, y dice a El País que “el mercado de trabajo en Uruguay no tolera que una persona mayor de 60 años tenga estabilidad laboral”. De aprobarse la reforma, augura un aumento de desempleo entre los trabajadores de mayor edad.

No obstante, Ruiz reconoce que la reforma es necesaria, pero no está de acuerdo con la del gobierno. “No hay ningún artículo por el cual se genere alguna nueva fuente de financiamiento”, protesta. “Recursos hay. Tenemos 350.000 personas que están desprotegidas en la seguridad social porque no están registradas. Ahí no hay solo personas desprotegidas, también hay recursos que podrían venir para el sistema de seguridad social”.

En lugar de subir la edad mínima, Ruiz propone, por ejemplo, revisar algunas exoneraciones de aportes patronales. “No decimos que hay que eliminarlos, pero sí ver si algunos se justifican”, dice.

El funcionario asegura que, solamente entre IRAE e impuesto al patrimonio, las exoneraciones en 2021 alcanzaron “casi tres veces la asistencia financiera que necesita el BPS”. “Algo de eso puede venir para la seguridad social”.

En la misma sintonía se expresa el representante en ejercicio de los pasivos en el directorio el BPS, Ariel Ferrari. Dice que no hay modelo que se perpetúe, que los cambios en el mercado de trabajo hacen que “se deba analizar si es posible mantener un sistema solo con el financiamiento en relación al aporte obrero-patronal”.

Ferrari sugiere un sistema “que complemente el sistema de contribución”, y pone un ejemplo: “En el caso de los rurales, la contribución a la seguridad social es de acuerdo a la calidad de la tierra, con una ecuación que incluye el índice Coneat. La calidad de la tierra allá en el norte sigue siendo la misma, sin embargo, la productividad que tiene a partir de la forestación no es la misma que tenía hace 50 años atrás”, expresa. Así, Ferrari hace la pregunta de si hay que seguir teniendo la misma forma de tributación. “No hablo del que tiene 400 hectáreas, hablo de las grandes extensiones de tierra, que son los que hoy tienen inmensas ganancias”.

Forteza está al tanto de este tipo de planteos. Dice que Uruguay ya tiene tasas impositivas altas en general, pero pide separar las discusiones: “Aun cuando uno estuviera dispuesto a compartir algún aumento de algún tipo de impuesto, la pregunta clave es si es para esto, si debe ser para seguir profundizando ese gasto excesivo que Uruguay tiene en este sector”. En ese sentido, señala: “Si yo fuera a aumentar impuestos, lo haría para atender los enorme problemas que tenemos en primera infancia. La pobreza allí es del 20% frente a menos del 2% en la tercera edad”, argumenta. “¿Vamos a no reconocer que simplemente vivimos mucho más?”, se pregunta.

Agustín Iturralde, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), plantea que la reforma tendrá efecto sobre esa tendencia de gasto que crece “leve pero sostenidamente”, pero advierte que el impacto será en el mediano y largo plazo, “no en este gobierno ni en el que viene”. Sobre la discusión de ajustar por el lado de los aportes, el economista advierte que la brecha entre lo que paga el empleador y lo que cobra el empleado es “gigante” —una de las más grandes del mundo, y solo superada por Argentina en la región—. En ese escenario, aumentar aportes significaría ensancharla.

“La mayoría de los uruguayos trabaja en pequeñas y medianas empresas. Al final, sería aumentarle al quiosquero que tiene un empleado. Aumentar aportes es un disparate en este contexto, más cuando tenemos esta realidad de desempleo”, afirma.

¿Cómo es el mercado de trabajo para los mayores? ¿Cómo va a ser en 20, 30, 40 años, cuando la reforma esté implementada, si es que se aprueba?

El desempleo en junio marcó 8,4%. Para la franja de entre 30 y 49 años, el desempleo es del 5,1% y el empleo está en el entorno del 63%. “Esto quiere decir que, según la estadística, las personas mayores de 40 tienen más y mejores oportunidades de empleo que la media. Y si son mayores de 50, la tasa de desempleo es menor aún, en el entorno al 4%”, explica Federico Muttoni, director de la consultora Advice.

Sin embargo, advierte, se estima que el 60% de las oportunidades laborales excluye a los mayores de 40 y el 80% a los mayores de 50 años.

En este escenario pospandemia, en el que se vuelve imprescindible adaptarse a las nuevas formas de trabajo, “puede volverse aún más difícil después de los 40 si no estás entrenado en cambiar y aprender a gran velocidad”, señala Muttoni. En el largo plazo, “si nosotros no nos capacitamos, no hacemos reciclaje profesional, no aprendemos nuevas habilidades para otros roles, quedamos afuera del futuro”, dice el especialista. “Y si sube la edad de jubilación y no estamos preparados, capacitados, reciclados profesionalmente, recorrer esos años puede ser mucho más difícil”.

Muttoni identifica tres tipos de personas en edad de retiro o por retirarse: el que estaba toda su vida esperando jubilarse, el que busca continuar trabajando de manera híbrida —un poco jubilado y otro poco activo— y el que quiere seguir firmemente activo. “En el anteproyecto se consagra la libertad de trabajo de las personas mayores y la compatibilidad del cúmulo de jubilación y actividad remunerada”, destaca.

El desempleo en los mayores es una preocupación, reconoce Forteza. De hecho, la comisión encargó un informe, pero por una preocupación distinta: que el desempleo afectara a los jóvenes por el riesgo de desplazamiento de puestos de trabajo. “La evidencia que se encontró es que básicamente eso no ocurre; en cambio, sí puede haber un problema con los mayores. Puede pasar que no puedan encontrar trabajo a edades superiores a 60”, dice el experto. “Puede haber cierta obsolescencia tecnológica. A medida que nos vamos poniendo viejos, nos cuesta más mantenernos tiro. Hay algunas propuestas en ese sentido, pero podría pasar que hubiera que hacer algo más”, apunta.

Una reforma de este calibre, que llevó casi dos años preparar, que tardará 20 años en implementarse y 40 en consolidar sus efectos, se votará en los próximos meses si hay acuerdo. El gobierno —el presidente, más bien— señala un camino; ahora, los partidos van a elegir si tomarlo y bajo qué condiciones. En cualquier escenario, la reforma parece inminente. El tiempo dirá si se confirma o si hay que volver a empezar.