Propuestas para terminar con deudas eternas

Boom de préstamos en la pandemia provoca más denuncias de usura y casos de estafa

Frente al furor de los créditos al consumo y el endeudamiento, dos proyectos de ley en el oficialismo proponen cambios drásticos: reducir los "intereses usurarios" y habilitar la quiebra personal.

Ahorrar implica frenar el consumo espontáneo para asignar ese dinero a un objetivo de mediano o largo plazo. Foto: Gerardo Pérez
Foto: Archivo El País

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Esta historia ocurrió en Treinta y Tres, unos meses atrás: en el apogeo de la pandemia. La protagonista se llama Gabriela Borges, quien pide que en este informe se incluya su nombre para que sus vecinos se enteren y “aprendan” a cuidarse de la tentación de los préstamos al consumo “sin papeles” y “rápidos”. Necesitaba 10.000 pesos para comprarle unos lentes a su marido y recurrió a una administradora de crédito. Pagó la primera cuota y después ya no pudo. Tras siete meses de atraso, sus patrones le notificaron que la financiera se había comunicado con ellos y sin que Gabriela los autorizara acordaron que le descontarían la deuda de su sueldo (unos 14.000 pesos). De 10.000, había trepado a 40.000 pesos.

Saldó la deuda, pero desde hace un mes empezó a recibir nuevos mensajes en su celular, advirtiéndole que mantenía otra cuenta impaga.

Fue a averiguar.

—¿Te acordás de mí? Tú misma me entregaste el comprobante de la cancelación, yo ya no debo nada —le dijo a la empleada de la financiera.

—Me acuerdo. Pero ahora tiene que pagar por la tarjeta que le dimos —le respondió, según su versión.

A Gabriela le habían enviado una tarjeta de crédito por correo, sin que la hubiera solicitado. Era una condición para acceder al préstamo y ella, según relata, la había devuelto en la financiera sin haberla usado. Ahora le exigían unos 19.800 pesos por costos de mantenimiento.

Fue en varias oportunidades hasta la oficina del Área de Defensa del Consumidor, pero no “le dieron bolilla”. Mientras tanto, todas las semanas recibe llamadas en las que le recuerdan la deuda y le proponen dar un nuevo préstamo para cubrir el monto.

—Me tienen acosada. Ahora consiguieron el teléfono de mi marido, lo acobardaron y él me está pidiendo que aceptemos el préstamo así esto se termina.

En los últimos meses desembarcaron en Treinta y Tres financieras que antes operaban por teléfono y redes de cobranzas. Las filas de vecinos en sus puertas se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Una de estas firmas contrató promotoras. “Acá la gente te escucha. Los paran en la calle, les ofrecen dinero fácil y hasta por la novedad de acceder a algo nuevo, piden y se endeudan”, cuenta Gabriela.

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Expertos estiman que son unas 300 financieras las que operan en el país. Foto: E.Leal

Esta descripción se repite en distintas localidades del interior. Vecinos de Paysandú narran que llegaron financieras nuevas y que algunas que tenían un local pequeño se mudaron para otros más grandes. En Durazno, un comerciante relata que están entregando créditos “sin chequear los ingresos de quienes los solicitan”. En Tacuarembó, las financieras se están instalando en el interior de comercios populares, como una zapatería cuya la fila de clientes suele ocupar toda la cuadra. En Melo, cuentan por lo menos tres financieras recién arribadas y otros negocios sumaron el préstamo de dinero entre su menú de productos; incluso la farmacia más vieja de la ciudad. Por primera vez los jingles que ofrecen dinero en efectivo hacen eco en la plaza. En los comercios, los cajeros empezaron a notar que los clientes pagan con una variedad de tarjetas fuera de lo común.

En Montevideo, a lo largo de 18 de Julio, se cuentan entre cuatro y seis de estas empresas por cuadra. Están en Facebook, en Mercado Libre, en Instagram. Ofrecen gestionar el crédito “en el acto” y “sin colas”; por mensaje de texto, WhatsApp, por mail u online. No importa figurar en el Clearing (ahora Equifax), ni tener una mancha en el historial crediticio del Banco Central del Uruguay (BCU). Algunas financieras ni siquiera exigen los últimos recibos de sueldo, porque una justificación de ingresos cualquiera alcanza.

Acceder a un préstamo cada vez es más fácil. Según se comprobó para este informe, en la mayoría de los créditos que se gestionan por medios electrónicos no se informa cuál es la tasa de interés que se va a cobrar. Primero se exige enviar una fotografía de la cédula de identidad, y si no, no hay trato: dejan de responder.

Hogares más endeudados.

Según información del BCU, el endeudamiento de las familias creció, llegando al 31% en junio. En tanto, el Monitor de mercado de crédito al consumo que elabora la financiera Pronto! confirma (en su informe de setiembre) que se incrementó la oferta, con un volumen que pasó de 6.181 millones de dólares en marzo a 6.404 en julio.

La demanda, por supuesto, acompañó el aumento del stock. “A partir de julio el cliente ha cambiado y se nota mayor movimiento en locales de centros comerciales”, dice el análisis. En los shoppings se extendió el horario para responder a la afluencia de los usuarios; los clientes consultan por montos altos y comparan precios con la competencia. “Están buscando el menor precio y más monto, sin aumentar mucho el plazo”, concluye.

Entre los encuestados, el 81% reconoció haber sufrido algún tipo de afectación por la crisis sanitaria, y cada mes son más los que admiten haber tenido una dificultad para cumplir con las cuotas de los créditos (57% en setiembre; eran 41% en marzo) y las tarjetas de crédito (42%).

Sin embargo, también aumenta la cantidad de usuarios que manifiesta su intención de contratar un préstamo en los próximos cuatro meses (39%), a pesar de que 75% de ellos ya están endeudados.

El furor de los préstamos es tal que se convirtió en un nicho para estafas. Desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional describen que los estafadores crean perfiles falsos en redes sociales, ofrecen créditos con muchas facilidades y tras el primer contacto proponen continuar el intercambio por WhatsApp. Por este medio, piden que se les gire un monto determinado en redes de cobranzas para cubrir los costos administrativos previos a concretar la operación. La víctima cae, paga y después es bloqueada. En el 96% de los casos el evento se consuma.

Lo novedoso es que algunos de estos delincuentes son uruguayos, pero además se estafa desde el exterior exigiendo giros internacionales. Los números de WhatsApp detectados por El País tienen prefijos de países como Chile, Panamá, Estados Unidos y Benín. “Son varios los que caen, aunque parezca insólito. Es que la víctima de una estafa no está pensando en lo que puede perder, sino en lo que va a ganar”, dice un investigador.

Algo similar pasa con quienes caen en el laberinto de los préstamos al consumo con tasas de interés altas y prácticas que los expertos califican como abusivas.

La calesita infernal.

En el universo de los créditos al consumo la ilegalidad ronda, pero no es el principal problema. El BCU recibió dos denuncias de usura en 2019 y siete en lo que va del año. Tres fueron confirmadas; las empresas debieron devolver los importes mal cobrados a sus clientes y fueron apercibidas por el ente regulador.

Dora Szafir, exjueza, abanderada de los consumidores, lo expone así: “Las empresas que están instaladas, que son lícitas, no necesitan infringir la ley y cobrar usura porque lo que les está permitido actualmente es tan alto que les alcanza”.

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Gestionan préstamos por redes sociales, e-mail, mensajes de texto y WhatsApp. Foto. E. Leal

Según su explicación, el incumplimiento de una o dos cuotas ya les significa un beneficio a las financieras, “porque al no pagar, al usuario le cobran todas las cuotas que aún no vencieron. A esas cuotas le suman los intereses moratorios, que se van capitalizando. Las deudas suben exponencialmente y el que se atrasa nunca sale de ese pozo”.

El mercado financiero tienen productos que se ofrecen a estos clientes para “limpiar las deudas”, “salir del Clearing y volver a acceder al crédito”. “Vuelven a refinanciar, no les devuelven los documentos del crédito anterior; se atrasan otra vez porque los intereses son más altos todavía, y así siguen enroscándose”, sigue Szafir.

Otra veces les obsequian tarjetas de crédito, que quedan atadas al préstamo. A su vez, estas empresas no suelen quedarse con los usuarios morosos, sino que venden la cartera por un valor cercano al 10% a estudios jurídicos que aplican prácticas “que rozan lo delictivo” para cobrarse. “Los llaman permanentemente, contactan a sus familiares, amigos y empleadores; y si no tienen nada para embargarles les dicen que van a ir a la casa a sacarles los electrodomésticos, lo cual es ilegal. Al final la gente no sabe qué debe, ni a dónde, ni por qué”, concluye.

Estos mecanismos —opina Szafir— ocurren porque la Ley de Tasas de Interés y Usura los habilita. “No se controla a las financieras, ni se las sanciona por estas prácticas, dándoles así un poder que no deben tener los acreedores porque la ley prevé que en la relación de consumo exista el principio de igualdad”.

Existen dos asociaciones que atienden a consumidores; una tiene poca presencia y la otra está en suspenso debido a que los dos abogados honorarios que recepcionaban las consultas se vieron sobrepasados por la demanda. “El nivel de endeudamiento que constatamos es gigantesco”, cuenta el abogado Nicolás Breito. “Principalmente llegaban en busca de información, al constatar que la deuda que habían contraído superaba ampliamente el monto prestado, debido a la astronómica tasa de interés compensatoria y moratoria que se les aplica”, señala.

En un local de 18 de Julio un afiche ofrece 15.500 pesos en 15 cuotas de 1.930. La letra chica agrega que la tasa de interés es de 129% y que el monto quedará en 29.040. Esa letra chica muchas veces no se comunica. Breito aclara que a la desinformación de los usuarios se le suma la falta de conocimiento que los propios abogados tienen sobre la ley de consumo.

Muchos de estos reclamos se canalizan a través del Área de Defensa del Consumidor, que en el último año realizó entre 400 y 300 atenciones mensuales por asuntos financieros. Estas causas se judicializan poco porque es raro que las personas tengan pruebas de que no fueron advertidas de las consecuencias a tiempo, y si las tuvieran iniciar el proceso tiene un costo que la mayoría no puede afrontar.

Deudores

35% de la población activa tiene registro de incumplimiento en el Clearing

Muchos de los préstamos al consumo mencionan que no importa que el usuario tenga un registro de incumplimiento en la base de datos del Clearing de Informes (actualmente Equifax), lo que los inhabilita a sacar créditos. Sin embargo compensan el riesgo fijando una tasa de interés compensatoria elevada. La base de datos del Clearing cubre casi en su totalidad a la población mayor de 18 años económicamente activa, lo que representa unos 2.5 millones de personas. De ellas, el 35% registró algún incumplimiento de pago. A pesar de que se lo asocia a una fama negativa, la información del Clearing facilitó el proceso de acceso a un préstamo con la cédula, eliminando por ejemplo, la necesidad de garantías computables o solidarias.

Pero, por encima de estos argumentos, hay otro ineludible: la ley habilita que el sistema financiero maneje topes máximos para las tasas de interés que multiplican por seis los de la región. Algunos expertos dicen que pagamos los intereses “más caros del mundo”.

Cambiar las reglas.

Hubo iniciativas para modificar la ley de usura pero no prosperaron por “falta de voluntad de los legisladores”, opina Szafir. Ahora, con el agravante de la pandemia, el incremento del desempleo y la crisis económica que desató, una regulación nueva del mercado financiero “se hace imperiosa”, afirma.

Entre fines de julio y octubre se presentaron dos proyectos de ley que los especialistas definen como “complementarios”. El del diputado del Partido de la Gente Daniel Peña propone modificar los cálculos de la tasa de interés para reducir la mencionada “usura legal”; el del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos introduce un nuevo procedimiento para reestructurar deudas, posibilitando la “quiebra” personal, recurso que la legislación vigente solo avala para las empresas.

Empecemos por la propuesta de Peña. El diputado es enfático en su justificación: que Uruguay, un país con grado inversor —lo que le permite stockearse de dinero a bajo costo— y una inflación en torno al 10%, tenga tasas de interés que superan el 200% le parece “el acto más injusto que podamos permitir”.

Para comprender los cambios que propone primero hay que entender cómo se calcula la usura. Los topes permitidos de las tasas de interés se establecen por un índice que elabora el Banco Central —llamado tasa media— que varía de acuerdo a si es un préstamo para una empresa (y de acuerdo a su tamaño), o para consumo, o para adquirir una vivienda. También fluctúa según el monto, moneda de la operación y el plazo de la financiación.

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Piden menos documentación para préstamos, pero tienen tasas de interés más elevadas. Foto: E. Leal

Sobre ese promedio, de acuerdo al valor del crédito, el tope de la tasa de interés se puede incrementar hasta 55% (si es inferior a 10.000 Unidades Indexadas, o sea 47.000 pesos) o 90% (si supera ese monto). Si el usuario incumple con el pago, se le cobra el interés moratorio, que puede ir hasta 80% sobre la tasa media. Aunque no está permitido, algunas financieras suman los dos intereses sobre el monto prestado.

Entonces, de acuerdo al valor del índice actual, por un préstamo al consumo inferior a 47.000 pesos, se puede cobrar un interés de hasta 151,7%; y si se le suma la mora encima, sube a 231,7%.

“Ni en países de África se les cobra tanto a los trabajadores”, plantea Peña. Tal y como él lo ve, este panorama se debe “al oligopolio en el sistema bancario que generó la ley de inclusión financiera”. Lo explica así: tradicionalmente los bancos tenían sus negocios financieros y las tarjetas de crédito, pero los préstamos al consumo eran un producto que les era ajeno. La competencia se recrudeció, las ganancias se localizaron allí y los bancos compraron a las principales instituciones de intermediación financiera, mediante las cuales ofrecen créditos a tasas más elevadas. Estas, hoy, representan entre el 60% y 70% de sus ganancias.

Los bancos integraron las tasas que cobran por las tarjetas de crédito y por los créditos que otorgan mediante estas administradoras al promedio que aportan al BCU, provocando el alza de la tasa media sobre la que se calcula el tope máximo de las tasas de interés. “Si en Uruguay hoy la tasa media es de 96,7%, en Argentina es de 20%”, cita Peña. Cree que esta forma de hacer el cálculo “distorsiona la realidad del mercado” y debería prohibirse. Así lo plantea en su proyecto.

Además, propone que el tope máximo de los intereses que se cobran sobre la tasa media —esos que iban de 55% a 90%— se limiten al porcentaje de la inflación, que hoy ronda el 10%.

Otros artículos del proyecto modifican la metodología de varios cálculos y lo que debe regular el BCU. En tanto, el proyecto deja en claro que no pueden sumarse dos intereses (la mora sobre el compensatorio, como hacen algunos prestamistas), topea la mora en 20% y solo habilita la exigibilidad anticipada de todo el capital no vencido si el saldo no supera el 50% del monto total. También obliga a que las publicidades informen las cifras correctas y no sean “engañosas”.

Empezar de nuevo.

El crédito es un instrumento bueno para un sistema económico, menos cuando es abusivo y “deja de cooperar al bienestar de la población”, explican los expertos consultados. “Cuando vos promocionás un préstamo en el que públicamente decís que no te importa que la persona sea casi insolvente, estás asumiendo que no prevés recuperarlo, y no podés matar al usuario con interés incobrables y luego aplicarle maniobras que rozan la extorsión y la amenaza”, plantea la abogada Martha Valfré, asesora del proyecto de ley de procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas que unas semanas atrás presentó Manini Ríos ante la Comisión de Hacienda del Senado.

El objetivo —explica— es darle a la población de menos recursos que cae en esta “calesita de préstamos” una salida del endeudamiento. El proyecto se inspiró en la experiencia de distintos países —Argentina entre los cercanos, pero sobre todo en la legislación de Nueva Zelanda— que habilitan el concurso de acreedores para una persona física.

Esta alternativa está prevista para deudores que no sean titulares de bienes, o que teniendo una vivienda única sus ingresos no superen los 47.000 pesos por mes, y cuyo endeudamiento esté asociado a una situación de insolvencia inculpable.

La primera etapa de este procedimiento es administrativa y puede iniciarse a instancias del deudor o del acreedor. El Área de Defensa del Consumidor deberá encargarse de generar una instancia conciliatoria, en la que el deudor podrá presentar un plan de pagos cuya mensualidad debe dejar libre el 70% o 60% de su ingreso (según el monto). Para aprobar esta propuesta, se necesitará una mayoría absoluta de acreedores que representen las dos terceras partes del pasivo.

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"Ni siquiera en África les cobran a los trabajadores tasas de interés tan altas", dice Daniel Peña. Foto: E. Leal

Si no se logra un acuerdo, el procedimiento puede ser por la vía judicial. Cuando el deudor presente un plan de pagos, el Poder Judicial designará a un contador que estudiará su viabilidad y asesorará al juez. Si el proceso lo inicia un acreedor, el contador deberá evaluar la culpabilidad o no del deudor ante su incumplimiento; si es inculpable se fijará audiencia para negociar un acuerdo.

Si fracasara la conciliación, el juez queda facultado para, asesorado por el perito, formular distintas opciones de cancelación de la deuda, nunca siendo menor al 40% del monto adeudado. Este acuerdo judicial puede ser forzoso. Tras este acuerdo, el deudor no podrá iniciar otro procedimiento hasta 24 meses después de cumplir con el plan, para esto se creará en el Área de Defensa del Consumidor un “Registro del Procedimiento de Reestructuración de Pasivos de Personas Físicas Endeudadas”.

Una vez finalizado el plan de pago, o en caso de no haberlo hecho, una vez transcurridos cinco años y habiendo pagado el 50% de la deuda reestructurada, la persona quedará liberada de la misma. Por otro lado, si el deudor logra comprobar que la empresa financiera actuó con culpa al concederle el crédito —“ignorando que estaba en el Clearing o conociendo que su nivel de ingresos era incompatible con el monto solicitado”, explica Valfré—, se le perdonarán los adeudos, pero su nombre pasará al registro y no podrá solicitar préstamos por cuatro años.

El síndico y perito contable Nelson Chicurel opina que el proyecto propone “un arbitraje difícil para definir si hubo culpa o no” en el endeudamiento. “Una condición podría ser la pérdida del empleo, y habría que pensar en generar una especie de seguro para evitar que la medida pueda provocar que se retire el crédito del mercado”, que es la otra cara de la moneda si se intensifica la regulación.

Ni la Asociación de Bancos Privados ni los directores del Banco Central quisieron participar de este informe. Ninguno de los dos proyectos ha sido analizado aún por los legisladores de la coalición. Eso sucederá en 2021. “Se antepusieron el debate presupuestal y otros temas más urgentes”, dijo una fuente de la bancada nacionalista.

Será una tarea compleja. “Ni los bancos ni las financieras estarán felices, pero alguien tiene que ceder, sobre todo en un momento de pandemia en que la gente se ha endeudado ferozmente”, dice Valfré.

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