El campo despertaba despacio en San Gregorio, al norte de San José. Entre el rocío y el rumiar del ganado, nada hacía pensar que aquella mañana del 20 de agosto traería una escena tan extraña. Marcelo Flores, técnico agropecuario de una estancia de más de mil hectáreas, recorría el potrero donde unas 50 vacas habían parido hacía poco. Pero algo no cerraba: los terneros no estaban con sus madres.
Primero fue el silencio. Después el movimiento inquieto de las vacas, como si algo las hubiera alterado durante la noche. Flores, junto a otros empleados, recorrió hectáreas entre el pasto alto y las zonas bajas con monte hasta que lo vio: un ternero atado de las cuatro patas con piolas y una cinta negra cubriéndole el hocico. Los terneros, cuando se separan de su madre, balan hasta encontrarla; por eso lo habían amordazado. Faltaban doce animales, todos de raza Angus, de entre tres días y un mes de vida. “Nunca había visto algo así”, dice Flores. “No los mataron. Los robaron vivos”.
Mientras casos como este se repiten en distintos puntos del país, faenas dentro de los propios campos o robos en tropilla, donde los animales son arreados y luego carneados en otro lugar, el gobierno busca revertir el aumento reciente del delito de abigeato en el medio rural.
Si bien las cifras actuales están muy por debajo de las de 2020, el incremento del 14% de las denuncias respecto a 2024 encendió las alertas en el Ejecutivo. De enero a setiembre se realizaron 724 denuncias, según los datos oficiales conocidos hace algunos días. En el mismo período de 2024 habían sido 651 denuncias. Es la primera vez en cinco años que el abigeato crece, y además fue el único delito que aumentó en el último informe oficial.
Las cifras muestran que las denuncias pasaron de 1.780 en 2020 -al inicio del anterior período de gobierno- a 817 en 2023, una caída superior al 50%. Sin embargo, la suba reciente rompe con esa curva descendente que el propio Ministerio del Interior consideraba uno de los logros de la estrategia de seguridad rural.
Las autoridades reconocen que el fenómeno se ha vuelto más complejo: menos faenas en el lugar y más robo planificado de animales vivos, lo que exige coordinación del trabajo institucional estatal y también con las asociaciones de productores, las comisiones de fomento y las comisiones de seguridad rural de cada departamento.
El tema genera preocupación en el gobierno. Tanto que las autoridades del Ministerio del Interior y de Ganadería mantuvieron el lunes pasado una reunión de trabajo para analizar la situación y coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad rural. Entre los participantes estuvieron los dos ministros Carlos Negro y Alfredo Fratti. Es la tercera vez que se realiza una reunión de las cúpulas ministeriales por este tema.
“Participé de la reunión. Se está trabajando y lo que se buscó fue no poner excusas ni justificaciones, sino entender las causas del problema”, dice a El País el director nacional de Seguridad Rural, comisario mayor retirado Ernesto Cossio, desde la sede del destacamento ubicada en el kilómetro 94 de la ruta 5, en Florida.
“Había que analizar qué parte del sistema falló y entendemos que, desde el punto de vista policial, el problema pudo estar en la capacidad de respuesta frente a los nuevos delitos emergentes, que a veces funcionan como una distracción frente al abigeato”, dice el comisario, quien ocupa el cargo desde 2024. Es el segundo jerarca en dirigir la Dirección Nacional de Seguridad Rural, creada en agosto de 2020 durante la gestión del entonces ministro Jorge Larrañaga.
A dos meses del robo de terneros en la estancia de San José, la hipótesis principal es clara: los animales fueron trasladados a otro establecimiento para ser criados y vendidos como propios. Una maniobra que requiere conocimiento del manejo del ganado, planificación y una red capaz de sortear los controles.
“Esto no es el abigeato de antes, cuando carneaban un animal para vender la carne o consumirla”, advierte Flores, “es un robo con gente que sabe lo que hace”. Según él, quienes ingresaron al campo conocían el lugar y la raza de los animales que estaban robando. Además, por el tamaño de los terneros recién nacidos, que casi no tienen carne para consumir, la hipótesis de que los vendieran para crianza también es considerada por la policía.
Consultado sobre el caso, el comisario Cossio dice la hipótesis tiene fundamento. “Desde que comenzamos a obtener información y verificar la situación en San José, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, la zona se encuentra tranquila”, indica.
Pero, como este informe mostrará, el abigeato comparte un patrón con muchos otros delitos: no se mantiene fijo, sino que se mueve de zona en zona.
El aumento
Sobre el repunte de las denuncias, el comisario Cossio apunta a varias causas. Una de ellas es la reincidencia de los delincuentes: “Personas que ya han sido judicializadas por este tipo de delito reinciden al salir de prisión. Se ha observado que la reincidencia puede estar asociada a zonas geográficas específicas, donde las denuncias georreferenciadas vuelven a aparecer tras la liberación de un individuo”, explica.
Otra razón es la coyuntura social en zonas limítrofes. En las fronteras con Brasil y Argentina, la demanda de consumo de carne puede ser más alta, lo que impulsa el aumento de delitos relacionados con la faena clandestina y la venta de carne en otras regiones.
La demanda de consumo en zonas urbanas y periféricas también influye. En áreas con recursos limitados, algunas personas recurren al abigeato para obtener un producto que tiene demanda y un precio atractivo. Esa carne hurtada termina en carnicerías, sortea los controles sanitarios y puede ser asado, milanesas o chorizos. En esos casos el problema es que no hay una cadena de frío controlada y, lo más grave, el animal faenado podía estar enfermo o con medicación en sangre, que no es apta para el consumo humano.
El comisario Cossio también señala la falta de vehículos, que afectó el patrullaje en algunos lugares, porque están esperando nuevos.
El exministro del Interior Nicolás Martinelli considera inadmisible que se utilice la falta de vehículos como explicación del aumento del abigeato. Según su experiencia, los vehículos nunca deben quedar detenidos mientras se espera el recambio y, si la empresa proveedora no cuenta con unidades disponibles, deben exigirle cumplir con el pliego.
Durante su gestión, las licitaciones para la renovación de vehículos establecían que estos debían reemplazarse cada 70.000 kilómetros o cada dos años, lo que ocurriera primero. En caso de que no hubiera unidades de recambio disponibles, se continuaba utilizando la flota existente hasta que los nuevos vehículos estuvieran listos, evitando cualquier interrupción en el patrullaje.
Para Martinelli, el argumento del actual ministro sobre la falta de vehículos demuestra una mala gestión. “El patrullaje es clave, no se puede permitir que la ausencia de recursos detenga la vigilancia en el campo”, dice el exministro.
Hay otras razones que se manejan. Estafas como Conexión Ganadera o República Ganadera han llevado a los productores a ajustar sus números, lo que genera hallazgos de mortandad y faltantes de animales que obligan a la policía a destinar esfuerzos a investigaciones internas, disminuyendo la vigilancia.
Otro factor es el descontrol administrativo en los establecimientos. Personas con conocimiento del manejo del ganado, como peones o capataces, pueden aprovechar la falta de control sobre la mortalidad o la cantidad de animales para robarlos y declararlos como muertos o perdidos.
Por último, los delincuentes suelen conocer los ciclos de engorde y los momentos propicios para el robo, como la venta de lechones en noviembre y diciembre, antes de las fiestas. “El abigeato no es un delito improvisado, sino que requiere conocimiento, planificación y manejo”, dice Cossio.
Productores organizados
Fiorella Stivan nació en el campo, en una familia de fruticultores de Canelones. Su abuelo empezó con la quinta, su padre la continuó y ella decidió dar un paso más: hace dos años incorporó la cría de ovinos a la producción familiar. Tenía 85 animales, todos identificados, cuidados y con valor genético. Hasta que hace un mes la noche rompió el trabajo de años: le robaron 11 ovejas. “Se llevaron un carnero que para mí era fundamental, para la recría. Sólo tengo dos. Además, cuatro ovejas, cuatro corderos, dos borregas… No dejaron rastros. No las carnearon, las cargaron vivas”, dice la productora.
Desde entonces, Fiorella integra el grupo Abigeato Zona Sur, un colectivo de productores que se formó “en torno a la desesperación”. Allí comparten información, denuncias y fotos de animales faenados o desaparecidos. No son pocos: el grupo crece cada semana con nuevos casos. “Muchos ni siquiera denuncian”, explica. Hay productores tan cansados que ya no quieren saber más nada. Otros, en cambio, se suman para ayudarse entre ellos. Pero el sentimiento es el mismo: impotencia.
En el grupo Abigeato Zona Sur son unas 40 personas, casi todos productores que fueron víctimas del delito. La mayoría vive y trabaja en el sur del país, aunque los casos se repiten en todo el territorio. “Estamos solos frente a un problema que no para de crecer”, dice Stivan.
La modalidad del robo también cambió con los años, es un delito que se profesionalizó, aunque la policía dice “que se ve todo”. En el caso de los ovinos, los ladrones apuntan a animales de buena genética. En los vacunos, muchas veces se dan actos dantescos. La policía los ha unido a personas que no son de campo, y en su mayoría tampoco uruguayos. Cortan vivos a los animales y les extraen solo los cuartos.
“Hace unos días a un vecino le carnearon un toro Angus de 800 kilos. A otro, dos días después, un novillo. Hicieron cortes de carnicería, prolijos, sabiendo perfectamente qué parte llevarse. No son improvisados: usan sierras eléctricas, trabajan rápido y desaparecen sin dejar rastro”, cuenta la productora.
El relato de Stivan se mezcla con el de otros productores de Canelones, que viven escenas parecidas. A una vecina de Paso del Medio, por ejemplo, le dejaron solo la cabeza y las tripas del animal. “Van con la sierra, hacen su trabajo y se van. Es terrible. Y después escuchás que no hay móviles policiales, que no hay patrullaje, que el fin de semana hubo dos casos y no había nadie para responder”.
Reclaman cámaras de seguridad en zonas rurales, alumbrado en caminos donde los robos son reiterados y más presencia policial. Pero la respuesta institucional, asegura, es un laberinto: “La intendencia dice que no tiene presupuesto, que le corresponde a la alcaldía. El alcalde dice que no puede cubrir la zona rural. Y, mientras tanto, seguimos sin protección. Todos se pasan la pelota”.
La sensación de desamparo se agrava cuando las denuncias se archivan sin resultados. “Los expedientes quedan por ahí, nadie te llama, nadie te informa. Hay casos de productoras que perdieron 70 animales. ¿Dónde están esos animales? ¿Dónde están los míos? Nadie sabe”, dice Stivan.
Pero el problema no termina en el robo: detrás hay un mercado. “Si roban, es porque alguien compra. Alguien está vendiendo esa carne. Y es fácil darse cuenta: si una persona que no tiene campo aparece vendiendo carne o animales, ¿de dónde los sacó? Falta control. Nadie verifica quién compra ni quién vende”.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, reconoce que el abigeato volvió a ser una preocupación para el sector. Pero dice que el incremento no parece estar vinculado a un cambio en la política del Ministerio del Interior ni a una menor presencia policial en el medio rural. “No vemos un cambio de actitud del ministerio ni un afloje en el trabajo profesional”, opina.
Para Ferber, detrás de muchos de estos episodios hay un componente económico. “Lo puntual pasa por el consumo de carne en los pueblos. El precio la hace más tentadora”, explica. Y aclara que no se trata de grandes robos, sino de hechos puntuales y de menor escala. “Si alguien se lleva 100 animales, eso sale en todos lados, y no ha pasado. Lo que vemos son robos chicos, vinculados al comercio informal que siempre existió en los pueblos del interior”, señala.
Para bajar el delito
¿Cómo se encara la seguridad rural? Cada departamento cuenta con funcionarios especializados que trabajan de forma coordinada. El Ministerio de Ganadería cumple un rol clave en la formación de esos efectivos policiales, a través del Sistema Nacional de Información Ganadera. Pero, como reconoce su director Gabriel Osorio, la eficacia del trabajo depende de la capacitación constante y de una trazabilidad precisa de cada animal.
La formación combina aspectos legales, normativos y prácticos: cómo identificar marcas, a quién comunicarse ante irregularidades, cómo actuar en cada caso. “Un policía puede ver una marca, pero no siempre puede determinar rápidamente de quién es el animal. Contamos con gente especializada que verifica si la marca está bien puesta y cumple con la legalidad”, dice Osorio.
El problema surge cuando el productor no cumple con la normativa: animales sin marca o con trazabilidad incompleta complican la identificación del dueño. “Si la cadena de trazabilidad se rompe, aunque la caravana esté, no siempre se puede rastrear al propietario”, explica Osorio. Es un laberinto de códigos, marcas y registros donde un solo error puede facilitar el robo.
Del campo a las carnicerías: Las distintas caras del abigeato
El robo de ganado no responde a un solo patrón: el abigeato adopta distintas formas según la zona, el tipo de producción y el grado de organización de quienes lo cometen. En los últimos años, las autoridades y los productores han identificado modalidades cada vez más variadas y sofisticadas.
Una de las más comunes es el abigeato por faena en el lugar, cuando los animales son sacrificados directamente en el establecimiento, dejando restos y señales del delito. Otra práctica frecuente es el abigeato por tropel, que implica el corte de alambrados y el arreo de varios animales sustraídos.
También se ha extendido el hurto de animales vivos, que suelen ser llevados a otros puntos para su posterior faena. Existen además casos en los que el robo proviene desde adentro: trabajadores rurales con conocimiento del manejo del ganado, aprovechan el descontrol administrativo para declarar animales como muertos o perdidos. En otros, los ladrones son personas con experiencia en el campo, que saben identificar los momentos más rentables, como la venta de lechones en las fiestas de fin de año.
El robo de ovejas y terneros también es frecuente, por tratarse de animales más fáciles de mover sin levantar sospechas, muchas veces destinados a zonas vulnerables.
En el medio rural, incluso se registran casos de abigeato entre vecinos, cuando los controles son escasos y un animal puede pasar a manos ajenas con una simple marca indebida. Finalmente, una parte del ganado robado termina en el mercado negro de la carne, vendida a carnicerías o intermediarios que encubren su origen con documentación falsa.
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