EL ABANDONO DESPUÉS DEL ABANDONO

Los niños a los que ni el INAU cuida

El INAU acumula órdenes judiciales de internación de 177 niños y adolescentes cuyos padres fallan en el cuidado más básico. Sus expedientes atraviesan meses de desidia y desinteligencia a la espera de una respuesta que no llega, en medio de un desamparo que no cesa.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Hoy, domingo 29 de abril, hace exactamente 321 días que Juan y Sofía, de tres y siete años, deberían estar bajo el cuidado del INAU, ya sea en una familia de acogida o en un hogar de amparo. Hace casi 11 meses que un juez ordenó que se los separara de Ana, su madre, que los tenía en la calle, consumía pasta base delante de ellos, no los llevaba al médico y los privaba de actividades recreativas. El INAU no ha cumplido con la orden judicial de internación. Juan y Sofía siguen con su madre en algún lugar de Montevideo.

También hoy se cumplen 331 días que Inés, de dos años, fue separada por orden judicial de Valeria, su madre, que la dejaba sola en su casa, que la abandonó y la recuperó y la volvió a abandonar más de una vez. El juez pidió que el INAU la protegiera porque junto a su madre, sus derechos estaban vulnerados. Hasta hoy, Inés sigue con ella.

El caso de Juan y Sofía, y el de Inés, son tan solo dos de 124 que aparecen en un listado de órdenes de internación que el INAU llegó a acumular en un momento del segundo semestre del año pasado. La información, a la que accedió El País, está compuesta por cientos de páginas que ponen a prueba hasta al más duro. Maltrato, abuso, negligencia, consumo, niños no escolarizados, niños sin atención de salud, niños en la calle, explotación sexual, discapacidad, depresión, cárcel: a veces solo una de esas situaciones, a veces varias a la vez. Aparecen distintos programas del Estado interviniendo, derivando y queriendo resolver, sin conseguirlo. Y aparece, también, el momento en el que un juez determina que aquello no da para más. Lo que no aparece es el INAU dándoles protección.

Hoy en el organismo aseguran que las internaciones pendientes bajaron a 67. Aún son 177 niños y adolescentes en el limbo del desamparo. "Se está trabajando en los casos, no están guardados en un cajón", intenta tranquilizar Diego Lapeyre, el asistente social al frente de la dirección departamental de INAU en Montevideo. Aunque no la dirige directamente, de él depende la Unidad de Derivación y Urgencia (UDU) que debería concretar las internaciones.

Maltrato es el principal motivo de internación

En 2015 la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo un informe que releva los motivos de ingreso al sistema de protección de INAU. El principal es violencia o maltrato (26,5%) y le siguen: consumo o patología psiquiátrica (19,6%), internación solicitada por adultos referentes (16,1%), motivos socioeconómicos (13,7%), violencia sexual o explotación (13,2%) y calle (10,7%). Ante el alto porcentaje de separación por motivos económicos —algo que el Código del Niño explicita que no debe suceder—, el director de INAU en Montevideo, Diego Lapeyre, asegura que está haciendo un relevamiento para revertir la internación en esos casos "lo antes posible". Se interviene con apoyo económico o ayuda para ingresar al mercado laboral.

En parte, la falta de respuesta se debe a la escasez de familias dispuestas a recibir temporalmente a niños y adolescentes "del INAU". Ese el sistema que el organismo, por insistente sugerencia de Unicef, promueve como la mejor solución. Las familias no aparecen —hoy son 110 y acogen a solo el 10% del total de niños— y las camas en los hogares no alcanzan. Dice Lapeyre que "la demanda es constante" y que "abrir más cupos sería la respuesta fácil, porque van a seguir entrando". Para él, la apuesta es al "trabajo comunitario".

Desde el Departamento de Comunicación del Poder Judicial, el vocero Raúl Oxandabarat dice que hasta ahora el INAU no ha comunicado formalmente que haya una saturación del sistema. Y agrega que en caso de que lo haga, no se va a pedir a los jueces que "internen menos", porque estos "internan según los derechos vulnerados de los niños" en función de lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). Lo que sí se puede hacer desde allí es "revisar el tema, ver buenas prácticas", explica.

Pero más allá de la falta de espacio para recibirlos, lo que los casos de Juan, Sofía e Inés revelan es una pasmosa desidia y descoordinación brutal entre todos los involucrados: Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, ANEP e INAU, por supuesto. Incluso a la interna del INAU queda de manifiesto la falta de comunicación entre divisiones. Un diagnóstico, una audiencia, un oficio, plazos de meses, búsqueda de paradero, silencio, varios meses más, intervención de otro programa, otro oficio del juez reclamando información, varios meses más sin respuesta, y así.

El Poder Judicial no tiene un mecanismo de monitoreo para detectar el incumplimiento y revertirlo. Los jueces no disponen de más herramientas que insistir. ¿Y si el INAU sigue sin actuar? "Se somete a tener que responder por eso", contesta Oxandabarat. La ley orgánica de la judicatura establece que los servicios del Estado están a disposición de la Justicia cuando esta ordena algo. "Si el INAU no lo hace, habrá que analizar si incumple la ley, y si entra en una figura delictiva o una falta administrativa", agrega el vocero.

Lo que sigue es un resumen de los expedientes de Juan, Sofía e Inés. Sus nombres fueron cambiados. Los casos coinciden en el tiempo y su desprotección continúa. Es el abandono después del abandono.

Otra oportunidad.

Era el 11 de enero de 2017 cuando el equipo que gestiona Plataforma Millán, un hogar para madres con niños en situación de calle, decidió plasmar en un documento la situación de Juan y Sofía, y su madre, Ana.

Ella, una mujer de 26 años, lleva cinco años de hogar en hogar y por donde pasa deja el mismo concepto: negligencia con sus hijos. El pediatra de Sofía, en ese momento de seis, constata que presenta "bajo peso". "Se la observa delgada, pálida, con ojeras y verbalizando tener hambre cuando ingresa con su madre al hogar", escribe el equipo de Plataforma Millán. Sofía también tiene enuresis (se hace pis encima), y si bien desde allí han promovido una consulta a un centro de salud mental infantil, Ana la llevó solo una vez y dejó de hacerlo "sin justificación alguna".

En el jardín al que va Juan dicen que su mamá no lo higieniza. El niño, entonces de dos años, fue derivado a un neuropediatra por su reducido perímetro encefálico, pero ella no lo ha llevado. Dos meses atrás sufrieron un accidente en la calle y Juan se golpeó la cabeza contra el pavimento. "Ante esta situación, la señora decide continuar su vida de forma regular a pesar del hecho vivenciado, sin poder empatizar con su hijo y minimizando la situación", alegan los asistentes sociales.

Ana intentó escaparse. La convencieron de quedarse. Finalmente se fue, y se llevó a los niños consigo. La contactó el equipo de calle del Mides. Presumen que, por su estado, consume drogas.

"Se ha constatado que la señora y su pareja cuidan coches en la zona de 18 de Julio y Ejido, mientras que los niños luego de salir de sus respectivos centros educativos permanecen junto a ellos y en varias oportunidades se los ha visto ejerciendo la mendicidad", relatan.

Y concluyen: "Informamos a la sede competente la grave situación que padecen los niños a los efectos de que se puedan tomar las medidas de protección en el menor tiempo posible, para que no se continúen vulnerando sus derechos".

El Mides envía el informe al juzgado de Familia Especializado. Dieciocho días después, el juez Dardo Nievas lo recibe en su despacho. Dos días más tarde, pide información a Primaria y convoca a Ana a una audiencia el 28 de marzo.

En el juzgado, Ana dice que no está en tratamiento psiquiátrico pero que toma medicación para el estrés y los nervios. Asegura que no consume drogas. Muestra los carné de vacunas vigentes y controles pediátricos recientes. Dice que sí, que Sofía es flaca porque no come bien, pero que la pediatra le ha dicho que no se preocupe.

La defensa de los niños plantea que la situación se encuadra en el 117 del CNA y propone medidas ante la vulneración de derechos. Pide un oficio a la escuela y el jardín para que informen sobre "concurrencia, comportamiento y estado de higiene de los niños". Se examina su estado de salud y los encuentran bien, salvo por el "peso descendido" de Sofía. Finalmente, dice Nievas: "Corresponde que Ana gestione actividades recreativas para los niños, evitando que permanezcan en la vía pública por tiempos extensos. Impóngase a Ana la obligación de gestionar consulta psiquiátrica, debiendo acreditarla en plazo menor a 30 días".

***

En una pieza de una casona en la que viven varias familias, Inés llora. Es 15 de abril de 2017 a las 11:45, su mamá se fue y la dejó ahí, sola. Inés tiene apenas 10 meses. La vecina reacciona a su llanto y se mete en la pieza. Le da una mema, la calma, la pone en el andador.

Llama a Valeria, su madre, que dice que demora 15 minutos. Pasados 25 vuelve a comunicarse, pero la respuesta que recibe es: "No voy a ir, llévense a la niña, yo sé lo que tengo que hacer y a dónde ir".

Preocupada, la vecina llama a la seccional 12 y denuncia el abandono. No es la primera vez que pasa. "Casi todos los días la deja sola y los vecinos se hacen cargo", asegura. La denunciante agrega que Valeria tiene otros cinco hijos menores de edad bajo el cuidado del INAU.

Dos oficiales se hacen presentes en la vivienda y llevan a la beba al Pereira Rossell. Luego salen a buscar a la mamá, a quien encuentran 15:30 caminando cerca de la casa. Les dice que a veces se siente "desbordada". Tiene hematomas en el cuerpo. La conducen a la seccional. "Sé que tengo una responsabilidad, me siento mal por lo que hice y quiero salir adelante con mi hija sin depender de nadie, porque yo amo a mi hija", declara Valeria.

Le hacen una pericia en el Vilardebó: "No presenta patología que le impida reconocer el carácter de sus actos. Debe continuar control en policlínica de Psiquiatría". Se releva que sus otros hijos fueron entregados al INAU hace dos años por ella misma. También se recoge que sus únicos ingresos son la tarjeta del Mides y la asignación familiar.

Interviene el juez Nievas, el mismo que vela por los derechos de Juan y Sofía, y dispone que Inés vuelva con su madre. El centro Maiteí, de puerta de entrada de bebés, se la entrega el 18 de abril.

De acuerdo a un informe de la Institución de Derechos Humanos de 2015, más del 10% de los motivos de internación de niños por amparo fue su situación de calle. Foto: archivo El País
Foto: archivo El País

Intérnese.

El 4 de mayo, 16 días después, la fiscal Sylvia Gari solicita al juez en forma urgente un informe en el domicilio de Inés "con especial pronunciamiento respecto de si la misma se encuentra o no en situación de vulnerabilidad". Una trabajadora social va al domicilio y se encuentra con que no están. Un vecino, ocupante del lugar desde hace varios años, informa que hace dos semanas Valeria se habría ido del lugar junto a su hija. "Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se sugiere se solicite ubicación de paradero".

Ante esto, el 2 de junio el juez libra un oficio a la Policía para averiguar dónde están Valeria e Inés, y aunque lamenta que la técnica no haya ahondado en su valoración de por qué la situación es grave, ordena su posterior internación. Envía un oficio al INAU para su conocimiento.

***

Ya pasaron dos meses y dos días desde que Ana salió del juzgado con la orden de ser mejor madre, cuando un nuevo informe de Plataforma Millán enciende otra alerta. Dice que a partir de la intervención judicial Ana aumentó la resistencia al equipo, permaneciendo en la calle durante todo el día. Explican que el 25 de mayo se la derivó a otro centro en convenio con Mides, "con el objetivo de reanudar la intervención desde otro lugar".

Sin embargo, Ana se escapa de allí. La gente de Calle del Mides vuelve a encontrarla. Una noche regresa al centro con sus hijos, dice que consumió pasta base "y se muestra preocupada por la situación de los niños, dada la exposición y el riesgo a los que estuvieron sujetos". "Le solicita al equipo de trabajo que Sofía y Juan ingresen a INAU, ya que no puede continuar a cargo de ellos. A su vez, les informa a los niños la decisión", relatan.

Se coordina con INAU, pero al día siguiente Ana decide no ir, lleva a los niños a los centros educativos y acuerda volver al hogar. El informe insiste en que siguen sin actividades recreativas, que están en la calle la mayor parte del día y que ella sigue sin consultar a un psiquiatra. En suma, "informamos a la sede del agravamiento de la situación", concluyen.

Ante "la contundencia de los términos del informe del Mides", Nievas revé su postura inicial y el 12 de junio dispone la internación. Manda oficio a INAU con urgencia, pide saber de inmediato dónde se los interna y un informe de seguimiento.

Aguárdese.

A partir del oficio de internación de Inés, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública rastrea sin éxito su paradero. La división de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior pone al tanto a la Seccional 12. Transcurren dos meses sin novedades.

Entre tanto, el 7 de junio, la asistente social de un programa que INAU y Mides tienen para acompañar el egreso de adolescentes privados de libertad, fue a visitar a una joven y de casualidad se topó con Inés. La beba, que para ese entonces tenía un año, estaba junto a su hermana mayor, que tiempo atrás había cometido una rapiña. Ambas estaban con una amiga de Valeria, que dijo haber recibido a la beba "en estado de descuido" y con una "crisis de asma". Una semana después, Valeria volvió y se la llevó otra vez. La asistente social escribe un informe al programa Línea Azul, de INAU, para derivar la situación. Dice que hay "indicadores de riesgo" y agrega la dirección de la pensión donde supuestamente viven.

Una técnica de Línea Azul va a la pensión, conversa con Valeria, reconstruye su vida y la de sus hijos. Percibe que no tiene noción de los deberes inherentes a su maternidad. "Su apuesta en palabras respecto a la beba es yo tengo que poder criarla; expresa querer tener la satisfacción de criarla", plantea. El 9 de agosto llega su informe al juzgado.

Ahora sí: tienen la dirección. Sin embargo, lo que sigue es un desolador intercambio de cartas y mails entre la fiscal, el juez, Línea Azul y distintas dependencias policiales. Nadie va a buscar a Valeria a la pensión. Nievas deja entrever la molestia de que, siendo Línea Azul un programa de INAU, el hallazgo no haya activado la internación inmediata. El 11 de septiembre libra un oficio dando plazo de dos meses. El 19 de diciembre vuelve a reclamar una respuesta de la UDU, sin éxito. Esa es la última actuación del expediente.

***

Ana se fue otra vez del hogar. Dijo que viviría con su pareja pero no aportó la dirección. Nadie le comunicó que hace un mes el juez decidió sacarle a los niños.

El 27 de julio, ante la falta de información sobre su paradero, Nievas pide a Primaria que diga si los niños concurren a algún centro educativo y dé la dirección. El 22 de agosto llega la respuesta: Sofía cambió de escuela cuatro veces en los últimos dos años.

Desde el actual centro educativo informan que la niña vive en un predio con varios familiares y aportan la dirección. Dicen que almuerza en la escuela y cena en un comedor social. Que "le cuesta respetar las reglas de la clase, reacciona agresivamente al ser observada y desafía a los adultos referentes". Agrega que la niña "cree tener autonomía e independencia en los traslados dentro del local" y que "se ha orinado en el salón". Manifiestan dificultades para contactar a la mamá. "En suma, Sofía es una niña con dificultades a nivel social y cognitivo, con un bagaje de conocimientos callejeros que preocupan, con dificultades en la higiene y atención de salud", plantean.

Ahora sí: al igual que sucedió con Sofía y Juan, finalmente tienen la dirección. El 7 de septiembre el juez libra un oficio a INAU dando un plazo de tres meses para concretar la internación. El 28 de diciembre, ante la falta de respuesta, vuelve a preguntar si se efectivizó.

El 12 de enero llega una carta de INAU, pero no: no han podido amparar a los niños. Al parecer, el número de puerta aportado por Primaria no existe y nadie en la zona conoce a la familia. Pasa un mes antes de que Nievas vuelva a pronunciarse sobre el caso. Y cuando lo hace, libra un oficio a la Policía solicitando averiguación de paradero. Otra vez. Eso fue el 14 de febrero. No hubo más novedades.

Diego Lapeyre- Director de INAU Montevideo
"Buscamos alternativas a la orden de internación"
Diego Lapeyre. Foto: Francisco Flores

—Ante las órdenes judiciales de internación por amparo, ¿qué capacidad de respuesta tiene INAU?

—A partir de la creación de la dirección departamental de Montevideo, en 2016, se creó una unidad, la Unidad de Derivaciones y Urgencias (UDU), que toma y canaliza esa orden de protección en el sistema de 24 horas. Primero se hace un análisis con los operadores que trabajaron la situación. UDU profundiza y busca alternativas, ya sea revirtiendo la orden de internación del juez…

—¿Cómo revirtiendo?


—Porque muchas veces encuentra algún otro actor en el contexto familiar y comunitario que puede hacerse cargo.

—¿Pero eso no es previo a la orden de internación?

—Hay un análisis previo. Pero la UDU no es solamente una unidad que ejecuta una disposición. Hay un equipo técnico que valora y ve las alternativas.

—Me sorprende lo que dice porque se supone que cuando hay orden de internación, el INAU como poder ejecutivo debe acatar.

—Bueno, obviamente cumplimos la orden, pero también a veces cuestionamos y planteamos lo que aparece luego de volver a peinar la situación del entorno. En algunos casos el juez revierte la orden. Tenemos la consigna de que la internación es la última medida.

—¿Perciben que el Poder Judicial está en esa misma sintonía?

—Yo creo que sí. Cuando uno fundamenta con rigor técnico, no hay ningún juez que se niegue.

—Volviendo a la capacidad de respuesta, ¿cuántos cupos tienen?

—En centros de protección 24 horas atendemos a unos 1.700. Esto lo hacemos a través de los 33 proyectos oficiales (hogares), los 18 convenios y también en familias en cualquiera de sus modalidades. Hoy tenemos 209 niños y adolescentes en familias amigas; son cerca del 10% del total [...] Sí, es poco.

—Entonces hay 1.700 niños y adolescentes efectivamente ingresados al sistema de 24 horas en Montevideo. ¿Hay más demanda?

—La demanda es constante y el flujo no para. La apuesta que ha hecho INAU a la territorialización hace que surjan cada vez más situaciones y la demanda aumente. Hoy podríamos decir que el sistema está en un equilibrio. En tensión, pero en equilibrio.

—Sé que en un momento del año pasado se acumularon más de 120 órdenes de internación de la Justicia a las que no se les podía dar respuesta. ¿Lo pudieron superar?

—En realidad no tengo claro que sean 120. Sé que fueron unas cuantas… En 2016 empezó a trabajar la UDU y teníamos unas 60, 70 situaciones que se lograron revertir en su mayoría. Sí, en realidad la UDU, en esto de tomar lo que hacía antes el DED (división de estudio y derivación), tuvo situaciones que se acumularon. Muchas veces porque no se pudo concretar la quita, es decir, no se pudo dar cumplimiento a la orden judicial. Nosotros no actuamos como Policía.

—Entiendo que la apuesta es a la no internación, pero una vez que hay una orden judicial por vulneración explícita de derechos… si se acumulan 120 situaciones, el INAU está falta.

—En realidad, nosotros la orden judicial siempre la cumplimos. Lo que hacemos es revisar y buscar otras alternativas. Y pudo haber ocurrido algún momento puntual en el que por los recursos finitos, se hayan acumulado casos. Pero cuando hay riesgo de vida y la vulneración existe, cumplimos.

El tribal, síntoma de la misma saturación
Foto: Darwin Borrelli

Sobre el final de la semana pasada, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) difundió un informe sobre la última visita que su Mecanismo Nacional de Prevención hizo en el centro Tribal, puerta de entrada de adolescentes al sistema de protección de INAU. La institución advertía sobre el hacinamiento de un hogar que albergaba a 51 adolescentes pese a estar pensado para 30, por lo cual muchos dormían en el suelo. Refería a basura acumulada, ratas, falta de baños, ausencia de contención. El informe motivó que el INAU separara del cargo a la directora, designara una dirección temporal y anunciara el cierre de ese centro. Según supo El País, hoy hay 40 adolescentes allí, cada uno con una cama.

Lo del Tribal, que saltó como una situación aislada, es parte del mismo fenómeno de saturación. En el Tribal, así como en las otras puertas de entrada, están los niños que el INAU ingresa para luego derivar. Su superpoblación es síntoma de la falta de cupos, ya sea en hogares o en familias amigas, para darles amparo efectivo. Lo que no se ve en el Tribal ni en las otras puertas es lo que el INAU no llega siquiera a ingresar. Son los Juan, Sofía e Inés que permanecen invisibles en listados internos y expedientes judiciales.

María José Doyenart y Ana María Grassi son las técnicas que redactaron el informe que desató la crisis esta semana y en la Inddhh se ocupan de monitorear el sistema de protección de INAU. Doyenart y Grassi dicen que aunque sus recomendaciones no son vinculantes, esta dirección, a cargo de Marisa Lindner, ha tenido voluntad de introducir cambios. Por ejemplo, incorporando personal en Casa del Sol, la puerta de entrada de niños en edad escolar. Hasta septiembre, el hogar era un "caos"; a partir del cambio, mejoró. Pero en Cevip, adonde ingresan los bebés, no se han adoptado las medidas sugeridas. Es un centro con rasgos de asilo, inadecuado para la función.

En lo locativo, el INAU está "saturado", dicen ellas. Si bien se apela a desinternar, siguen entrando más y más niños. Todos los hogares, para cada uno de los perfiles, "están al límite". En cuanto a las familias de acogida, las técnicas entienden que hay pocas dispuestas, pero resaltan que el INAU también carece del equipo suficiente para el trabajo con ellas y su monitoreo.

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