Los vecinos del río

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Paula Barquet, en Artigas

Hay un lugar en Artigas que siempre se inunda cuando crece el río Cuareim. Se llama San Eugenio del Quaraí, queda justo en la frontera con Brasil. Además, es una de las zonas más pobres de la ciudad.

Allí construyeron sus casas de material varias familias que con el tiempo se han acostumbrado al agua y la frustración. Como no tienen dinero para comprar algo mejor, su esperanza es que algún día la intendencia les ofrezca un realojo.

La infraestructura y los servicios básicos llegan a estas familias que tuvieron "mala suerte" o que "no pensaron" en la cercanía del río cuando adquirieron sus propiedades sobre la calle Manuel Oribe.

Pero hay otros, también en San Eugenio, que se instalaron de forma irregular en la continuación de la calle: sin agua, sin saneamiento, sin luz. Son sólo unos pocos ranchos pero representan un verdadero problema para el municipio artiguense.

Sus chapas se cayeron en noviembre, durante la última inundación. Pasaron varias semanas evacuados en el gimnasio municipal. Lo poco que tenían se lo llevó el agua. Y a pesar de todo, volvieron. Levantaron las chapas y comenzaron de nuevo sabiendo que en la próxima crecida se repetirá la historia. Lo más llamativo es que la intendencia les dio una mano.

solución de emergencia. Hace pocos días Qué Pasa estuvo en San Eugenio. A los dos ranchos que había en noviembre se sumaron dos más. Uno de ellos se notaba en plena construcción, otro ya parecía terminado. Un camión municipal justo entregaba tapas de eucaliptos y clavos a sus habitantes.

"Son los mismos de antes, pero ahora hicieron todo bien prolijito", cuenta Sonia sin desprecio pero con cierta resistencia hacia sus vecinos. Su casa es una de las más próximas al pequeño asentamiento.

Los saluda si se cruza con ellos, pero no tiene mucho trato porque -confiesa bajito- "son chorros", y algunos de ellos "menores que se escapan del Inau". "La Policía ha sacado horrores de cosas (robadas) de allí", agrega.

Es viernes de tarde y dos hombres de entre 15 y 20 años remolonean sin actividad aparente. "Están todo el día así", asegura Sonia que además cuenta que todos los colchones y ropa que les dieron después de la inundación, los vendieron.

Desde la dirección de Acondicionamiento Urbano confirmaron la ayuda a estas familias e informaron que la Intendencia Municipal de Artigas (IMA) entregará todos los materiales necesarios para reparar los daños de la inundación.

La de San Eugenio "es una solución de emergencia para el problema inmediato", reconoció un técnico de esa división, al tiempo que aclaró que esa zona -como otras en Artigas- "amerita un realojo" que "no es fácil".

La IMA no cuenta con una "cartera de tierras" disponible y adecuada para realojar. El único lugar que podría servir es el cerro San Eugenio, que además de estar alejado de la ciudad, no tiene infraestructura básica. Implicaría una "decisión política muy costosa" y "raya lo no viable", dijo el funcionario que prefirió mantener su nombre en reserva.

La de San Eugenio es, hasta ahora, la única posibilidad.

A su vez hay otro inconveniente que, en términos del funcionario, "se llama desarraigo". Habría que convencer a los habitantes de los barrios inundables -Rampla, Kennedy, San Eugenio y Hospital- que dejen sus casas. El funcionario de la IMA dijo que ya se ha intentado hacerlo con equipos interdisciplinarios y no han tenido éxito.

Pero además se trata de un problema eterno porque cada vez que en Artigas han logrado realojar a los habitantes de un asentamiento, al tiempo han ido otros a llenar el baldío.

Lo mismo en San Eugenio. Tras la inundación de 2001, el gobierno trasladó a los que vivían en San Eugenio y los realojó en el barrio La Tomatera, donde se construyeron 42 viviendas.

Sin embargo, nunca se termina de aceptar que ese terreno a orillas del Cuareim no es habitable. Hace décadas que San Eugenio se coloniza y se descoloniza.

Las cuatro familias que volvieron a instalarse allí después de la última inundación forman parte de los más de 80 expedientes "pos-inundaciones" sobre los que trabaja la intendencia. En los próximos días se definirá qué hacer en cada caso, en función de si la familia tiene los medios y los recursos humanos necesarios para reparar su vivienda. Los datos surgen de un reciente relevamiento a cargo de arquitectos y trabajadores sociales.

La respuesta de la IMA puede llevar meses así que, mientras, se intenta hacer llevadera la situación de los damnificados. Aunque se trate de una solución de emergencia, como dicen, no queda claro si de esta forma no se contribuye a que suceda lo mismo en la próxima inundación.

El dinero de materiales y técnicos proviene de distintas fuentes. La intendencia no ha hecho el cálculo total de sus gastos, pero se sabe que el Ministerio de Vivienda aportó cinco millones de dólares y la Cruz Roja donó 500 dólares.

Estiman que el realojo cuesta 70.000 pesos por familia. Quizá sean 80 casas, quizá sean menos. El Estado debería asumir ese gasto si quisiera una solución duradera para los inundados de siempre. En realidad, se entiende que lo de "duradero" es relativo: durará hasta que el próximo descubra el terreno y clave su bandera como si allí nada hubiera pasado.

En Bella Unión sí hay una zona adecuada para construir y realojar a los damnificados de esa ciudad por la pasada inundación. Ya se hizo el fraccionamiento de una parte del barrio Sur y el proyecto arquitectónico está en proceso.