MENSAJE POLÍTICO

La legítima defensa alcanza ahora a policías y militares pero, ¿qué tanta efectividad tendrá?

La LUC amplía el alcance de la legítima defensa a funcionarios de los ministerios del Interior y Defensa. Expertos cuestionan su impacto a nivel jurídico, pero la Policía ya se siente más amparada.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

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Un comerciante mata a un delincuente que intenta robarle y va a prisión. Un extraño intenta ingresar en una casa habitada, el dueño le dispara y va a prisión. La indignación de la ciudadanía arde y las banderas partidarias se izan de un lado y de otro —si es que existe tal cosa como una división. Mientras tanto, desde que el gatillo se aprieta hasta que se dicta la sentencia, jueces, fiscales y abogados se sumergen en el análisis de los tres elementos que componen la legítima defensa, que ahora, con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se amplían. 

Esos elementos, que figuran en el Código Penal desde 1934, son: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para defenderse o impedir el daño, y la falta de provocación suficiente. Si estas tres condiciones se cumplen, acompañadas de la intención de defender, se está ante un caso de legítima defensa. La conducta de quien lastima o da muerte a alguien que pone en peligro sus derechos, se justifica. El delito se “elimina”.

Pero ningún caso es tan simple. Cada uno es un laboratorio. Esos elementos escritos con rigidez deben ser interpretados por observadores objetivos, pero por más objetividad que pueda tener un investigador, puede haber más de una lectura sobre un mismo caso. O al menos, esa fue una de las motivaciones para modificar el Código, que ahora especifica los lugares próximos a una casa —balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas— donde la víctima puede sentir la necesidad de defenderse de un agresor. Y agrega también, entre otros cambios, dos párrafos sobre cómo debe entenderse la racionalidad, el elemento más valorativo de la legítima defensa.

En concreto, sobre esto, la LUC incorpora: “El medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida”. Y en la frase siguiente, que crispó el debate en el Parlamento, se determina: “Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.

Amadeo Ottati, abogado penalista y profesor emérito de la Universidad Católica, fue parte de la redacción de ese agregado y lo explica así: “La intención de la frase es permitir que, cuando una persona es víctima de un hurto o de una rapiña —o sea, un delito contra la propiedad— pueda responder a ese ataque empleando violencia contra la persona que lo comete, causándole alguna herida o incluso la muerte”, aún cuando la amenaza a la vida haya cesado.

Ottati señala que el Código Penal, en su redacción original, “habilita no solo la defensa de la vida sino también la de los demás derechos, entre ellos, el derecho de propiedad”.

¿Por qué, entonces, es necesaria esta reafirmación? A su juicio, el derecho de propiedad no era tenido en cuenta por “algunos jueces o fiscales”, ya sea por sesgos políticos o por “mala voluntad”. Entonces, “se negaba legítima defensa en casos donde la vida no corría peligro, pero sí la propiedad”, sostiene.

Sobre la consideración de la legítima defensa aun cuando no hay agresión física o cuando la agresión finalizó, Ottati ejemplifica: “Muchas veces ocurría, por ejemplo, que una persona ingresaba armada en un negocio, encañonaba al dueño o empleado obligándole a que le entregara todo el dinero de la caja y se retiraba con el botín. Y si la víctima tomaba un revólver, salía corriendo tras el rapiñero y le disparaba para evitar que se fuera con su dinero, solía negársele la legítima defensa, alegando que en ese momento su vida ya no corría peligro porque el autor del delito se estaba yendo”.

A su vez, Ottati afirma que la modificación no es una vía libre para que un comerciante mate “impunemente” a un ladrón, ya que “el modo en que se defienden los bienes debe ser siempre racional”.

Además, sostiene que, al fin de cuentas, esa valoración queda únicamente a criterio del fiscal o del juez que evalúa el caso. Pero agrega que ahora, esa valoración de la racionalidad del “modo” en que se defienden los bienes deberá hacerse de acuerdo a esta nueva redacción.

Al discutirse este artículo, la oposición se dejó oír. Se hicieron predicciones de más violencia y se habló de que la nueva norma equipara el derecho de propiedad con el de la vida. Pero más allá de las discusiones políticas, hay reparos académicos.

Para el abogado Marcelo Domínguez, profesor adjunto de la cátedra de derecho penal de la Universidad de la República, la nueva redacción es innecesaria. En particular, cuando se habla de los bienes patrimoniales, hay una confusión del concepto, dice el abogado. Allí, la “racionalidad” cobra un sentido distinto al que tiene en el renglón previo.

El agregado de Ottati dice que “el medio se considerará racional (...)”, pero Domínguez puntualiza que no son los medios los que deben evaluarse como racionales o no -por ejemplo, si se utilizó un cuchillo o una pistola-, sino la necesidad real que se tuvo de emplearlos.

Domínguez lo explica de esta forma: “‘Racional’ califica a la necesidad y no al medio”, y este calificativo amplía el ámbito en el que se puede justificar el delito, dice, ya que no es preciso que “a posteriori se compruebe que el medio empleado era estrictamente necesario”. El abogado indica que basta con que, en el momento de actuar y a la vista de las circunstancias, “el sujeto que se defiende pueda creer racionalmente —en una creencia objetivamente fundada—, que (ese medio) era necesario”.

En otras palabras, no se trata de si se empuñó tal o cual arma, sino de haber creído necesario utilizarla. Por eso, según sostiene, la nueva frase genera confusión.

Pero al margen de esta apreciación, ¿cómo determina un juez o un fiscal que un sujeto, con la intención de defenderse, creyó en determinado momento que necesitaba un arma y no, por ejemplo, disuadir al agresor con la palabra?

“Racionalidad es que, mirando desde el punto de vista de un observador objetivo, consideramos que esa conducta en el momento que se realiza era racional para defenderse. No lo podemos mirar con el diario del lunes. Tenemos que situarnos en el momento adecuado y ahí poder interpretar la racionalidad”, responde Domínguez, que también considera innecesarias las demás modificaciones a la legítima defensa, como por ejemplo, haber incluido a funcionarios policiales y militares en el amparo de la misma.

La Ley de Urgente Consideración especifica las zonas donde la legítima defensa puede ser considerada.

En las zonas urbanas, los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares se consideran dependencias de la casa en las que el dueño puede defenderse de un intruso, siempre y cuando se cumplan las tres circunstancias necesarias para que la defensa sea legítima. La distancia entre la casa y las dependencias debe ser “razonable”, dice la norma. Para el abogado Juan Fagúndez, las especificaciones de este tipo “siempre suman”. Pero plantea: “¿Cuántos metros constituyen una proximidad razonable?”. Por más limitaciones que se pongan, “siempre puede haber un caso que requiera el uso de la lógica, el razonamiento, el sentido común”, dice. En legítima defensa no existe un caso estándar.

El policía uruguayo.

En octubre de 2016, el presidente Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para que la legítima defensa alcanzara también a funcionarios policiales que se vieran involucrados en enfrentamientos con delincuentes. Tres años después, fue promesa de campaña a pedido del sindicato policial. Hoy, la extensión de la legítima defensa a funcionarios de los ministerios de Interior y de Defensa es ley.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) está conforme con esta redacción. Durante la campaña electoral habían hecho llegar un proyecto de ley propio a todos los candidatos, “para que se generara una norma acorde a las necesidades que el funcionario policial tenía a la hora de defenderse”, dice Rodríguez. Pese a que el proyecto no prosperó, el sindicato ve en la LUC “una herramienta más” para defenderse. “Suponemos que va a generar un extra en lo que es el respaldo”, sostiene la presidenta de Sifpom.

El martes por la madrugada, un joven murió de un disparo tras un enfrentamiento a balazos con dos policías en Carrasco Norte. El episodio fue confuso; los dos agentes declararon en Fiscalía y quedaron en libertad. El caso se está investigando. Consultado sobre si se trató de legítima defensa, Andrés Ojeda —abogado de los agentes y de Sifpom— dice que se actuó “conforme al cumplimiento de la ley”, más allá de si hubo o no legítima defensa.

“Jurídicamente, los policías actúan con la causal de justificación ‘cumplimiento de la ley’. Después, naturalmente, actúan en legítima defensa como actuamos todos los ciudadanos de la República. Pero en principio, lo que ampara y obliga a los policías en su actividad es el cumplimiento de la ley”, sostiene. En este caso, señala Ojeda, se rigen y amparan en la Ley de Procedimiento Policial.

A su juicio —y lo sostiene aún como defensor de los policías del Sifpom—, el agregado de presunción de legítima defensa para policías y militares “no cambia demasiado”. Lo ejemplifica así: “Si lo que pasó en Carrasco Norte pasara con la LUC aprobada, no cambiaría nada, se resuelve exactamente igual. Jurídicamente, no va a cambiar nada”, considera Ojeda. “Pero si sirve para que (los policías) se sientan más seguros, adelante”.

Por su parte, Juan Raúl Williman, abogado del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), sostiene que la causa de justificación más utilizada para defender policías es el cumplimiento de la ley y no la legítima defensa.
“Son todas causas de justificación que eliminan la antijuricidad (el delito). Pero las veces que me ha tocado defender policías, he utilizado mucho más el cumplimiento de la ley que la legítima defensa, que queda, más bien, para particulares”, dice el abogado, que planteó lo mismo en comisión cuando concurrió con el presidente del SUPU, Jorge Madrid Melgares.

Madrid, al igual que Rodríguez, está conforme con la norma. “Cambia un montón el amparo hacia los funcionarios policiales. Lo habíamos dicho ya en el Parlamento”, sostiene, pese a que el abogado del sindicato reconoce que la norma no tiene un impacto real en la defensa de policías.

Si la Ley de Procedimiento Policial ya se utiliza en la defensa de los agentes que hieren o dan muerte a una persona durante el ejercicio de su deber, ¿por qué ahora figuran también en las líneas de un artículo escrito, en su génesis, para el amparo de un civil?

Según Alberto Reyes, presidente de la gremial de jueces y ministro de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, la modificación al código obedece a un “discurso universal” que llegó a los legisladores. “El Parlamento entendió necesario ‘respaldar’ a la Policía a partir de la desconfianza instalada en que los jueces siempre presumimos que no respetan los derechos de las personas, que usan excesivamente la fuerza, que la ley les ata las manos en la represión de los delitos, que los agentes del orden están indefensos”, dice el magistrado. “Ese discurso policial, universal y muy efectivo, no tiene base empírica”.

Reyes pone el mismo ejemplo que Ojeda: “En el caso de Carrasco Norte, si no se demuestra que el accionar policial fue abusivo, el policía que disparó en un procedimiento no puede ser reprochado penalmente, con o sin la presunción (de legítima defensa) aprobada en la LUC”.

El magistrado sostiene que ese “discurso universal” de la Justicia versus la Policía apunta a “soltarla”, y eso constituye un riesgo, una puerta a los excesos policiales. No obstante, aclara que el riesgo no está en la norma en sí: “No veo en la ley ese alcance de que van a a poder hacer cualquier cosa. No”, enfatiza. “El problema es que se interprete por la Policía que el cambio va por otro lado, por el ‘gatillo fácil’”.

En el mismo sentido, Domínguez dice que este agregado puede dar una “falsa impresión” de amparo en situaciones que pueden llevar a abusos policiales. Y si esta impresión genera una tendencia al exceso, Domínguez sostiene que los funcionarios quedarían “situados en un escenario procesal donde dicha protección se esfuma”, ya que en un juicio, lo único que se tiene en cuenta es si hubo cumplimiento o no de las pautas que se exigen en la Ley de Procedimiento Policial “para ver si la conducta se subsume o no en la causa de justificación”.

Patricia Rodríguez hace frente a las críticas políticas y las predicciones de “gatillo fácil”. Para ella, quienes ven a la Policía como una fuerza que espera el respaldo estatal para apretar el gatillo más seguido están sesgados por “un concepto ideológico”. “Se busca remover ciertas épocas de la Policía que nada tienen que ver con la actualidad”, dice. Para la agente, no se mira “la realidad del policía uruguayo”.

Y justamente, sobre la realidad del policía uruguayo, el ministro Reyes pregunta: “¿Cuántos policías han sido enjuiciados penalmente o responsabilizados disciplinariamente por empleo ilegítimo de la fuerza?”. No hay estadísticas, dice el magistrado, pero asegura que desde que se desempeña en tribunales recuerda “pocos casos de policías en una situación así”.

Para Rodríguez, la clave para evitar abusos está en la formación. “Si uno sale bien formado, va a ser un policía que dé garantías y la ciudadanía no tendría que poner en tela de juicio que tenga o no más potestades, cuando la realidad es que las debería tener desde siempre”, asegura.

Pese al alcance limitado de la nueva norma, el mensaje está dado. La Policía siente el respaldo. La promesa de campaña parece cumplida.

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