La Policía se esmera en levantar personas de las calles, pero el de ellos es un trabajo casi en vano. Los indigentes se niegan a ingresar a los refugios y nadie los puede obligar. De los miles que han detenido, solo 47 fueron procesados por la ley de faltas, que no termina de ser una solución.

El hombre fue trasladado por la Policía una, dos, tres… hasta 26 veces, pero no escarmentó y sigue durmiendo en las calles cercanas a la Intendencia de Montevideo. Cada vez que llegan los uniformados con tapaboca y guantes de látex, la persona ni chista al despertar, toma sus pocas pertenencias, sube a uno de los dos furgones y es conducido —por un camino que conoce de memoria— hasta donde asisten a los detenidos por cometer la falta de pernoctar en espacios públicos. A las horas está otra vez en la calle, a la espera de que los policías lo dejen descansar.

No es que se hayan ensañado con este hombre u otros que están en su misma situación. En realidad, es parte del patrullaje que realiza la Policía de Montevideo desde la implementación de la ley 19.120, más conocida como ley de faltas. La leypenaliza la "ocupación permanente y reiterada de espacios públicos" cuando se constata que una persona se ha instalado en la calle más de tres veces.

Desde setiembre de 2013, cuando la normativa entró en vigencia, y hasta abril de 2015, el equipo especializado del Ministerio del Interior realizó 6.735 intervenciones y detectó a más de 2.450 personas en situación de calle: cuatro veces más que las estimaciones de la Intendencia de Montevideo. De ellas, 735 fueron conducidas más de tres veces, pero solo en 47 casos la Justicia dictaminó un procesamiento.

Hace dos semanas murió una persona en situación de calle, aparentemente por hipotermia. Hacía casi dos años que no ocurría algo así. A raíz de esto, la ministra de Desarrollo Social (Mides) Marina Arismendi se quejó de la baja efectividad de la normativa. "Es un tema que vamos a tener que revisar, porque en el refugio destinado a ley de faltas en general no tenemos personas, pero lo tenemos que tener abierto porque la ley lo manda así", señaló.

No es la única crítica que recibió la ley. A más de un año de implementación, el fiscal de Corte Jorge Díaz dice que "ya es hora de hacer una evaluación". ¿Por qué? "El derecho penal no resuelve los problemas sociales. Nunca los resolvió, no tiene vocación para eso. Debería ser la última muralla de resistencia de la sociedad", dijo Díaz, sin dejar de reconocer que "mientras exista la ley la obligación es cumplirla".

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Para Díaz es necesario discutir, en primera instancia, si una falta amerita una pena. Y en segundo lugar, la revisión del artículo 14 que dice que quien "ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma".

A las 7.30 de la mañana comienza el operativo. Ocho policías comandados por el oficial Yoni Wints y que pertenecen al llamado Grupo de Reserva Táctica deben patrullar Montevideo en busca de personas ocupando la calle. La estrategia puede variar pero, por temas administrativos, la mayoría de las veces recorren la jurisdicción de una sola seccional y toman en cuenta las denuncias que los vecinos han realizado en esa zona.

El recorrido lo realizan en dos furgones. En uno trasladan a los efectivos, las tablets y los formularios; en el otro, que hace de cárcel ambulante, llevan a los indigentes y algunas de sus pertenencias —pueden cargar mascotas, ropa y bicicletas; el resto lo requisa el equipo de limpieza de la Intendencia.

A las personas en situación de calle las trasladan hacia el centro de atención que queda en Víctor Haedo 2193. Allí los revisa un médico de ASSE y tienen una entrevista con el equipo del Mides que los intenta persuadir para que concurran a un refugio en forma voluntaria. "La idea no es obligar a la persona, sino mostrarle las ventajas de ir a un lugar techado, con duchas y abrigo", explica Mayra Aldama, directora de la División de Protección Integral del Mides. La mayoría no hace caso y opta por volver a la calle, a su espacio.

Este sistema rige desde hace un año y dos meses. Antes la Policía conducía hasta la comisaría a los indigentes que tenían más de tres detenciones. Por entonces, de las 500 personas que encontraron en esa situación, "no hubo ningún procesado", recuerda Wints. "Nos reunimos con los fiscales y nos dijeron que los jueces concluyen el proceso porque en las propias comisarías los dejan sueltos".

Ya en 2014, con el nuevo sistema, los dos jueces de Faltas procesaron a 47 personas, dos de ellas con prisión por reiteración en el incumplimiento de la pena. "Es algo, pero parece poco", opina Wints, porque la cantidad de gente que conduce la Policía es mucho mayor a la que finalmente procesa la Justicia. A modo de ejemplo, a principios de este mes su equipo de patrullaje trasladó en un solo día a 22 individuos de una jurisdicción de la Seccional Tercera, en el Centro.

En el área comercial es donde se concentran más personas en situación de calle. De hecho, la Seccional Tercera registra el récord de intervenciones, un total de 1.197 desde setiembre de 2013 hasta abril de 2015. Esta realidad es constatada, también, por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de la intendencia que se encarga, entre otras cosas, de la desocupación de los espacios públicos para la limpieza de los mismos. Entre los municipios B, C y CH —el triángulo que se forma entre el Prado, la Ciudad Vieja y Punta Carretas— realizan cuatro de cada cinco actuaciones.

"Por lo general (allí) es donde las personas consiguen una changa o tienen un vecino que les da de comer", dice Jorge Cuello, prosecretario de la Intendencia, quien comprende la actitud solidaria de los vecinos aunque advierte que de esta manera "se fomenta que la situación perdure".

La estación de AFE, la Plaza Gomensoro, la parte trasera del Punta Carretas Shopping, el puente de Sarmiento, el Mercado Modelo y las calles paralelas a 18 de Julio, son puntos clásicos "donde se suele localizar a alguien", comenta Wints. El oficial explica que encuentran a personas a toda hora. Muchos de ellos "salen de un refugio nocturno y se ponen a dormir en la vía pública a pleno sol".

Así como hace 10 años el principal problema era la pobreza, "hoy la principal causa es el consumo de drogas", señala Cuello. "Estas personas pierden el vínculo familiar y luego el barrial, por eso se trasladan".

En nueve de cada 10 casos quienes ocupan espacios públicos son hombres. En su gran mayoría tienen menos de 40 años y casi no hay menores de 18. No suele verse a familias enteras. Hasta el 28 de febrero de este año fueron identificados 22 extranjeros durmiendo o acampando en espacios públicos, siete de ellos argentinos.

La mitad de los indigentes trasladados no tiene antecedentes penales —el 55% de quienes sí es por hurto. Solo dos veces la Policía localizó a personas requeridas por la Justicia: una por haber cometido un homicidio en Durazno y otra por una rapiña en Montevideo.

Cada vez que Wints o un efectivo de su equipo se acerca a un indigente, toma las precauciones que debe tener cualquier policía. Eso sí, como las personas no están cometiendo un "delito grave" el trato intenta ser cordial y buscan incentivarlo a que vaya a un refugio. Hace dos semanas El Observador publicó un video que muestra a dos agentes destratando a dos indigentes. Allí los calificaron de "bufarrón" y "viejo puto". Según dijeron a El País en la Policía, esos agentes no pertenecen al Grupo de Reserva Táctica.

Wints cuenta que "en un 80% los indigentes son conscientes de que están cometiendo una falta", y que "muy pocos se desacatan". Entre los trapos, cartones y bolsos, las personas en situación de calle suelen tener utensilios de cocina o destornilladores que usan para defenderse si reciben un ataque. Salvo por alguna pistola de plástico, la Policía no ha incautado armas convencionales. Lo común es encontrar pipas para consumo de droga.

Los policías que actúan en estos patrullajes no reciben ningún entrenamiento especial. A simple vista solo se diferencian de otros efectivos por el uso de guantes descartables, tapabocas y alcohol en gel, todos productos que usan para prevenir el contagio de enfermedades.

Por los temas sanitarios interviene en el plan el Ministerio de Salud Pública. Previo a la entrevista con los educadores del Mides, los indigentes deben pasar por un chequeo médico. Esta revisión sirve también para constatar la posible presencia de una patología psiquiátrica y la necesidad de una atención específica.

Las enfermedades psiquiátricas, el consumo de alcohol y otras drogas y la violencia doméstica explican, en parte, el aumento de personas en situación de calle y las características de esta población, dice Aldama del Mides. De hecho, hay días en que "están ocupadas las 1.760 plazas que hay distribuidas en 57 refugios".

Dos de ellos, con un total de 90 lugares, están destinados a la derivación de quienes cometieron faltas. "Pero no siempre se llenan", aclara la directora de la División de Protección Integral del Mides.

Para informar sobre una persona en situación de calle, el Mides cuenta con un teléfono gratuito (0800 8798). Desde allí se da aviso a las brigadas del ministerio que recorren los espacios públicos intentado convencer a los indigentes para que concurran a un refugio. Quienes acuden voluntariamente deben trasladarse a la Puerta de Entrada, en Convención y Paysandú.

A quienes están en falta los lleva la Policía a Víctor Haedo. Los dos refugios especiales para ley de faltas, uno en Germán Barbato y Mercedes, el otro en General Flores y José Possolo, son atendidos por la cooperativa de trabajadores Socaire. Quienes están en infracción no suelen ocupar todas las plazas. El sistema está en falta.

La ocupación indebida de espacios públicos es la segunda falta con más procedimientos judiciales iniciados. La primera es la "conducción de vehículos motorizados con grave estado de embriaguez". Hasta julio de 2014, los dos Juzgados de Faltas de Montevideo dieron inicio a 486 procedimientos por manejar bajo los efectos del alcohol. De ellos, en 205 casos hubo una sentencia dictada. Para la misma fecha, de 223 actuaciones por acampar en la calle, solo en 20 hubo un procesamiento. Por otro lado, hubo 74 procedimientos por conducir vehículos motorizados sin casco protector. En el resto de faltas (como vandalismo con los depósitos de basura o reventa de entradas para espectáculos públicos) no llegaron a contabilizarse 50 casos. La provocación o participación en desorden en un evento deportivo, uno de los temas más preocupantes que quiso abarcar la normativa, solo contó con un procedimiento iniciado y una sentencia dictada.

indigentes en espacios públicosTOMER URWICZ