La cantidad de casos de difusión de videos y fotos íntimas sin consentimiento viene en aumento. En 2014 y 2015 fueron 630. Los expertos coinciden en que las leyes están desactualizadas y disienten sobre la necesidad de legislar para las nuevas tecnologías.

Las pantallas de los alumnos de 13 y 14 años del liceo N° 3 de Río Negro se iluminaron con un mensaje inesperado. Era octubre del año pasado y mientras el director del liceo estaba de viaje en Colombia, una foto suya comenzó a aparecer en las cuentas de Whatsapp de los adolescentes. Carlos Estigarribia nunca se hubiera imaginado que esta imagen íntima, que había sacado años atrás como forma de entretenimiento con una pareja, lo iba a perseguir después de tanto tiempo. Tampoco pensó que le llegaría a estos adolescentes y mucho menos a su nieta, que tuvo que superar el trauma de haber visto a su abuelo en esa situación.

Todo empezó entre 2008 y 2009. En ese momento, la foto parecía inofensiva, era en la intimidad y la confianza para compartir el secreto bastaba. El problema surgió cuando la relación terminó y su ex, tal vez dolida y en un intento de vengarse, decidió compartir las imágenes con varios colegas de Carlos por mail. Preocupado, él acudió a la policía, alertó al Consejo de Educación Secundaria y, junto con dos colegas que habían recibido la foto, fue a que Interpol investigara el caso.

Carlos decidió no presentar cargos contra la expareja y la situación se diluyó. Sin embargo, los avances tecnológicos ocurridos entre 2009 y 2015 permitieron que aquella primera venganza perdurara, y que sus efectos crecieran exponencialmente. Aún no confirmó cómo la foto llegó por primera vez a los alumnos, pero el hecho es que de las pantallas de los celulares pasó a una ceibalita y luego a la televisión de una clase. Secundaria lo separó del cargo, inició un sumario y a los pocos días ya todo Fray Bentos conocía la historia.

Un clic en el mouse, el botón de la cámara de fotos o el celular. Lo que nace en un instante puede dejar huellas profundas. Cuando esta serie de bits atraviesa el ciberespacio y lo que en primera instancia era un entretenimiento privado se convierte en público, ya no hay vuelta atrás. Queda atrapado en la red.

La Policía recibió unas 30 denuncias de adultos por difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento durante 2014 y 2015. Cuando los involucrados son menores de edad, la cifra supera los 600 casos. La calidad de menor agrava la situación y eso puede empujar a más denuncias. El fenómeno "vie-ne creciendo año a año", admitió Winston Rodríguez, encargado de la unidad de Delitos Informáticos de Crimen Organizado.

¿El motivo? Dos de cada tres uruguayos tienen acceso a las redes sociales, un tercio de la población cuenta con teléfonos inteligentes y 2.450.000 mayores de 12 años acceden a internet, según el Perfil del internauta uruguayo del Grupo Radar, justifica la Policía. Eso sí: las autoridades no descartaron que el aumento de las denuncias esté relacionado con una mayor conciencia sobre la importancia de avisar a las autoridades.

Asimismo, hay una plataforma que, según entiende Rodríguez, hizo explotar la cantidad de denuncias: Whatsapp.

"Cada persona a la que le llegó (un video íntimo) lo pudo descargar y se lo pudo quedar y ahí no tenés el control de quién lo sube, en dónde lo sube o cuándo lo va a volver a subir", dijo a El País Pablo Ramos, experto en seguridad informática de la empresa ESET para Latinoamérica.

Por cuestiones de privacidad, Whatsapp no debería poder leer el contenido de los mensajes que se envían ni ver los videos, apuntó el especialista. "Y una vez que se envía el contenido, cualquier persona se lo baja y no es responsabilidad de Whatsapp lo que esa persona aloje en su dispositivo móvil". Por lo tanto, es casi imposible controlar la vida que tendrán estos materiales cuando llegan a los celulares. Lo que sigue, es reacción en cadena: algunos los eliminan y muchos otros los siguen compartiendo.

A la hora de bajarlos de internet, indicó Ramos, "se trata de trabajar con los motores de búsqueda para que no indexen este contenido y de esa manera no aparezca entre sus resultados". Esto no quiere decir que desaparecen de la web, sino que Google, Bing y otros no lo mostrarán entre sus resultados (ver recuadro en página 4). El hecho de que un sitio elimine un contenido es mucho más complejo y depende de dónde esté alojado el servidor y de las leyes que regulen ese territorio, por lo general bien lejos de Uruguay.

Cuando las denuncias llegan a Delitos Informáticos, lo primero que se hace es estudiar su veracidad. Luego, elaboran un perfil de la persona e informan a la Justicia sobre el caso. Se realiza un "rastrillaje" en redes sociales y publicaciones que permitan dar con el culpable, además de un "monitoreo permanente de redes", explicaba un comunicado que publicó el Ministerio del Interior esta semana. Los usuarios pueden hacer reclamos en la seccional policial de la zona o en la línea gratuita 0800-5000.

¿Hay un vacío legal en estos temas? Ninguno de los expertos en derecho informático consultados cree que lo haya, pero todos coinciden en que las normas están desactualizadas. Donde las aguas se dividen es en si se debería legislar a medida que van apareciendo las nuevas tecnologías y modalidades de delitos, o no.

El primer caso de este tipo que encontró Luisa Tosi en su carrera como abogada fue hace más de 15 años y por correo electrónico. "El gran problema del derecho penal es que la norma tiene que ser muy específica y la conducta tiene que adecuarse a esa figura". Si la tecnología deja de usarse por quedar obsoleta o pasar de moda, la ley termina siendo inútil, explicó la ahora directora del sector Tribunales del Poder Judicial y docente en informática jurídica. La experta considera que hay una imprecisión normativa pero que no es necesario correr atrás de las nuevas tecnologías, sino que con la legislación actual alcanza.

"Legislar ¿en qué? ¿Para qué?", se preguntó Marcelo Bauzá Reilly, director del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bauzá opinó que sería más importante especializar a los cuerpos policíacos y tener más presencia activa en escenarios de cooperación internacional sobre el tema, antes que crear nuevas leyes. Tal vez sí se podrían agregar nuevas figuras delictivas, aceptó, pero no lo ve como prioritario.

En cambio, Fernando Vargas, socio director del estudio Vargas Abogados especializado en nuevas tecnologías, consideró que es necesario aggiornar las leyes. Cuando recién se instaló la televisión por cable, el delito de hurto de señal no existía y se procesaba como hurto de energía eléctrica, por ejemplo, pero "no alcanza con interpretaciones", porque en materia penal "no hay crimen sin una ley específica". Aunque la tecnología no sea la última ni la más nueva a la hora de promulgar las nuevas leyes, lo más probable es que se sigan produciendo casos.

A nivel penal, la difusión de videos íntimos sin consentimiento se puede procesar por exhibición pornográfica o difamación e injuria —en este caso es necesario demostrar la mala intención. No siempre está la mala intención detrás, aclaró Tosi, hay veces en que prima el desconocimiento de las tecnologías o la simple irresponsabilidad.

El artículo 278 del Código Penal establece la exhibición pornográfica como delito para quien "ofrece públicamente espectáculos teatrales o cinematográficos obscenos, el que transmite audiciones o efectúa publicaciones de idéntico carácter". La clave está en la palabra publicaciones, que permite abrir el espectro de la norma a las redes sociales.

La legislación también permite tomar medidas a nivel civil por daños y perjuicios. El problema que identifican los expertos es que si el culpable no tiene solvencia económica no hay a quien cobrarle. A su vez, sin la actuación de Delitos Informáticos —que precisamente interviene cuando hay delitos— es muy difícil encontrar a los responsables de la difusión del contenido, apuntó Vargas.

"Creo que debe ser ínfimo el porcentaje de casos que se llegan a denunciar en relación con los que llegan a las redes", señaló Tosi. La especialista entiende que en ciertas situaciones, la intervención del Poder Judicial puede favorecer la difusión del caso y, en consecuencia, de los contenidos. Eso puede resultar peor para la víctima. Todo depende de la situación. El culpable de la publicación podría querer hacerlo nuevamente y la denuncia podría impedirlo o se podría buscar que reciba un castigo.

Hoy, Carlos se dedica a cuidar su jardín y recuperarse. Fue sumariado a raíz de la segunda difusión de las imágenes y separado de su cargo hasta que termine el proceso. El haber perdido algo a lo que se dedicó por más de 32 años fue lo que lo derribó. Cree que detrás de la reaparición de las fotos hay uno o más colegas involucrados, que buscan perjudicarlo y que enviaron la foto a los celulares y correos de los adolescentes. "Solamente alguien con acceso a esa información de la base de datos del liceo en forma exacta pudo realizar una acción tan baja", dijo. Ahora, espera que un juez lo pueda determinar.

Mientras, recibe asistencia psicológica, medicación y un fuerte apoyo familiar para poder salir de la situación dolorosa que una mala decisión y las peores intenciones de algunos lo hicieron pasar. "Desde octubre me he quedado aislado del mundo", contó. "No salgo y no puedo estar en grupos humanos. Me han apoyado también mucho mi psicóloga y psiquiatra y duermo solo con medicamentos".

En el caso de Carlos, él ni siquiera sabía que lo que le ocurrió es conocido como porno venganza. En 2015, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de "pornografía de venganza". Pretende castigar con entre tres meses y dos años de prisión a quien "difunda o publique a través de internet o cualquier otro medio electrónico imágenes o videos de contenido sexual o erótico que se hayan obtenido en el ámbito de la privacidad de la pareja". El proyecto está en comisión en espera de ser discutido.

Las víctimas del porno venganza suelen ser parejas que rondan los 30 años y que se graban o fotografían en la intimidad. Luego, por rupturas o problemas en la relación, alguno de los dos termina haciéndolas públicas, indicó el psicólogo Roberto Balaguer. Tosi destacó que las mujeres pueden ser las más vulnerables a estas agresiones virtuales por una valoración machista del cuerpo de la mujer en contraposición con el de los hombres.

Los adolescentes, que tienden a ser más impulsivos a pesar de ser nativos digitales, también sufren este fenómeno. Aplicaciones de dispositivos móviles como Snapchat, que sirven para enviar mensajes que se autodestruyen y mantienen una privacidad aparente no son garantía de que los archivos se mantengan en secreto. Hay formas de conservarlos que pueden perjudicar a quien, en la ignorancia, se respalda en esa tecnología para compartir su vida privada.

Aun cuando la persona haya dado su consentimiento, eso "no implica que la imagen pueda ser reenviada o publicada en internet", aclararon desde la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp). Este organismo descentralizado, creado por ley en 2008 y que funciona en el ámbito de la agencia de gobierno electrónico (Agesic), impulsó un concurso entre estudiantes de quinto y sexto año de escuelas públicas y privadas para concientizar sobre el valor de los datos. La consigna era "Tus datos, tú decisión" y para participar, los alumnos debían generar un audiovisual que mostrara una situación de vulnerabilidad de datos personales.

El directorio del Plan Ceibal también ha discutido sobre el cuidado de la privacidad de los alumnos. Así como se bloquearon 2 millones de sitios web indebidos, muchos de ellos pornográficos, se pensó en censurar el acceso a las redes sociales desde las ceibalitas. "Pero concluimos que las redes no son malas de por sí, lo importante es la información y la formación", dijo el gerente general del plan, Gonzalo Pérez Piaggio.

En ese sentido, hace algunas semanas la organización Pensamiento Colectivo inició una campaña a través de las redes sociales que, bajo la consigna "Yo Respeto", reúne a varias celebridades que alientan a no compartir este tipo de contenidos cuando se viralizan. Según entienden, compartir el video es colaborar con hacer más daño a las víctimas y es necesario instalar el tema en el debate público y en las instituciones de enseñanza para fomentar un uso responsable de las tecnologías. Al final, lo único que garantiza que no va a haber riesgo es no generar estos contenidos y en eso, están de acuerdo todos, incluso Carlos.

Cuando ocurrió la explosión de las fotos, él estaba de viaje. Al regresar, lo separaron del cargo de forma inmediata, levantaron las llaves del liceo de su casa y desde entonces no ha hablado ni con los alumnos ni con Secundaria. "En las malas es cuando más hay que hablar y esa oportunidad no la he tenido", puntualizó.

La primera instancia del sumario termina en abril y para ese entonces espera que lo notifiquen sobre su situación laboral. Si el asunto se aclara y luego de superar las heridas que todo esto le provocó, no descarta la posibilidad de difundir su experiencia y ayudar a que otras personas no sufran las mismas consecuencias "nefastas" de lo que a él le ocurrió. (Producción: Tomer Urwicz).

Cada minuto Facebook cuenta con más de 3 millones de posteos nuevos. En solo 60 segundos se cargan 41.640 fotos en Instagram, 120 horas de video en YouTube y se envían más de 13 millones de mensajes por Whatsapp. Y en medio de esa vorágine, está uno rodeado de cámaras y micrófonos. O, mejor dicho, cercado por humanos con celulares prontos para la captura.

Más allá de ironía, los expertos en internet reconocen que es casi improbable controlar todo lo que circula sobre una persona en la red. Basta darse un baño de ego y googlearse a uno mismo. Pero, una vez detectado ese contenido desagradable, del que uno se arrepiente, ¿es viable su eliminación?

Lo primero que hay que saber es dónde está alojado ese contenido. Si es parte de una plataforma conocida —por ejemplo YouTube, Blogger o Facebook— e incumple con las propias políticas de esa compañía —como la pornografía—, alcanza con reportar el hecho en el propio sitio. Es sencillo: haga click en el botón de "denunciar" o "reportar un abuso".

Lo segundo es ser consciente de que los resultados de búsqueda en Google —el buscador preferido por nueve de cada 10 internautas uruguayos— no significa que el contenido esté alojado en Google. Dicho de otro modo, ese contenido es propiedad de terceros. "Lo único que Google puede hacer es, ante una orden judicial específica, dejar de mostrar ciertos resultados de búsqueda, pero eso no implica que la información no sea accesible en internet. La información sigue estando en internet", explicó la compañía a El País ante una consulta específica.

En el último año el gigante de los buscadores recibió dos pedidos judiciales de Uruguay, lo que equivalió a la remoción de 27 elementos. Desde Google advierten que "no todo contenido con tinte sexual que existe en internet es ilegal". Sin embargo, si es usted el afectado, y no dio su consentimiento, puede solicitar la desindexación de la página en la que está el contenido. Esto hará que el buscador no encuentre esa dirección indeseada. El reporte se hace enviando un correo directamente a la empresa.

Facebook, otra de las plataformas a las que suelen acceder los internautas uruguayos (supera el 90% en los adolescentes), también tiene sus normas comunitarias y se puede denunciar un abuso. Alcanza con hacer click en la herramienta de "reportar" en la esquina derecha de la publicación. Desde la empresa se aseguró a El País que se atienden todos los reportes.

La seguridad y privacidad es clave en estas megacompañías. Solo Facebook tiene más de 1.590 millones de usuarios registrados. Y la inmensa mayoría está activa.

La necesidad de compartirlo todo, hasta lo que uno está por cenar, tiene nombre: oversharing. Esta palabra que en inglés significa compartir en demasía, está asociada cada vez más a los jóvenes, a quienes se los ha apodado "la generación selfie". Pero más que brindar una identidad, esta tendencia, dice la última encuesta de Microsoft, está haciendo estragos. Se estima que US$ 4,6 mil millones de dólares de reputación profesional (despidos, caídas de negocios) se perdieron en el mundo por la divulgación de datos íntimos, o inapropiados para un ámbito laboral.

El jueves, con motivo del día internacional de protección de datos, la compañía de seguridad informática Eset dio los siguientes consejos:

Revise la configuración de privacidad de su cuentas. La idea es limitar la divulgación de contenidos lo más que pueda y quiera. Cuanto más estricto se es, menos posibilidades de que se filtren contenidos indeseados.

No comparta su ubicación con todo el mundo. Muchas veces las redes sociales o las aplicaciones que descargas piden aceptar el reporte de su ubicación. Limite esta opción y úsela solo con quienes confía.

Repase los grupos a los que se ha unido. Puede que aparezcan sus datos públicos disponible para usuarios que ni los conozca.

Ya lo dijo Descartes: "Pienso, luego existo". Antes de cualquier publicación, use la autocensura. Conviene preguntarse si ese contenido aporta, cómo podrá repercutir y afectar. Ante la duda, es preferible no publicar.

Juegue a ser policía y trate de averiguar cuánto los otros pueden saber de usted según lo que publica en la web. En este sentido, es preferible no sacarse una foto en la que aparezca la matrícula de su auto nuevo o avisar que se fue de vacaciones.

También juegue a ser escribano. La letra chica puede ser clave, por tanto lea la política de privacidad antes de usar un servicio de internet o descargar aplicaciones.

Cuando dé información confidencial, como el número de tarjeta de crédito, asegúrese la confianza del sitio web y nunca lo haga por correo electrónico. Mucho menos en las redes sociales.

Procure cambiar su contraseña con frecuencia y hágala lo más difícil posible. Combine números, letras y que no figuren datos más básicos (apellido, nombre o cédula de identidad). El 57% de los uruguayos, según la consultora Radar, nunca cambia su contraseña o lo hace solo cuando se la olvida.

Cuando Carlos Estigarribia se enteró de la difusión, sin consentimiento, de sus fotos íntimas, quiso aislarse del mundo. "El recluirse en la casa suele ser la primera reacción" ante estos episodios, explica el psicólogo Roberto Balaguer. "El problema es cuando ese aislamiento se vuelve crónico". De ahí que sea primordial que la persona afectada se quite la vergüenza y entienda que "afuera (de su casa) no está todo el mundo señalándola o mirándola". Y al mismo tiempo se debe "comprender que la intimidad" es un derecho.

La desnudez, no solo literal, que padecen quienes quedan expuestos, suele trasladarse a sus familias. "En pequeñas localidades del interior", dice Balaguer, "lleva a que algunos deban mudarse". Es que el impacto psicológico se potencia por eso de "pueblo chico, infierno grande". Aun así, hasta "las personas públicas se ven afectadas, por más que tengan una mayor preparación".

En los casos más extremos, el acoso puede conducir al suicidio. Por eso Balaguer insiste en que la familia no debe censurar, así se facilita el proceso de recuperación, y que al resto de la ciudadanía le compete la responsabilidad de no seguir viralizando el contenido.

Cuando la difusión de imágenes íntimas es fruto de una venganza, aclara el psicólogo, hay "un acto impulsivo en el que no se mide el riesgo ni se controla el auditorio". Puede que el vengador quiera escrachar al otro ante tres o cuatro personas, pero en realidad lo hace frente a millones. La sugerencia, en esos casos, es acompañar a la víctima mientras se inicia la denuncia policial.

"El grupo de amigos y una familia que no intente demonizar son fundamentales", explica Balaguer. Lo otro es la capacidad de resiliencia y las ganas de salir del pozo.

lo privado se vuelve públicoMARIANA CASTIÑEIRAS