ABRE EL CORRALITO

Huellas dactilares y cédula electrónica para hacer el trámite de cambio de mutualista

En febrero abre el corralito. Las mutualistas esperan el movimiento del triple de usuarios que en 2017, cuando se permitió el cambio por última vez. El MSP impone un complejo sistema de huellas dactilares, recorta los centros habilitados para hacer el trámite y fija limitaciones a la publicidad.

Ministro de Salud Pública, Jorge Basso.
Ministro de Salud Pública, Jorge Basso (Foto: Fernando Ponzetto)

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Luego de tres años en que los usuarios se han visto impedidos de migrar de su prestador de salud, el próximo mes de febrero se abrirá el llamado corralito mutual. Desde el sector advierten que esperan hasta el triple de solicitudes de cambio que en 2017, cuando hubo casi 55.000 movimientos. Esto sucederá en el mes más corto del año, con la semana de carnaval de por medio y a través de un sistema que, en virtud de luchar contra la intermediación lucrativa, promete enlentecer el trámite.

La Junta Nacional de Salud (Junasa) ha mantenido en las últimas semanas una gran cantidad de reuniones con los representantes de los prestadores de salud, que por un lado celebran la apertura del mercado y se aprestan a pujar por la simpatía de nuevos usuarios; y, por otro, denuncian que, además de lento, el sistema será engorroso. A su vez, se quejan de un decreto que limita los fondos que podrán usar para publicidad.

Primero es necesario hacer un poco de historia. En 2018 y 2019 no se abrió el corralito mutual. La medida fue una suerte de tirón de orejas para todo el sector, luego de que se comprobara que al menos dos mutualistas habían utilizado empresas fantasmas para registrar a personas que en realidad no trabajaban. La idea era sumar socios para luego verse beneficiados por el pago de las cápitas Fonasa que los centros de salud reciben en función de la cantidad de usuarios que tienen.

En su momento el Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtió que más de 30.000 usuarios falsos se habían afiliado en al sistema y que el perjuicio para el Estado era de US$ 900.000 anuales. Pocos días después las mutualistas dijeron que eran solo 600 los casos. Luego salió el presidente Tabaré Vázquez a confirmar que no se trataba de una “megaestafa”, como se le llamó a la maniobra en marzo de 2017, sino de algo más chico. “La montaña parió un ratón”, resumió.

Lo que sí se confirmó fue que había promotores que pagaban entre $ 500 y $ 1.000 a quienes aceptaran ser utilizados para ser parte de la maniobra. El caso llegó a la Justicia y hubo varios procesados.

Las consecuencias de todo esto: por tres años los usuarios no pudieron cambiarse de centro de salud, salvo algunas excepciones: desde el sector privado al público —aduciendo imposibilidad de pagar—, o por autorización de la Junasa —en casos en que se pudiera probar una mala atención por parte de su prestador. Si en este tiempo algún usuario de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) quiso cambiarse a una mutualista privada, no pudo hacerlo, salvo que haya conseguido probar alguna de las causales.

A noviembre de 2018 eran 18.000 los usuarios que habían podido cambiarse tras el cese del corralito mutual, y 4.000 de ellos lo habían hecho por “disconformidad”, según se informó antes en esta sección. El presidente de la Junasa, Arturo Echeverría, consultado nuevamente para esta nota, advierte que no tienen números cerrados de cuántas personas tuvieron el aval para migrar de prestador de salud en estos tres años de candado generalizado.

Hoy se prepara todo para que las tranqueras se abran de vuelta, pero con las medidas de precaución que las autoridades estiman necesarias para evitar las irregularidades: habrá cámaras web, detectores de huellas dactilares, lectores de cédula electrónica y un software diseñado por el Banco de Previsión Social (BPS) y el MSP que solo funcionará en un número determinado de computadoras fijas. Nadie podrá llevar, como se hacía antes, los papeles de barrio en barrio para realizar afiliaciones en cualquier lugar. Incluso, estará limitada la cantidad de centros de salud en la que los usuarios podrán llevar adelante el trámite.

¿Qué harían los distintos partidos con el corralito?

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y el diputado Fernando Amado (antes colorado y hoy candidato al Parlamento por la coalición de izquierdas) llegaron a un acuerdo para empezar a trabajar en la “eliminación progresiva” del corralito mutual, según informó esta semana El Observador. Amado, líder del sector Impulso Progresista, tiene entre sus filas al expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, que se ha manifestado más de una vez a favor de la movilidad sin trancas. Este cambio, sin embargo, no está incluido dentro de las propuestas que forman parte del programa de la fuerza de gobierno.
En cuanto a los blancos, el programa prevé fomentar “un modelo donde el cliente está en el centro”, para lo cual se promoverá “el acceso y la competencia entre prestadores”.
En tanto, el Partido Colorado establece en su programa que se modificará “el denominado ‘corralito’ mutual, hallando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección de los usuarios y la necesaria resiliencia del sistema a cambios bruscos”.
Por su parte, el programa de Cabildo Abierto se propone:“Eliminar los llamados ‘corralitos mutuales’ garantizando a los usuarios la libertad de elección de su prestador de salud, a partir de una fácil y total accesibilidad a los
Indicadores de Calidad de la Atención y de Gestión de cada Centro de Atención Médica”.

El nuevo sistema

La semana pasada los técnicos de las instituciones de la salud recibieron de manos de la Junasa 15 páginas engrapadas con el título “Presentación sistema More”. More hace referencia a Movilidad Regulada. En este documento se relata paso por paso el funcionamiento del software —que, según Echeverría, todavía no se terminó de diseñar— por el cual los trabajadores de los centros de salud canalizarán los cambios de mutualista.

Cada computadora en la que se realicen cambios deberá estar equipada con un detector de huellas dactilares, un lector de cédulas digitales y una cámara web. El funcionario que realice el trámite deberá tener sí o sí documento de identidad electrónico.

Al momento de registrar un nuevo usuario el funcionario deberá sacarse a él mismo una foto con la cámara web, introducir la cédula electrónica y registrar su huella dactilar. Una vez que haga esto el software demorará unos minutos en los que cruzará la información de la huella que está registrada dentro de la cédula con la que el trabajador haya captado allí. La idea es evitar que funcionarios no habilitados para realizar cambios, los hagan. Los trabajadores deberán cumplir este procedimiento no solo una vez que inicien su jornada laboral, sino que cada vez que atiendan a un nuevo cliente. Si se hacen 100 inscripciones, deberán sacarse 100 fotos.

Los usuarios deberán hacer el mismo trámite: se sacarán una foto y además se cruzarán los datos de su huella dactilar con los que estén en su cédula electrónica. En caso de que tengan una cédula de las viejas, el software deberá cotejar su huella con el banco de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). Este trámite demorará, incluso, un poco más que el que se puede realizar con documento electrónico.

En los papeles que la Junasa entregó a los prestadores, donde se representa una simulación con un usuario ficticio que lleva por nombre Mónica Argento —el mismo del personaje que representa Florencia Peña en la versión argentina de la sitcom Casados con hijos—, se da cuenta del resto de los datos que se pedirán: número de documento, fecha de nacimiento, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, el tipo de afiliación (si es trabajador, pasivo o cónyuge), y si se emplea en el sector privado o en el público.

Desde el mutualismo alegan que, en total, todo el trámite durará “entre 15 y 20 minutos”. Echeverría no hace estimaciones, pero advierte que desconoce “los fundamentos de ese cálculo de tiempo”.

“Nos asegura la voluntad de la persona que quiere cambiarse y que un funcionario habilitado de la institución, dentro de la misma, está realizando el proceso; sin duda esto reduce la intermediación lucrativa y afiliaciones irregulares”, dice el jerarca del MSP, en defensa de las medidas de seguridad que tomó la Junasa. Fuentes del mutualismo, en tanto, sostienen que “no cambia nada: si alguien quiere hacerle trampas al sistema, puede; en vez de afiliar a la persona en un asentamiento, la va a subir a una camioneta y la va a llevar a la mutualista; es lo mismo”.

Acceso: detectan a pacientes con doble cobertura de salud.
Desde 2017 que no se abre el corralito mutual. (Archivo: El País)

La tecnología

Para hacer el trámite las mutualistas deberán comprar los aparatos que sirvan para captar huellas, leer las cédulas electrónicas y realizar, en caso de que fuera necesario, el cruzamiento de datos con Identificación Civil. Según señalan fuentes del mutualismo, desde la Junasa les dijeron que podían comprar estos aparatos a la empresa que ellos desearan, aunque advirtieron que solo podían garantizar que los de la firma PrecoData funcionaban bien con el software que ellos estaban diseñando.

PrecoData es una empresa que trabaja para varias oficinas del Estado, como el Banco República, el Banco Hipotecario, la Dirección General Impositiva (DGI). Y, también, con la Dirección Nacional de Identificación Civil.

El costo de cada aparato es de US$ 340. Las mutualistas más grandes deberán comprar al menos unos 100, mientras que para el interior se necesitarán “más de 200”, según advierte Carlos Cardoso, de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). Fabrizio Giusti, de PrecoData, aceptó que se le enviaran algunas preguntas por correo electrónico sobre los dispositivos recomendados por la Junasa. “Nuestros productos son utilizados en pasos de frontera, policía técnica, identificación civil, salud, banca, registros electorales, redes de cobranza, etc. En Uruguay se utiliza esta tecnología en áreas sensibles como registros biométricos de personas y transacciones financieras”, advirtió. Giusti no respondió preguntas sobre el precio de los aparatos; tampoco contestó si son la única empresa en Uruguay capaz de brindar la tecnología.

“PrecoData es el que recomendó la Junasa. Hay una segunda firma que ofrece equipos chinos a menor precio, a menos de la mitad, y nosotros estamos negociando con ella”, cuenta Cardoso. Mutualistas de Montevideo, en tanto, están conversando con PrecoData para lograr una baja, y hoy por hoy hablan de un costo por aparato de US$ 300.

“Nosotros recomendamos un hardware. Las instituciones lo van a adquirir donde ellas quieran. Hay por lo menos dos proveedores locales y pueden buscar importarlo”, advierte por su parte Echeverría.

En mayo pasado el programa Así Nos Va de radio Carve informó que la Junasa pretendía que la empresa Geocom fuera la que proveyera de aparatos para huellas dactilares a los centros de salud. Geocom cobraba 12 cuotas de US$ 65 por el servicio, más US$ 1 o US$ 2 por cada usuario que pusiera su huella en los dispositivos para cambiarse de institución. Esta negociación quedó trunca.

Déficit Fonasa se detuvo en el último año 

El déficit del Fonasa —es decir, la parte del sistema que no se llega a cubrir con el dinero que aportan los usuarios y entonces se recurre a Rentas Generales— dejó de crecer el año pasado, llegando al 24,1% del total, lo que se tradujo en US$710,6 millones (en moneda corriente). En 2017 fueron US$ 720,3 millones, equivalentes al 27,7% del total.
La razón de este freno en la cantidad de dinero que se debe sacar de Rentas Generales tiene que ver con que ya se terminó de incluir a algunos colectivos que año a año se sumaban al sistema y que ahora ya forman parte de este. Es el caso, por ejemplo, de los pasivos y los cónyuges de los trabajadores que no tienen empleo (ver gráficas).
Que Rentas Generales cubriera parte de la inversión que se hace en el Fonasa era algo que estaba previsto en la ley que lo creó, por eso tanto para el gobierno como para los sindicatos, no puede ser considerado déficit. Sin embargo, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, ha usado esta palabra para referirse al tema ante el Parlamento.
El déficit ha venido creciendo desde 2011, cuando representaba el 4,9% del dinero del Fonasa. En 2012 fue del 10,2%, en 2013 subió al 13,0%, en 2014 pasó al 16,2%, luego en 2015 fue del 16,8%, y en 2016 llegó al 26,0%.
El Fonasa se financia con los aportes que hacen los trabajadores. Quienes perciben menos de $ 10.385 por mes, tengan hijos o no, pagan el 3% de su salario. Quienes ganan más de esta cifra pueden llegar a pagar hasta el 8%, en caso de tener hijos y cónyuge o concubino que no aporte.

En policlínicas, no

Hasta ahora la Junasa se mantiene firme en que los cambios de mutualista se puedan hacer en las sedes primarias —las casas centrales de las instituciones— y las sedes secundarias. Estas, según establece la ley, deben tener por lo menos atención ambulatoria y consultorio de las cuatro especialidades básicas (Medicina General, Cirugía, Ginecotocología y Pediatría), cobertura domiciliaria de Medicina General y Pediatría, y cobertura domiciliaria urgente de médico general las 24 horas del día. En cuanto a la dotación, deberán tener dos médicos generales, un médico pediatra, un médico cirujano y un médico ginecotocólogo.

Estas condiciones dejan por fuera algunas casas de las instituciones y policlínicas que en Montevideo están en barrios alejados de las sedes centrales, y en el interior directamente se ubican en otras ciudades. Lo que las fuentes del mutualismo alegan es que esto —en un mes tan corto, con la semana de carnaval de por medio, con un sistema que consideran engorroso— hará que algunas personas, con tal de no movilizarse, bajen los brazos ante tanta traba y decidan mejor quedarse en la mutualista en la que están.

“Hemos gastado mucho dinero en infraestructura y no nos sirve. Tendremos que tener a toda la gente en la casa central haciendo fila por horas para poder anotarse”, plantea un jerarca de una mutualista montevideana, que prefiere no ser nombrado. Cardoso, en tanto, dice que no tiene claro que esto se vaya a implementar de esta manera, pero advierte que si así fuera “traería grandes perjuicios”.

“Por poner un ejemplo, en Rocha (ciudad) solo vive una tercera parte de la población (rochense). El resto deberá desplazarse 100 kilómetros o más para anotarse”, sostiene Cardoso.

Carta a Vázquez

Un decreto firmado por el ministro Jorge Basso y el presidente Vázquez, del 17 de septiembre pasado, establece cambios en lo que respecta a las publicidades que podrán hacer las instituciones que forman parte del Fonasa. Lo que plantea es que los centros de salud no podrán hacer publicidad con el dinero que reciben por concepto de cápitas.

Para controlar esto el MSP hará dos cosas: por un lado, 90 días antes de que cada centro de salud cierre su ejercicio económico deberá presentar a la cartera “información auditada externamente que asegure el cumplimiento” de esta regla. Además, tendrá que entregar los números de sus gastos en publicidad y una declaración jurada en la que diga que no utilizó dinero de las cápitas para tales fines.

¿Cómo pagarán la publicidad los centros de salud, entonces? Deberán acudir al dinero generado por los usuarios “no Fonasa” —personas a las que no les corresponde el beneficio, por ejemplo, aquellos que no trabajan y pagan su cuota mes a mes—, o al que generen por otros negocios que tenga cada empresa —algunas tienen sus propias emergencias móviles, empresas fúnebres, o empresas de acompañantes.

La semana pasada, según supo El País, SMI, Universal y Cudam presentaron una carta al presidente Vázquez para que se revea esta medida. En caso de no recibir una respuesta positiva, están decididos a presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por entender que el decreto no puede prohibir algo que la ley que creó el Fonasa no limita.
Es decir: sí, la puerta del corralito se abre, pero no de par en par.

(Producción: Camila Bello)

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