Las personas en situación de calle no paran de aumentar en Montevideo. Según el censo de 2023 realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la capital había 2.758 personas en situación de calle. De ellas, 1.363 dormían a la intemperie y 1.395 en refugios o en centros nocturnos. Sin embargo, si se considera a la población “sin hogar” —lo que incluye a gente que está bajo el amparo de diversos programas de distintas autoridades del Estado— las personas pasan a ser 5.015 solo en Montevideo. Algunas estimaciones realizadas en un estudio de la Facultad de Arquitectura, además, calculan que para 2030 la ciudad tendría una población sin hogar de unas 10.583 personas. Para 2036, serán 19.490 personas.

Hay varias maneras de medir y evaluar este fenómeno. No es lo mismo poder pernoctar en un refugio que no hacerlo, por ejemplo. Los expertos consultados dan cuenta de esta variedad de criterios, pero hay cierto consenso en que la problemática es seria y debe abordarse desde varias perspectivas.

Andrés Alba es especialista en poblaciones vulnerables, forma parte de un programa dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y viene trabajando en este tema desde hace una década. Alba dice que no solo ha crecido la población en situación de calle, sino que también se ha hecho más heterogénea. “Hay quienes tienen problemas de salud mental, o consumos problemáticos, hay migrantes, hay explotación sexual, a veces puede darse que una misma persona puede estar atravesando varias de esas situaciones”, explica el investigador.

Las dificultades de un problema con tantas facetas, más el hecho de que esta población continúa creciendo, puede llevar a pensar que es prácticamente imposible superar este escollo. Sin embargo, Alba dice que hay quienes han podido superar los obstáculos y salir de las situaciones más acuciantes.

Foto: El País.

Algunas de estas personas se nuclearon en el colectivo Ni Todo Está Perdido, (Nitep), organización que funciona desde 2018. Esta es la única asociación de gente en situación de calle que trabaja para ayudar tanto a sus miembros como a otros en la misma situación, aunque no representan a todos los que están en la calle sino solo a una parte. Eduardo Cabrera y Ángel Batista son dos de esos casos.

Eduardo quedó en la calle en 2005 y recién hace más de un año pudo acceder no a una vivienda, pero sí a un lugar donde puede tener sus cosas y dormir bajo techo. “Ahora estoy en un centro de 24 horas para personas con problemas de discapacidad, gracias a la ayuda del Estado, donde convivo con otra persona”, dice.

Ese lugar forma parte del programa Llegar A Casa, financiado por el Mides, y uno de los propósitos es poder acceder a algo que difiera del sistema de refugios gestionados por el ministerio. Son paliativos temporales pero permiten un respiro de los peligros y las carencias de una vida en las calles.

Foto: Ignacio Sánchez.

Gabriel Cunha, director de la división de coordinación de programas para personas en situación de calle del Mides, recuerda el inicio de ese programa y dice que por suerte se pudo concretar “entre todos” y también menciona que ese es uno de varios programas que el Estado tiene para atender a personas en esta encrucijada.

Otro de esos programas es Vivienda Con Apoyo, que arrancó en 2021 “y tiene dos modalidades, una de viviendas con dos habitaciones individuales y otra con soluciones habitacionales colectivas. Ya abarca a más de 400 personas.

Según Cunha, uno de los criterios rectores del trabajo desplegado por la administración que está por concluir su gestión apuntó a darle soluciones “universales” a esta población, en contraposición a soluciones específicas, que a menudo son acotadas en el tiempo. “La metodología de intervención es denominada Housing First, y tiene como lógica garantizar el acceso a una vivienda estable a mediano y largo plazo”.

Las razones por las que alguien pierde su hogar pueden ser muchas. Batista, por ejemplo, quedó en la calle cuando el dueño del apartamento que alquilaba vendió la propiedad. Además, perdió el trabajo. Ahí empezó su periplo.

Batista está en proceso de cambio de género —de mujer a hombre— y relata que para las mujeres “es muy salado” quedar en la calle. “Tenía casa, trabajo, perro, gato, todo. Y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Me despidieron y no pude seguir viviendo donde alquilaba. Me acuerdo que me quedé en la calle en junio de 2019, hacía un frío terrible. Me fui caminando desde Piedras Blancas hasta el hospital de Médica Uruguaya. Me quedé sentada ahí, en la vereda, pensando en qué podía hacer y a dónde podía ir, con mucho miedo. En aquel entonces era Selina, era mujer. Y es espantoso ser mujer y vivir en la calle, te quieren llevar para su casa, prostituirte, te ofrecen drogas. Yo por suerte no tuve consumo problemático, y me enfoqué en mi hijo, al que había llevado al INAU. Pero fue duro”.

No solo hay que eludir avances de quienes quieren acceder a un momento carnal o inducir a un consumo de drogas. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo era un desafío para Batista, como poder higienizarse, hacer sus necesidades y sobrellevar la menstruación.

Cabrera quedó en la calle cuando sus padres fallecieron y él no pudo hacerse cargo del alquiler de la vivienda en la cual estaban. “Uno nunca imagina que le puede pasar algo así. Ves esas cosas desde adentro de una vivienda, y no te imaginás que te puede tocar a vos”, reflexiona.

A partir de ahí empezó a sobrevivir gracias a la voluntad de los demás, para tener un poco de dinero, comida, ropa o algún otro tipo de apoyo. En ese tiempo fue forjando vínculos que, tras cinco años en esa situación, le permitieron conseguir trabajo. “En 2010 entré como guardia de seguridad, primero en una empresa, y luego en otra. Eso fue en parte posible porque hubo gente que me ayudó con ropa, a cortarme el pelo, a higienizarme, para tener más chances de conseguir y también mantener un trabajo. Gente que fui conociendo cuidando coches o barriendo veredas”, cuenta.

A las privaciones —un techo, un lugar donde poder preparar comida, bañarse— se le suman los riesgos a los que aludía Batista, y también la a veces tensa relación con el resto de la sociedad. El mes pasado un hombre en esa situación fue prendido fuego.

Susana no está en situación de calle, pero se acercó a aportar. Según su visión se percibe a la persona en situación de calle como alguien peligroso pero, citando el caso de quien fue prendido fuego, se pregunta si el peligro no está —también— en otras partes, no solo entre quienes deambulan por la ciudad buscando sobrevivir.

Tanto para Eduardo como para Ángel y Susana, el camino hacia una salida de vivir a la intemperie fue a través de la organización y el trabajo colectivo. No solo se trata de aprender a navegar a través de la burocracia pública o las organizaciones civiles para conseguir apoyos para distintos proyectos. También se trata de ayudarse entre sí. “A veces cuesta mucho, porque hay quienes no quieren salir de esa situación, están perdidos. En ellos hay que concentrarse”, dice Ángel, quien agrega que su vida empezó a mejorar cuando empezó a formar parte de este colectivo.

Foto: El País.

La socióloga Fiorella Ciappesoni tiene tres tesis sobre este tema, una de grado, otra de maestría y otra de doctorado, y viene produciendo conocimiento sobre esta temática desde casi dos décadas. Ha estudiado en profundidad el asunto de la gente en situación de calle.

En su visión, el problema no ha parado de crecer en las últimas décadas con todos los gobiernos, y califica la situación como “horrible, una crisis social indiscutible, sobre todo en Montevideo”.

De acuerdo a su mirada, los enfoques punitivos —como por ejemplo internaciones compulsivas o la criminalización de la situación de calle— acentúan la exclusión social, y tampoco ofrecen soluciones duraderas.

No opinan lo mismo las actuales autoridades: en diciembre El País publicó una nota sobre el balance de la aplicación de la internación compulsiva —que comenzó a cumplirse el 25 de agosto— y que habilita al Estado a trasladar o internar a cualquier persona que viva en la calle, bajo ciertas condiciones: un médico tiene que constatar que el estado de salud es grave, que la capacidad de juicio está afectada por el consumo de drogas o una patología psiquiátrica, y que por ende puede estar en riesgo ella o terceros. En la visión del gobierno, esa aplicación fue "positiva". Hasta mediados de diciembre, el Mides, en coordinación con ASSE y el Ministerio del Interior, habían realizado 116 internaciones, la mitad de los casos de mujeres.

Pero dice Ciappesoni: “En las ciudades —para no hablar de países— en donde se plantean o implementan medidas punitivas, hay evidencias de que no son eficaces a largo plazo. Esos enfoques, además, no trabajan sobre la prevención, o sea las razones que llevan a las personas a esa situación. Acá no se pone el acento en las situaciones de quienes, por ejemplo, salen de la cárcel, o de los jóvenes que salen del INAU, sino en las características de estas personas, si consumen o no consumen drogas”.

Para ella, la mirada del sistema político debería también estar puesta en cuestiones como el déficit habitacional, la salud mental y el sistema carcelario, tanto de adultos como de menores de edad. Un problema que debería tener —de acuerdo a su razonamiento— respuestas que consideren esa complejidad.

Y son necesarias políticas interinstitucionales que aborden esta situación. “No solamente para manejar lo visible, sino para trabajar en prevención”. Si eso no se hace en diversas áreas —ya sea en salud, educación, vivienda, por ejemplo—, será cada vez más difícil encontrar una salida que pueda abarcar a más que aquellos pocos casos que han conseguido iniciar un camino hacia una vida más integrada. “Hasta ahora nos hemos basado principalmente en ofrecer refugio, pero ahí se producen otras dinámicas que no estamos atendiendo”.

Al menos en lo formal, dice Ciappesoni, todas las autoridades —tanto en la administración saliente como las que ya estuvieron— reconocen y están al tanto de la gravedad del asunto, pero así como en tantos otros temas también en esto el camino hacia una política de Estado ha sido harto desafiante.