LA MEMORIA QUE SE LLUEVE

El truculento divorcio de Delmira Agustini, junto con uno de los 24 legajos que conforman la intrincada sucesión de Francisco Piria, que se discutió durante 50 años y hasta hace no mucho todavía concitaba la atención de algún curioso descendiente lejano. A su lado, conservado como un libro de tapa dura, uno de los expedientes civiles más antiguos: el Protocolo n°3, de 1755, de la época del Cabildo de Montevideo. Más allá, en la misma mesa, la sucesión del escritor Juan Zorrilla de San Martín, y el homicidio del presidente Juan Idiarte Borda, el único magnicidio uruguayo. De milagro, o por puro esmero de los funcionarios, se llega a leer en la carátula el año 1897 y el juzgado que lo tramitó: “Crimen 2°”, como se le llamaba entonces a la justicia penal.

Los paquetes funcionan como muestra de lo que puede encontrarse en el Archivo Judicial del Archivo General de la Nación (AGN). Pero, sobre todo, están a la vista en la sala de lectura a modo de advertencia, para que los visitantes perciban la importancia de lo que hay en juego si el imponente deterioro del archivo sigue avanzando.

De tan reseco, el papel de los legajos acordonados podría romperse con solo tocarlo. Su manipulación es un arte librado a los ocho funcionarios que trabajan allí, contando al fotocopiador —cuya tarea es esencial, porque nada de lo que tenga más de 30 años de existencia se puede retirar de allí, y porque los originales ocupan más espacio que los tamaños de papel convencionales—. Los documentos han sufrido el paso del tiempo, pero más han sufrido por la forma en la que ese tiempo ha transcurrido.

La mayor parte del Archivo Judicial está alojada en el local de una antigua fábrica de bebidas sobre la calle San Martín, en el barrio La Aguada de Montevideo. Fue adquirido por el Estado uruguayo en 1973 para albergar los documentos judiciales del pasado de todo el país. Se estima que hay 125 kilómetros lineales de material en papel, que va de 1730 hasta 2003, y que está clasificado en 15 tipos de fondos documentales en función de los diferentes juzgados y tribunales. Una pequeña parte se encuentra en un local anexo a media cuadra de allí, pero el grueso se guarda en ese edificio de 5 mil metros cuadrados y tres pisos, estructuralmente sólido pero anticuado en el diseño de sus pluviales, su techo y su eléctrica. El archivo —la memoria que contiene— sufre con cada lluvia y se arruina de forma lenta y sostenida.

Dice Alberto Umpiérrez, el recientemente nombrado director del AGN, que desde que se ocupó, en la década del 70, nunca más se invirtió dinero allí. A su lado, Mauricio Vázquez, quien se desempeñó durante 15 años como secretario técnico de la dirección que encabezó Alicia Casas de Barrán, y que ahora sigue en su rol pero junto a Umpiérrez, acota que lo único que recibió el edificio en esos períodos fueron “arreglos paliativos”. En diciembre de 2018 fue el más reciente. El intento por frenar la filtración de agua duró cuatro meses.

Hace algunas semanas, la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, tomó contacto con esta realidad. “Es una tragedia. Cómo se llegó a este punto es inexplicable”, dijo Ribeiro a El País.

Como historiadora, Ribeiro frecuentó el Archivo Judicial muchos años atrás. Se toma unos segundos para hacer memoria, y de a poco fluye: lo usó para reconstruir algunas causas judiciales del período de José Artigas, su especialidad. En particular recuerda la historia de una mujer que fue prisionera en medio de la revolución artiguista. “La juzgaban por rebelde y por haber dejado al marido y a sus hijos en el éxodo oriental”, dice Ribeiro, que comenta que no pudo encontrar aquel expediente.

Su acercamiento al archivo había llegado, como el de todos los usuarios, hasta la sala de lectura. “El usuario ve la antesala, no sale de allí. El personal es amable, dedicado. Tú ves que es un edificio viejo, pero no ves lo que hay atrás”, dice Ribeiro. “Me desayuné cuando asumí este cargo”.

De hecho, una de las primeras cosas que hizo Ribeiro como subsecretaria del MEC fue visitar el edificio de la calle San Martín, porque entre los pendientes que recibió de la transición se encontró con una partida de $ 48.360.000 (algo más de un millón de dólares) para la sede central del Archivo Judicial, de la cual ya se habían ejecutado $ 20.000.000 en diciembre.

Ahora se acerca la fecha en la que se vuelve necesario otro desembolso. Ribeiro quiso saber si, en plena emergencia sanitaria y en tiempos de austeridad extrema, justificaba mantener el gasto. De la visita se fue convencida de que sí, y junto con el ministro Pablo da Silveira resolvieron darle absoluta prioridad.

De la sala de lectura bajamos un piso por escalera hasta el nivel de calle, para empezar una recorrida ordenada. La puerta que se abre descubre un galpón oscuro y lleno de polvo, en el que enseguida aparecen las primeras estanterías y los carteles que avisan: “Juzgado Letrado de Maldonado”, y algunos metros más adelante “Juzgado Letrado de Rivera”. Los expedientes, apretados en repisas de madera o de metal, llegan literalmente hasta el techo. Extraer un paquete de ahí parece imposible.

La abogada Lucía Salvia, directora desde hace dos años del Archivo Judicial, acompaña la recorrida y no se cansa de repetir que el desorden es circunstancial. Se debe a la obra que ya empezó y de la cual hay muestras en abundancia, empezando por una máquina excavadora en el medio del lugar, y siguiendo con el capataz que merodea entre los documentos.

El polvillo de la obra es una amenaza extra que se intenta combatir con aspiradoras a las que se les adhiere una gasa para evitar que se dañe el documento. Esto se agrega a las condiciones de temperatura y humedad, tan importantes en la conservación. Vázquez, el secretario técnico que demuestra su conocimiento y meticulosidad de archivólogo con cada intervención, dice que el ambiente ideal incluye entre 18 y 20 grados (“temperatura documental”, dice), y entre 45 y 50 por ciento de humedad relativa. Y, más relevante todavía, es la estabilidad de esas condiciones. Nada de eso ocurre en el edificio central del Archivo Judicial.

Para llevar a cabo la obra, que implica cambiar el techo de chapa del piso superior, debieron vaciar de documentos el área de 1.800 metros cuadrados. El material se dividió en tres: una parte se repartió en los otros dos niveles; otra fue al anexo, donde se acomodó en estanterías o directamente en el piso; y un último tercio fue a parar a un depósito arrendado.

El día de la visita de El País cae una lluvia suave pero alcanza para que se generen charcos en el tercer nivel, donde hoy solo hay estanterías vacías y cajones de mudanza. El estado de conservación de lo que hasta hace pocos meses estaba dispuesto allí es, según Vázquez, “de fragilidad”. “Todavía existe, es legible, puede tener alguna mancha. Pero la oscilación de temperatura y humedad deteriora el papel y la legibilidad, y a la larga te lo puede destruir”, explica.

En el segundo piso, buena parte de los paquetes están en cajas impermeables o envueltos en nylon, para protegerlos del agua que resbala por las escaleras desde el tercer nivel cuando la lluvia es copiosa. Ninguno de esos mecanismos es eficiente porque, a pesar de que evitan el contacto con la lluvia, acumulan humedad y favorecen la creación de hongos. Además, son muy inflamables. En realidad, todo allí lo es y —quién lo hubiera dicho— el local no tiene habilitación de Bomberos.

Hay paquetes que nunca se abrieron. Salvia lo sabe por las etiquetas metálicas que los delatan. Señala unas de Flores de 1944, pero advierte que son una excepción. Aunque cueste imaginar para qué, dice la directora, “¡se pide mucho!”.

Hace un par de años encontraron documentación sobre el padre de Gardel, procedente de Tacuarembó. Fue una sorpresa descubrir algo tan valioso en esa montaña de papeles. “La de joyas que tendremos acá sin saber”, exclama Salvia.

Al respecto, Vázquez dice que cuando historiadores e investigadores van al archivo a pedir algo, y luego eso se convierte en un hallazgo, suele decirse que es “gracias a ellos”, algo que él siente injusto: “¡Gracias a los archivólogos! El único valor del investigador es haber encontrado el número de archivo, que no es el mismo que el número de expediente”.

El principal usuario es el propio Poder Judicial. Constantemente hay pedidos de desarchivo, que luego vuelven con agregados y ampliaciones que se deben registrar. Por eso Ribeiro cree que parte del mantenimiento debería provenir directamente de los juzgados: “Una pequeña cuota, algo que devengue del uso, un aporte ínfimo que no lo notes pero que vaya acumulando a un fondo”, sugiere.

Al archivo lo consultan abogados, escribanos, jueces, fiscales. Lo ha investigado el poder político en busca de datos sobre los desaparecidos en dictadura y sus agresores. Y lo usa, también, la población en general, ya sea para escriturar una antigua casa, para conocer la historia de inmigración familiar, para reconstruir una sucesión o incluso, en aplicación de una ley reciente, hay quienes recurren a él por sus partidas de nacimiento originales, para saber su verdadera identidad.

Es un archivo de valor histórico, dice Vázquez, pero también de valor jurídico y legal. Es “un archivo vivo”. Por ahora.

El presupuesto del AGN es, desde 2005, $ 524.000. No se ajustó nunca; no existe IPC para el resguardo de la memoria.

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se logró, con dinero presupuestal, acomodar la sede de Convención, donde se alojan viejos documentos de la administración central. “Primero se atendió al bebé; después, al monstruo”, dice Vázquez en referencia al tamaño.

En la presidencia de José Mujica se puso el foco en el anexo del Archivo Judicial, un local de 500 metros que había funcionado como garaje del ministerio y que luego fue sede de una ONG a la que llevó tiempo desalojar, de acuerdo a la versión de Vázquez. El proceso demoró cinco años (2012 a 2017, aunque recién se habilitó en 2019), y costó 500 mil dólares que provinieron del MEC.

Luego empezaron las gestiones con el Ministerio de Economía (MEF) para recuperar el local de San Martín, que según varias fuentes, no fueron sencillas. El País quiso consultar a Alicia Casas al respecto, pero ella prefirió no hacer declaraciones.

Vázquez cuenta que la elaboración del proyecto técnico y la estimación de costos que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llevó tres o cuatro meses, y se considera que fue en “tiempo récord”. Con el proyecto en mano, a mediados de 2019 se fue a negociar al MEF, que finalmente dio su aval en octubre. Los fondos salieron directamente de ese ministerio.

“Hace 15 años que veníamos esperando esto. Hubo que llegar a un límite para que sucediera. Creo que han visto las consecuencias de no mantener y recuperar cosas que son necesarias”, sostiene Vázquez.

Ribeiro, indignada, echa culpas a “la desidia de todos los gobiernos anteriores” pero destaca la labor de Casas. A diferencia de lo que uno imagina, la gestión de la exdirectora estuvo, en palabras de Ribeiro, no tanto entre documentos como sí entre caños, obreros y sanitarios. “Con las cortedades que el Estado dispone para los archivos, hay que insistir mucho para conseguir recursos. Ella lo hizo”, afirma.

Este jueves, Ribeiro amaneció con las fotos en su celular de lo que un fuerte temporal puede llegar a causar en el Archivo Judicial. Los estragos alcanzaron también al anexo, donde a pesar de ser una obra reciente constataron filtraciones, y especialmente se extendió a los paquetes que se habían tenido que apoyar en el suelo. El daño es irreversible.