ley de armas en un cajón

Por la culata

Hace más de un año se aprobó una norma para avanzar en el registro y control de las armas de fuego, pero el gobierno todavía no la reglamentó. Eso genera que mientras crece la presencia de estas en los delitos violentos, la Policía y el Ejército estén con las manos atadas ante el tema.

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Hay 11.500 personas con más de cinco armas registradas. Foto: F. Ponzetto.

todos los diagnósticos, las estadísticas y las estimaciones coinciden en lo mismo: en la gran mayoría de los delitos graves (homicidios, copamientos y rapiñas) que se cometen en Uruguay, hay armas de fuego presentes. También ya está más que confirmado que hay un mercado interno de tráfico de armas, que se pueden comprar en ferias o que incluso hay quienes las alquilan a los delincuentes.

Sin embargo, la denominada ley de armas, que es la herramienta más potente que desarrolló el gobierno para atacar el tema, lleva más de un año sin ser reglamentada. Paradójicamente, la norma está atrapada en manos del Ministerio del Interior y el de Defensa, y quienes más sienten las consecuencias operativas de que no se termine con dicho trámite son la Policía y el Registro de Armas dependiente del Ejército.

El Parlamento dio su visto bueno a la ley el 6 de agosto del año pasado, aunque delegó en la reglamentación (a cargo del Poder Ejecutivo), una serie bastante amplia de especificaciones, tales como establecer "los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir para autorizar la tenencia y porte de armas de fuego". La tarea se volvió compleja por el nivel de detalle en cuestión: la clasificación debe contemplar un gran abanico de armas, calibres y municiones para crear categorías y así definir su legalidad.

Pero por la defensa que había hecho el gobierno de la ley, calificándola incluso como prioridad, era de suponer que la misma sería rápidamente reglamentada para permitir que se empezaran a apretar las clavijas en el asunto y que las armas comenzaran a dar un alivio en las calles. Incluso Eduardo Bonomi, ministro del Interior desde el gobierno pasado, se había vuelto un abanderado de la causa. En la administración de José Mujica, el jerarca dijo una y otra vez que la norma era fundamental para el combate a la delincuencia. Pero en parte por la actuación de su cartera, en definitiva, la ley todavía no salió a la luz.

Así, en los hechos, la falta de la reglamentación genera diversos dolores de cabeza para la Policía. A modo de ejemplo, puede ocurrir que a una persona se le encuentre un arma sin papeles, o que un arma sin registrar aparezca en un allanamiento, y eso aún no pueda considerarse delito, según explicó el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera. "Como la reglamentación no se aprobó, no podemos aplicar totalmente las disposiciones", dijo el jerarca (ver entrevista en página A4).

Amarga espera.

En Uruguay hay 329.749 armas activas registradas, lo cual implica que uno de cada 10 uruguayos tiene un arma de fuego en su poder. Además, cada año se entregan más guías. En 2008, por ejemplo, se entregaron 7.331, mientras que este año, hasta julio, ya se habían registrado 9.500 armas y se estima que para diciembre se habrán registrado 20.000.

En esas 329.749 están incluidas las de la Policía, las Fuerzas Armadas y los coleccionistas, pero la gran mayoría está en manos de particulares. Sólo 8,39% de las guías son de militares y policías, y 3,11% de coleccionistas.

Daniel Farías, jefe del Registro Nacional de Armas, dijo que es llamativo que 11.500 personas tengan más de cinco armas registradas, y explicó que a su oficina también le afecta que aún no se haya reglamentado la ley.

La normativa actual habilita al Registro de Armas a inspeccionar solamente a quienes están inscriptos como coleccionistas. Pero aquellos que no lo están no reciben ningún tipo de control. Se espera que la reglamentación habilite a que a partir de la tenencia de cinco o más armas, cualquier persona puede ser inspeccionada en cuanto a la forma en la cual guarda las mismas y consultada sobre su uso.

"Cuando quede pronta la reglamentación, el que tenga todo legal no va a tener problemas", dijo Farías, y agregó que "tampoco implica que salgamos a controlar a los 11.500, pero sí nos da la posibilidad de que ante la presunción de una irregularidad, ante la sospecha, podamos actuar de una forma bien distinta".

De todos modos, no hay señales de que en el corto plazo la reglamentación quede pronta. Tanto desde la cartera de Defensa como desde la de Interior, confirmaron que la misma está "a estudio", pero dijeron no saber cuándo estará finalmente pronta.

Además, el Ministerio del Interior había diseñado ya en el período pasado una campaña de desarme denominada "armas para la vida", a través de la cual proponía el canje de armas por bicicletas o computadoras, pero nunca llegó a ejecutarla. "Teníamos todo armado y primero lo postergamos por la campaña electoral, para que no se dijera que era con fines políticos. Ahora, en tanto, estamos esperando a ver si nos dan el presupuesto para hacerla, pero la verdad es que no sabemos si la podremos concretar", dijo al respecto una fuente de la cartera.

En la mira.

En ese marco, la senadora socialista Daisy Tourné, una de las principales impulsoras de la restricción en el uso de armas, se quejó de que la ley aún no esté reglamentada, y mostró su preocupación al respecto. "Es un tema urgente y lamentablemente todavía no se reglamentó. Hay un exceso absoluto de armas en manos de los civiles sin la normativa adecuada y eso me preocupa", expresó la legisladora a El País.

A su entender, la falta de la reglamentación termina impactando directamente en el tráfico de armas y en hechos tales como el alquiler de armas o las ventas clandestinas de las mismas para luego ser utilizadas en delitos.

En igual sentido, el jefe del Registro de Armas dijo que los delincuentes aprovechan las "grietas" que deja la legislación actual para incursionar en la venta y el tráfico de armas.

"Hoy, si querés tener 300 armas de calibre de libre comercio podés tenerlas y no sos considerado coleccionista, lo cual lleva a que no recibas controles oficiales. En cambio, si se aprobara la reglamentación, con más de cuatro armas pasarías a ser coleccionista y por lo tanto quedarías sujeto a controles de las autoridades", expresó Farías. El jerarca recordó que en ese vacío se basaban tres personas que fueron procesadas a comienzos de este año. Se trataba de tres policías que llegaron a comprar más de 300 pistolas 9 milímetros y fusiles ametralladora para luego venderlas en Brasil.

Los ahora procesados compraban las armas de forma legal, en armerías, y como se trataba de calibres permitidos, no recibían controles. Luego las vendían de forma clandestina al vecino país, donde las mismas se pagan hasta cuatro veces más que en Uruguay. Aunque el Registro de Armas informó a la Policía que había una "actitud sospechosa" y así la banda terminó por caer.

Ante toda esta situación de tráfico de armas y también de fuerte presencia de armas de fuego en los delitos más graves, el diputado blanco Jaime Trobo, que también ha seguido el tema y que además el jueves citó a Bonomi a la Comisión de Seguridad de Diputados, dijo que hay un "gran descontrol" en la materia. Según opinó, tanto la cartera de Interior como la de Defensa han mostrado "deficiencias" para abordar la cuestión y cerrar el tema. "Me preocupa que no se avance en esto, se deja acceder con mucha facilidad a las armas", afirmó el nacionalista.

Sin puntería.

Según las cifras difundidas por el Ministerio del Interior, el 70% de los homicidios cometidos en el primer semestre se consumó con armas de fuego, mientras que en el caso de las rapiñas, la cifra fue cercana al 90%, según dijeron distintos jueces penales consultados. "Hay armas de fuego en la gran mayoría de los casos, porque facilitan la acción por el efecto sicológico que tienen sobre la víctima", resumió Ricardo Míguez, presidente de la Asociación de Magistrados.

Sumado a esto, el ministro Bonomi dijo esta semana ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que "hay mucha arma ilegal en la calle". El jerarca comentó que han notado que los delincuentes ya "no dudan en tirar contra la Policía".

Sin embargo, el jefe del Registro Nacional de Armas entendió que no hay "tantas armas ilegales en la calle como muchas veces se cree". Esa oficina es la que brinda información a la Justicia sobre cada arma incautada o involucrada en un delito, y según explicó Farías, de cada cuatro armas de las que se piden informes, tres están registradas. "De las armas que informamos, son minoría las que están en negro", dijo.

Cada año la Justicia le pide al Registro más de 800 informes sobre armas o personas (para saber si están inscriptas como propietarias de armas). Según el Registro, que depende del Servicio de Material y Armamento, viene en aumento la cantidad de armas registradas por las cuales se pide información. En 2013 el 55% de las consultadas estaban registradas, en 2014 el 58% y en lo que va de 2015 la cifra ya está en 76%.

Farías afirmó, además, que "si los números terminan confirmando la proyección, vamos a cerrar el año con casi un 50% más de guías (de registro de armas) que el año pasado, pasando de unas 13.000 a más de 20.000".

El jefe del Registro de Armas estimó que la mayoría de las veces lo que ocurre es que las armas "con papeles" están descuidadas o guardadas en lugares poco seguros y terminan en manos de los delincuentes. Así, insistió en que hay que trabajar en la "tenencia responsable", lo cual implica, además de buscar que la población registre sus armas, fomentar las denuncias en caso de hurto y avanzar en las medidas de seguridad para guardarlas, junto con una correcta manipulación.

Pero para hablar de eso, el jerarca volvió sobre la reglamentación. "Si se aprueba, la idea es comenzar a realizar controles con los propietarios de armas. Emitir instrucciones de cómo guardar el arma. Que la gente entienda que no puede tener un revólver en la mesa de luz", dijo Farías al respecto.

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