TEMEN CONTAGIO MASIVO

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La cárcel no se parece a nada. Ni siquiera las 26 que hay en nuestro país son comparables entre sí. Quienes organizan y custodian la vida adentro dicen que para entender su magnitud a las grandes hay que pensarlas como pueblos y a las otras como barrios. Y a los 11.940 internos que allí cumplen condena, como vecinos que, aunque no nos guste, sienten las mismas angustias y temores que cualquier otro uruguayo frente a la llegada de una pandemia.

De su protección sanitaria depende, mucho más de lo que podemos visualizar, la del resto de la sociedad. Según estimaciones de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, unas 100.000 personas están vinculadas de alguna forma a las cárceles. Por eso evitar que el virus entre o salga es primordial.

Al cierre de esta edición había 13 presos en cuarentena con diferentes clasificaciones, en prisiones distintas, en salas especialmente acondicionadas y aisladas dentro de los centros penitenciarios. Claudia López, directora del Sistema de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad dependiente de ASSE, detalla que seis de ellos son casos sospechosos y ya fueron hisopados, al igual que otros cuatro que se encuentran en aislamiento epidemiológico ya que se comprobó que estuvieron en contacto con un infectado o declararon haber estado. Por ejemplo, hay un recluso que fue internado en el hospital Saint Bois al mismo tiempo que el interno del Vilardebó que dio positivo al test.

Uno de los casos sospechosos y cuatro internos que tuvieron contacto con él están aislados en el exComcar, la más poblada de las unidades con 3.560 presos, alrededor de 400 funcionarios y cientos de visitantes semanales. Además, dos policías del Penal de Libertad están aislados en la Escuela de Formación Penitenciaria: son los que acompañaron al recluso al Saint Bois.

La preocupación que distintos expertos tienen es que si la pandemia cruza la puerta de alguna de las principales unidades, la superpoblación que hay en varios de sus módulos; el limitado acceso de los internos a artículos de higiene, al agua y a una buena alimentación; los problemas de habitabilidad de los edificios y el propio mal estado biológico de la mayoría de los privados de libertad, podrían generar una propagación del virus con consecuencias catastróficas: mucho peor de lo que está sucediendo por estos días en el hospital Vilardebó.

Como la cárcel no se parece a nada, mantener sus ambientes sanos implica el diseño de un plan de contingencia con reglas que “se irán modificando de acuerdo a cómo evolucione el comportamiento del virus”, dice Luis Mendoza, el flamante director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El desafío es mantener un equilibrio entre la medidas de prevención que se van adoptando y las tensiones que podrían despertarse por el cambio de rutinas.

Para no correr a la pandemia de atrás, el 17 de marzo pasado el INR firmó un acuerdo con los diferentes actores que aseguran el funcionamiento de los centros penitenciarios.

El protocolo fijó controles para el ingreso, limitó las visitas, suspendió las actividades educativas y religiosas, abasteció a los reclusos de jabón e hipoclorito y los comprometió a colaborar en tareas de limpieza.

En el caso de que algún interno presente síntomas y no sea necesaria su internación, será conducido a un sector de aislamiento que se reservó en cada unidad: en total son 600 plazas, de las cuales 400 están en el exComcar.

En tanto, para el personal penitenciario se aplicó el trabajo a distancia, y en los casos en que no es posible se organizó un régimen de guardias para reducir la circulación. Los mayores de 60 años, embarazadas y funcionarios con factores de riego están exonerados de concurrir, pero al resto se le entregó un segundo uniforme para que cada día puedan lavar el que hayan usado, y recibieron tapabocas, guantes y elementos de higiene como alcohol en gel. Además, deben ser fumigados vehículos y espacios comunes.

Si bien todos los actores consultados reconocen el “esfuerzo” y el “compromiso” del INR, los dirigentes sindicales que representan a los funcionarios civiles penitenciarios, a los policiales y a los funcionarios de salud pública aseguran que es insuficiente.

Guardiacárceles y operadores dicen que, al menos en las unidades más grandes, los artículos de protección se agotaron hace días. “En el Comcar, los policías no tenemos tapabocas, ni guantes, ni alcohol de ningún tipo, ni siquiera tenemos jabón. Los funcionarios traen lo que pueden desde sus casas para protegerse”, plantea Sergio Ceriani, delegado del Sindicato Único de Policías del Uruguay en cárceles. Y advierte: “Cuando caiga un módulo, caerán todos. Acá va a pasar lo mismo que en los cruceros”.

De acuerdo al relato de otra fuente, las fumigaciones a los vehículos tampoco se están realizando como se prometió.

En cuanto al personal de la salud, desde el anonimato sus funcionarios reclaman que los materiales que les entregaron no son los recomendados: las túnicas protectoras son demasiado finas, lo que las hace poco impermeables y no protegen la totalidad de los brazos ni el cuello; los lentes son de un diseño que incluye agujeros; faltan filtros de alta eficiencia para evitar que al asistir manualmente la respiración de un paciente las gotitas se dispersen. “Uno siente que está desprotegido”, dice un trabajador.

Mendoza tranquiliza anunciando que, además de las donaciones que están llegando recurrentemente, el Sistema Nacional de Emergencia “hizo una compra muy grande” que va a entregar “en breve”. Enumera: “artículos de limpieza, de higiene personal, alcohol y tapabocas”.

En la cárcel de mujeres y en las unidades de Florida, Salto, Paysandú y Maldonado ya hay reclusos elaborando barbijos. “Queremos que todas las visitas, todos los funcionarios y todos los reclusos los usen”, anuncia el director.

“Consciencia” y “compromiso”, puntualiza: esos son los dos conceptos clave que transmite hacia afuera y hacia adentro de las rejas para recordar que “en este barco estamos todos”. Su misión, dice, es que no se hunda.

El miércoles pasado, el médico Daniel Márquez, integrante del programa socio educativo sanitario Nada crece a la sombra, visitó ese micro mundo que es el exComcar. Quiso recorrer la unidad para testear cómo viene el clima. “Es otra cárcel. Está silenciosa, los ves tristes, inquietos. Está tensa”, describe.

Según el protocolo que elaboró el INR, a todo el que ingresa se le debe tomar la temperatura y nadie con más de 37.5° puede poner un pie adentro. El asunto es que como el instrumento es industrial, y se coloca sobre la frente, capta también la temperatura del ambiente, lo cual generó lecturas de 31° ó 32° que instalaron el mito de que el instrumento está mal calibrado o no funciona. “Son muy precisos y si hay fiebre la detectan”, cuenta Márquez que les respondió a decenas de funcionarios que le consultaron al respecto, temerosos de que una falla en el termómetro hubiera permitido ingresar gente enferma.

Al verlo trasladarse de un módulo hacia otro, algunos internos se acercaron a las ventanas y desde allí le gritaban las dudas que tenían, del estilo “qué pasa si mi hijo tiene fiebre, ¿la madre puede venir igual a la visita?”

Limitar la circulación en las unidades es esencial para evitar que el virus entre y, eventualmente, que salga. Por eso el protocolo las restringió a un solo familiar mayor de edad. Pasan de a tandas, y se fraccionó el tiempo del encuentro. En unidades como la de Punta de Rieles, los propios reclusos optaron por no recibir a sus familiares ni a amigos hasta que la emergencia se supere.

Este tipo de actitudes, y la comprobación de que el volumen de visitas bajó, son un respiro para Mendoza. Incluso cuando desde dentro de la cárcel advierten que ni las visitas del domingo ni las del último martes respetaron el distanciamiento recomendado. Como prueba envían fotografías que muestran una larga y apretada fila de mujeres. Ayer, en cambio, se les entregó tapabocas a todas.

“Yo les hablo a los delegados de los internos, y les pido a los directores que les hablen mucho a ellos y a sus familias para que entiendan que necesitamos su compromiso, porque esto es igual a lo que pasa en la calle: no se puede cumplir poco o más o menos con alguna medida, hay que cumplirlas todas para que no entre el virus”, dice el director.

Márquez, el médico, también les habla. Durante el recorrido del miércoles pasado, los reclusos con los que tiene mejor relación se reunieron con él, de a pequeños grupos y esta vez sí: alejados los unos de los otros. Le preguntaron por el casamiento en el que se dieron decenas de contagios; por los cadáveres en las calles de Ecuador y los miles de muertos en Italia y en España; le preguntaron cómo podrían “cuidar” a los “tíos”, “viejos” o “abuelos”, que es otra forma de decirles a los presos ancianos.

“A mí lo que me costó fue confesarles que desde el punto de vista médico, no tengo dudas de que si el virus ingresa a las cárceles, la situación de la pandemia a nivel nacional va a ser gravísima. Veo el esfuerzo que hace el INR con los pocos recursos que tiene, pero creo que necesita más ayuda de otras instituciones como los ministerios de Desarrollo Social y el de Salud Pública adentro de la cárcel”, reflexiona.

Sin actividades, con recreos limitados y menos visitas —y por lo tanto menos artículos de higiene, ropa limpia, alimentos, dinero y sustancias prohibidas que, según los expertos, mantienen cierta convivencia en las unidades—, la cárcel se convirtió en un encierro dentro de otro encierro. Si desde una celda se escucha una tos a la lejos, se enciende la alarma.

Mendoza sabe que el riesgo de que aumenten los conflictos no se puede correr. Si bien la médica López, de ASSE, confirma que en primera instancia se recomendó suspender las visitas pero incorporando políticas interinstitucionales que proporcionen los productos que suelen proveer estas, por ahora no es una opción. En Italia, Colombia y Brasil les costó decenas de heridos y muertos en motines, y saqueos a enfermerías. Hasta el momento, en Uruguay “no hubo problemas”, afirma el director.

Tras estudiar las 20 recomendaciones que elaboró el comisionado Petit, y participar de videoconferencias con representantes de la Cruz Roja y del Banco Interamericano de Desarrollo, Mendoza dice que serán adoptadas nuevas medidas “para estar en sintonía con lo que está funcionando en otros lados”.

Por ejemplo, para generar una válvula de escape que complemente la reducción de las visitas, se están reparando y colocando teléfonos de acceso libre y gratuito para números de línea y celulares de Ancel. También se permite el ingreso “con ciertos filtros” a las salas de computación.

Sobre la mesa hay otras más excepcionales, que tienen que ver con distinguir quiénes son los presos más vulnerables en caso de contraer el virus y qué planes concretos hay para protegerlos.

El sistema penitenciario tiene dos prestadores de salud: ASSE se encarga de las prisiones ubicadas en la zona metropolitana y la de Cerro Carancho, en Rivera —las cuales representan el 64% de la población—, y Sanidad Policial del resto.

López, la autoridad de ASSE en este universo, lleva un mes de reunión en reunión planificando cómo reaccionar para repeler el virus. El cansancio se siente en su voz cuando cuenta que el primer paso fue identificar a los reclusos mayores de 65 años, a los que padecen enfermedades autoinmunes, diabetes, insuficiencias respiratorias, cardíacas, a los que tienen patologías oncológicas y a las embarazadas. En total, son 503 los que presentan mayor riesgo si contraen el coronavirus.

Por otro lado, Sanidad Policial estima que entre 4% y 8% de la población que controla tiene comorbilidades (entre 219 y 439 personas) y está analizando el riesgo de cada uno en caso de ser infectado.

“Llegado el caso —llegado el virus—, sabemos quiénes son y dónde están, y tendremos que tomar medidas para protegerlos mejor”, anuncia López. Pero la cárcel no se parece a nada, así que cuando se le pregunta qué tipo de acciones están pensando, advierte: “No es sencillo unificarlas”. Una idea podría ser redistribuirlos, como se hizo con algunas de las embarazadas que fueron trasladadas a la unidad 9 (hay 11 en total).

De esto se hablará en una reunión con el INR mañana. Mientras tanto avanza el cronograma de vacunación contra la gripe porque, por más que el núcleo más vulnerable esté bajo un cuidado más atento, lo que López quiere que se entienda es que los 11.940 internos son población de riesgo ante la amenaza del Covid-19.

No solo el territorio penitenciario es propicio a que sean incubadas múltiples enfermedades, sino que la propia biología de los reclusos es mucho más débil, incluso en el caso de los jóvenes.

En parte por la mala alimentación que reciben —que, según observó el médico Márquez, por estos días se mejoró—, también porque arrastran malnutriciones del pasado y, sobre todo, porque el 80% tiene un consumo problemático de sustancias, en especial de pasta base. “No te hacés una idea de cómo quedan los pulmones de un fumador de pasta base. Imaginate cómo podría afectar a esta población el coronavirus”, plantea un funcionario de la salud.

Lo que todos piensan y pocos dicen para evitar alarmas, es que si el virus entra a una cárcel y se propaga, el porcentaje de pacientes “amarillos” y “rojos” que deberán ser hospitalizados podría ser abrumador. “Son una bomba de tiempo”, repiten varios especialistas consultados.

Márquez, por su parte, plantea: “Si tenés a un preso infectado lo primero que tenés que hacer es fijarte con quién tuvo contacto adentro, y después tenés que hacer ese mismo ejercicio hacia el afuera, con los funcionarios —muchos policías tienen su hogar en el interior y vuelven allí al terminar la guardia— y con los proveedores. Entre los internos que podrían ser casos sospechosos, ¿podés aislarlos a todos juntos en las salas previstas? Esto haría que se redujeran las plazas reales. Entonces, cabe preguntarse, ¿la cárcel soporta la misma medida que previmos para el resto de la población?”.

El comisionado Petit es el encargado de informarles a los legisladores acerca de la efectividad de las medidas sanitarias aplicadas en las cárceles, y también es quien propone nuevas, siguiendo las recomendaciones de los distintos organismos de promoción de derechos humanos.

“Se ha señalado la importancia de lograr que los presos altamente vulnerables, con mucha edad, con problemas serios de salud, con delitos leves o penas cortas por delante, sean especialmente atendidos ya que la prisión implica un riesgo altísimo de contagio y de carga viral. Esto va desde definir sectores especiales sanitarios para ellos, como proceder a activar mecanismos liberatorios o de medidas alternativas, como la prisión domiciliaria”, explica.

Argentina, Estados Unidos e Irán ya lo han hecho; en Colombia y Chile se está analizando. ¿Qué mecanismos hay para desarrollar esta estrategia en nuestro país? El primer intento fue solicitar el arresto domiciliario para dos reclusas con hijos a cargo mediante el habeas corpus correctivo, un instrumento ágil que introdujo el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), y que se ha usado para denunciar violaciones de los derechos humanos en presos con condena.

Pero se ganó uno y se perdió el otro, lo que descartó el entusiasta plan de, en una segunda instancia, recurrir a habeas corpus colectivos para así abarcar a grupos de internos que integren la población de mayor riesgo. “Con el diario del lunes quedó claro que funciona bien cuando hay fallas claras del sistema, pero no cuando se trata de cuestión estructural”, explica Juan Ceretta, el abogado que asesora a Petit.

La opción que se encaminó entonces es un convenio con la Defensoría Pública, que representa al 90% de los reclusos. Se consideran: las condiciones personales (edad, salud, que tengan hijos o mayores a su cargo), que tengan un domicilio, y su situación jurídica (causas leves o condenas casi cumplidas). ¿Cuántos son? “Aún no hay una estimación”, dice Petit.

Verónica Acuña, directora de la defensoría penal que patrocina a los imputados hasta que se dicta sentencia, cuenta que están revisando los casos de procesados por el código viejo que están presos sin condena para, si amerita, pedir su liberación. “También estoy recibiendo llamadas de directores de unidades que plantean situaciones puntuales de internos que tienen días de trabajo acumulados y consultan si es viable tramitar su libertad”, cuenta.

En tanto, Clara Leite, de la defensoría de ejecución que hace el seguimiento de la condena, confirma que están “cruzando información” con Petit para detectar quiénes podrían hacer esta solicitud ante los juzgados que se encargan de controlar el cumplimiento de las penas.

En Montevideo, los jueces de ejecución son cinco. De acuerdo al relato de algunos de ellos, para su sorpresa, hasta el momento las solicitudes de prisiones domiciliarias no se han incrementado. “Tenemos un marco normativo que prevé estas situaciones. Ante la solicitud en el marco de la pandemia se evaluará si el recluso está ubicado dentro del núcleo de riesgo designado por la Organización Mundial de la Salud y en qué situación está la unidad donde cumple la pena, además de si la persona tiene un lugar donde vivir afuera o si habría que designarle alguno”, apunta.

Lo que preocupa a estos jueces es que las solicitudes “tardías” lleguen ahora como un aluvión. Sucede que cada caso requiere de una pericia técnica y los recursos son limitados, igual que los dispositivos de monitoreo electrónicos que suelen indicarse para estos casos y de los que dispone la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) para controlar el cumplimiento de la medida sustitutiva.

En este sentido, la defensora Acuña plantea si no sería este un momento propicio para que el Ministerio del Interior “fortaleciera” la OSLA, que se ha visto sobrepasada en su efectividad debido a la multiplicación de derivaciones acordadas en procesos abreviados.

El asunto, dicen los expertos, es actuar rápido, porque cuando el virus entre podría no haber tiempo para discutir opciones. Es que la cárcel no se parece a nada, y nadie quiere imaginar los estragos que podría hacer la pandemia rejas adentro.