Por Maite Beer *
Sobre el piso de cemento de la plaza de la avenida Aparicio Saravia y Enrique Castro hay siete letras construidas con tubos de plástico que forman la palabra “Marconi”. Es el 5 de agosto de 2022, cae la tarde y la mayoría de la gente circula por el barrio con el único pretexto de cumplir con los quehaceres cotidianos. Algunos se bajan del ómnibus con el peso de la jornada en los hombros, otros entran y salen de los almacenes, un par de niños juega en la plaza.

El tiempo avanza, la luz se atenúa y llega la noche. Unos minutos antes de las nueve se oyen disparos, algo usual en este barrio herido por la delincuencia. Dos bandas criminales se enfrentan a cuatro cuadras. En ese momento, Micaela Pereira, de 29 años, va hacia el trabajo junto con su hermana mientras Gabriel Melgarejo, de 25, sale de un almacén en dirección a su casa. No les da el tiempo para escapar de la situación y dos balas perdidas impactan en sus cuerpos.

Este doble homicidio estremeció a los residentes de la zona, que se unieron en una movilización para pedir justicia por las víctimas inocentes. Niños, jóvenes, madres con bebés en brazos y personas mayores recorrieron el barrio, aplaudiendo y exhibiendo carteles. En aquella instancia, Alejandro Andrada, del colectivo vecinal Casavalle de Pie, dijo a los medios: “Hay que apostar al diálogo porque no se apaga el fuego con nafta. Hay que poner paños fríos a esta situación para terminar con la violencia”.

Foto: Francisco Flores.

Con esa idea en mente, los vecinos organizados pidieron al Ministerio del Interior una respuesta más incisiva que garantizara la seguridad de las personas trabajadoras del barrio. Pero una de las instancias de diálogo clave para el sistema de seguridad no tuvo lugar: a pesar de que los dos asesinatos ocurrieron en un horario en el que había gente en la calle, el fiscal de Homicidios de 1° Turno, Carlos Negro, no cuenta con testigos oficiales. “El barrio sabe quiénes son y nosotros también sabemos”, dice el fiscal, pero en los casi ocho meses que lleva la investigación nadie quiso declarar en Fiscalía. Los sospechosos, según la información que aportó la fuerza policial, son un adolescente de 16 años y dos adultos.

Por más que haya gente que informalmente dé los nombres de los supuestos agresores, que son conocidos en el barrio, la causa penal no puede avanzar sin testigos y el fiscal Negro tampoco cuenta con otras pruebas. En este caso no se obtuvieron evidencias forenses en la escena del crimen, no se recuperó el arma y tampoco se cuenta con material fílmico por la ausencia de cámaras de seguridad en esa cuadra.

De los 383 homicidios que ocurrieron en 2022, el 51% se resolvieron y culminaron con la condena de los responsables, mientras que en 2021, cuando hubo un total de 306 homicidios, el porcentaje de esclarecimiento fue del 50%. En 2020 se resolvió el 57% de los asesinatos y en 2019, 53%. Tanto Negro como las otras dos fiscales de Homicidios, Mirta Morales y Adriana Edelman, indican que uno de los factores que influye en el fracaso de gran parte de las investigaciones es la falta de testigos.

Cuando se trata de aportar información que pueda comprometer a delincuentes que dominan algunos barrios periféricos de la capital, son pocos los vecinos que se animan a declarar ante la Justicia. Y así se repite un círculo vicioso: ocurre un homicidio, nadie denuncia ni oficia como testigo por miedo a las represalias, los criminales continúan operando y las bandas vuelven a ejercer violencia. El aumento de homicidios en Uruguay es una tendencia clara desde hace 18 años, según los informes que publica anualmente el Ministerio del Interior.

Aunque el diálogo entre la Fiscalía y los vecinos de los barrios más afectados no es frecuente, donde sí se corre la voz es en el boca a boca. Ahí se ventila la angustia frente a tanta inseguridad y se comentan nombres, apellidos y vínculos entre los integrantes de las bandas. La tragedia se convierte en chisme de barrio mientras la impunidad crece.

Al día siguiente del doble homicidio en el Marconi, algunos residentes ingresaron al almacén que está frente a la plaza de las letras de plástico y, entre pedido y pedido, le contaron todo lo que sabían al matrimonio que atiende en el comercio, que prefirió no revelar sus nombres para este reportaje. Los vecinos les comentaron los detalles del crimen en voz baja y cuidándose la espalda. A los vendedores y a los compradores los separa una reja, que el matrimonio se vio obligada a colocar luego de que los rapiñaran dos veces. Entre las distintas medidas de seguridad jamás pensaron en colocar cámaras porque, si ocurriera algún delito en su calle —tanto si fueran ellos las víctimas como si no—, la Policía tocaría la puerta del comercio para pedir las filmaciones y, según la pareja, entregar los videos te convierte directo en “cómplice de los milicos”.

En un barrio en el que todos se conocen, un paso en falso puede acarrear consecuencias graves, por lo que el mecanismo de seguridad que ofrece más garantías parece ser el silencio. A eso recurre la dueña, de 71 años, de otro almacén de la zona. Nacida y criada en Marconi, ha visto cómo cada vez resulta más peligroso transitar las calles de su barrio y asegura que si algún “ratero” llegara a hacerle daño a alguno de sus hijos o nietos, ella haría todo lo que estuviera a su alcance para ver a los responsables detrás de las rejas, pero si se trata de cualquier otro vecino, cree que es un triste “sálvese quien pueda”. La mujer confiesa que ni siquiera se arriesgaría a llamar al 911 si mataran a una persona en la puerta de su almacén.

Un empleado de una gomería local dice que es “ciego, sordo y mudo” y, aunque quizá haya información que llegue a sus oídos, elige no entrometerse. Sabe que atiende a muchos delincuentes, pero elige no indagar. Mientras cuenta esto, un auto último modelo —blanco y recién lavado— frena en la entrada del taller y se oye el reguetón retumbando contra los vidrios espejados. Dos hombres recién salidos de la barbería le hacen señas al mecánico, quien se aproxima al vehículo para chocar el puño con los dos conocidos, que bajan la ventanilla. Luego de ponerse al día durante unos minutos, el caño de escape ruge mientras el auto desaparece a toda velocidad.

Elena, una mujer de unos 70 años que vive en el Cerro, dice enfurecida: “Los odio, los odio de verdad”. Su rabia está dirigida a un clan familiar que por varios años fue el más buscado por la Policía y que estuvo en la portada de diarios al igual que en los titulares de los informativos. Se trata de Los Suárez, una banda encabezada por el narcotraficante Luis Alberto “Betito” Suárez Correa. Residían en Cerro Norte y a través de su poder fueron ganando más y más territorio. En muchos casos, a costa de la paz de los vecinos.

Foto: Fernando Ponzetto.

El grupo delictivo comenzó a reducirse cuando el “Betito” fue condenado a dos años y medio de prisión en 2021, luego de estar tras las rejas desde 2006 hasta 2018, y su medio hermano y mano derecha, Ricardo Cáceres Correa —conocido como “Ricardito”—, también fue encarcelado nueve años. Pero algunos miembros de menor jerarquía continúan rondando por el barrio y, según Elena, usurpan casas y continúan intimidando a los deudores de sus bocas, lo que incrementa la violencia en la zona. El 1 de febrero de 2023, “Betito” quedó en libertad tras redimir su pena.

La mujer (cuyo nombre fue modificado para preservar su identidad) asegura que denunció más de diez veces a la banda criminal y, al ser testigo de la impunidad del grupo, decidió saltarse a la Policía. Entonces a fines de 2021 se reunió con la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, y con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, para denunciar que la zona “está comprada”.

Cuando Sandra Lorena Suárez —hermana de “Betito” y “Ricardito”— fue detenida, Elena incluso se ofreció para declarar y aportar toda la información que tenía sobre la familia. Detalló nombres, domicilios, vehículos y roles que cumplen varios de los integrantes de la banda. Según dice, es la única que se animó a poner un freno a esta familia de delincuentes. “Acá no habla nadie, nadie, nadie”, enfatiza.

En febrero de 2022, alrededor de las dos de la madrugada, integrantes de la banda criminal que aún están libres le apedrearon la casa con cascotes. No le rompieron los vidrios porque poco antes había asegurado las ventanas con rejas, pero el impacto de los restos de escombro destrozó la fachada de la vivienda. Incluso le rompieron el contador de la luz. Las pedradas no fueron el final: Elena y su familia están hoy amenazados de muerte por Alejandro Cáseres, alias el Rengo del Brujo, y por su hermano Wilson Cáseres, alias el Monito, por haber aportado información al Ministerio del Interior. La advertencia se reitera semana a semana, con insultos en la calle y motociclistas que circulan alrededor de su casa a altas horas de la noche.

Cuando el fiscal de Corte Juan Gómez se enteró de las represalias, le contó a Elena sobre la posibilidad de realojar a su familia en una nueva vivienda como parte del Programa de Protección Especial para Víctimas y Testigos de Delitos, que existe desde que en 2017 entró en vigencia el actual Código del Proceso Penal (CPP). La relocalización tenía la intención de evitar otro ataque, pero la denunciante se negó a irse porque la construcción de su casa le significó un gran sacrificio económico y tampoco quiso decirle adiós al barrio. Además, les dijo a las autoridades que salir del Cerro no le iba a garantizar ningún tipo de seguridad porque el poder de Los Suárez ya se había extendido a todo Montevideo.

Fernando Romano, fiscal de Flagrancia de 9° Turno, fue el encargado de indagar el caso por amenazas y violencia privada agravada y explicó que la investigación no logró avanzar porque no se identificaron a las personas que tiraron los cascotes, ni siquiera la Policía pudo recabar pruebas.

Al conversar con los vecinos del Cerro, por lo menos cuatro residentes aseguran que la banda tiene más poder desde adentro del Penal de Libertad que desde fuera. Por las calles del barrio que mira al Río de la Plata circulan los informantes, administradores, sicarios y cómplices que no dudan en ejercer la violencia para que Los Suárez no pierdan la posición que alcanzaron. Incluso se han constatado mutilaciones de dedos u orejas. “Están todos presos, pero es como si estuvieran acá. Existe solo la ley de ellos”, dice Elena.

En 2022, a partir del trabajo de la Unidad de Víctimas y Testigos, seis familias fueron relocalizadas a otros barrios, en algunos casos de otro departamento. En 2021 hubo nueve relocalizaciones en todo el país, en 2020 fueron ocho y en 2019 el total fue 17, según un pedido de acceso a la información de Fiscalía.

La Unidad de Víctimas y Testigos es el organismo que, junto con el equipo fiscal, evalúa el riesgo de los implicados en un delito, tanto las personas que lo sufrieron como quienes lo vivieron en calidad de testigos. Esta evaluación es la que les permitirá determinar si los involucrados necesitan asistencia psicológica permanente, si en el momento de declarar lo deberían hacer en sus domicilios en vez de en la Fiscalía (por la tensión que supone el ambiente), o si es necesario que abandonen sus hogares por algunos días por el riesgo que corren.

El 27 de agosto de 2022, una mujer de 61 años estaba mirando televisión en su casa un sábado de noche cuando recibió un disparo en la cabeza. En la vivienda, ubicada en Luis Bottaro y Pasaje H en Marconi, también estaban su hija y sus nietos. Cuando escucharon los disparos, del exterior, la hija corrió a la sala y vio a su madre tendida en el suelo con un abundante sangrado que salía de la cabeza. Desesperada, llamó al 911.

En medio de la noche silenciosa de invierno sonaron las primeras sirenas. Entre tanta oscuridad resplandecía un rojo y azul eléctrico que al instante llamó la atención de los vecinos. Ver a varios patrulleros llegando a toda velocidad por lo general es una señal de que ocurrió una tragedia.

Cuando los agentes ingresaron, ella ya había fallecido.

Fue un homicidio que generó desconcierto en la zona porque los asesinados tienden a ser jóvenes y, en su mayoría, personas involucradas con la delincuencia. Era sorprendente que mataran a una empleada doméstica de 61 años sin antecedentes penales y con un círculo familiar alejado de lo criminal. El caso fue encargado a la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Adriana Edelman, quien informa que si bien se realizaron allanamientos y se tomaron declaraciones, no hubo formalizados y —otra vez— tampoco hay testigos.

Según se supo a partir de una fuente de Fiscalía, hay dos líneas de investigación del homicidio: represalias o un error. Por un lado, un informante de la Policía dice que la mujer podría haber sido testigo del incendio de una vivienda por parte de un grupo criminal, que al parecer era una boca de venta de droga, y ella lo denunció. El asesinato entonces sería la venganza de este grupo, además de una señal para el resto del barrio: el que involucra a la Policía, sea quien sea, tiene este final. Pero también existe otra teoría, que sostiene que el ataque en realidad estaba destinado a otra persona que se encontraba en la casa de al lado: un hombre que se mueve en el circuito de la venta de drogas. La fuente de la Fiscalía dice que por ahora no se pudo confirmar ninguna de las dos hipótesis.

Aunque los homicidios aumentaron 25% en 2022 en comparación a 2021, la Unidad de Víctimas y Testigos atendió a 566 testigos en 2022, mientras que en 2021 fueron mucho más: 976. En 2020 y 2019 fueron 1.099 y 477 respectivamente, según información que aportó el organismo. La falta de testigos es un “problema real”, sentencia la fiscal Edelman, y por eso cree que esta ausencia se debe suplir con otros métodos de investigación: filmaciones, pruebas científicas, más tareas de inteligencia de la Policía y tecnología avanzada. A esto apuntó el Ministerio del Interior con la compra de 2.800 cámaras, lo que fue anunciado en noviembre de 2022.

De todos modos, el subsecretario Guillermo Maciel cree que hay otra forma de convencer a las personas para que oficien como testigos: la Policía les debe explicar a quienes presencian los crímenes que el sistema cuenta con mecanismos y garantías para que ellos aporten información con el menor riesgo posible.

Una de las posibilidades del sistema es ser testigo protegido, el mecanismo que aporta mayor seguridad. En esta modalidad los testigos declaran desde otra habitación del juzgado durante la audiencia y su declaración se transmite de forma virtual. Le dan la espalda a la cámara y su voz se emite de forma distorsionada. Así se preserva el anonimato. A su vez, los funcionarios judiciales firman un acuerdo de confidencialidad que les impide revelar los datos de los testigos y toda la información se coloca en sobres sellados.

Las declaraciones con identidad reservada, sin embargo, tienen menor valor a los ojos del juez. Incluso, algunos ni siquiera las tienen en cuenta para determinar la culpabilidad. Si la persona que se presenta para declarar como testigo tuviera la intención de vengarse del indagado, esta modalidad de testificar lo ayuda a construir un relato falso, explica el fiscal Carlos Negro. Sería imposible condenar a 20 años de prisión a un homicida solamente contando con las declaraciones de testigos protegidos.

Negro establece que la problemática de los testigos reside en “el costo-beneficio” que tiene declarar. Los vecinos son conscientes de la importancia de aportar información, dice el fiscal, pero el temor los paraliza y siempre la vida de uno tiene mayor peso que la de los demás. Aunque se haga justicia y se logre condenar al homicida, sus hermanos, hijos o primos pueden estar esperando para desquitarse contra el delator. “No le podemos generar falsas expectativas a la gente diciéndoles que los vamos a proteger cuando, en realidad, a veces eso deja de estar a nuestro alcance”, plantea Edelman, y determina: “No es posible ponerle un policía al lado de por vida”.

Peñarol fue el barrio con mayor tasa de homicidios en 2022: en un solo año asesinaron a 16 personas. Oír que “se confundieron” y mataron a un joven de 18 años que iba en bicicleta o que “encontraron enterrada” a una persona que hace días estaba desaparecida, provocó un quiebre en esta comunidad.

“Me dicen que hubo un homicidio y es como si me dijeran que hubo un robo”, cuenta Javier, el dueño de un local de comida. Tanto él como otras nueve personas entrevistadas aseguran que su confianza en la Policía es nula.

El barrio se convirtió en un “nido de bandas”, dice el vendedor, un sitio dominado por los traficantes a quienes todos conocen de nombre. En menos de cinco meses mataron a cinco “conocidos” suyos. De jóvenes eran “pibes bien” —relata—, uno de ellos incluso había ido a la escuela con él, pero al crecer se metieron en el mundo de la droga, las armas y la sangre, y de ahí no se sale fácil.

Uno de los homicidios recientes que generó más impacto ocurrió el 29 de octubre de 2022. Ese mediodía una mujer de 56 años limpiaba la canaleta en Marconi y Camino Edison, cuando vio que había una bolsa obstruyendo la boca de tormenta. Mientras la intentaba sacar apareció otra mujer, de 37 años, que vive en la misma cuadra y entre las dos intentaron extraer la bolsa. “Sentimos un olor putrefacto muy fuerte y entonces vi varias lombrices”, narra una de ellas.

Foto: Estefanía Leal.

Aunque en ese momento no abrieron la bolsa, el olor hizo que las mujeres sospecharan que se trataba de los restos de un ser vivo y, por si acaso, llamaron a la Policía. Esa fue la primera escena de un hecho macabro. Lo que se halló dentro de la bolsa fue la pelvis de Jessica Silva Montero, de 27 años, quien estaba ausente desde hacía tres días. Luego aparecieron dos bolsas más con la cabeza, los miembros inferiores y el torso. Las segundas bolsas estaban en una boca de tormenta enfrente. Al tercer día hallaron más restos en otro desagüe cerca de un jardín de infantes, a cuatro cuadras.

La mujer era adicta y tenía relación con la banda de Los Segales, liderada por Mauro Segales, quien desde noviembre se encuentra imputado. Fuentes policiales dicen que probablemente ella era la novia de uno de los sicarios de los hermanos que también fue asesinado el año pasado.

El nombre Mauro Segales está en la mente de los vecinos de Peñarol, pero a la hora de pronunciarlo el tono de voz pasa a ser casi un suspiro. Según fuentes de la Policía, muchos de los 16 homicidios que ocurrieron en 2022 los planeó él. Jessica había sido testigo de uno de ellos y, luego de perder relación con el integrante de la banda, se comunicó con la Policía para reunirse y aportar información, según explica una fuente de la investigación.

Por eso, la hipótesis que maneja Fiscalía es que la banda planificó el homicidio para asegurarse de que no hablara. Así, la mataron y se ensañaron con su cadáver. Luego esparcieron sus restos por las calles de Peñarol como si se tratara de un animal.

“Esto era un paraíso, un barrio humilde, laburador, ponele que había algún que otro robo o rapiña, pero no como la violencia de ahora, que matan a una persona y la cortan en pedacitos”, dice Silvio Nero, empleado de un taller mecánico. “Esas son cosas que ves en las películas. No es de acá, no es de Uruguay”.

Con respecto a este crimen, hasta el momento solo hay una persona imputada: una mujer de 28 años a quien le encargaron tirar las bolsas en las bocas de tormenta. Se pudo saber lo que pasó por medio de cámaras de videovigilancia y por eso se formalizó la investigación de esta mujer por encubrimiento. Ella iba acompañada por su pareja, de 36 años, quien también fue interrogada, aunque la Policía decidió liberarla.

Después del horror que sembró el caso de Jessica Silva Montero, un vecino describe la impotencia que se vive hoy en Peñarol: “El que mete la pata y habla, que vaya aprontando el ataúd”.

(*) En la producción de este reportaje colaboraron Agustina Centurión, Joaquín Pérez del Castillo y Juan Ignacio da Silva. El trabajo se realizó en el marco del proyecto final de Periodismo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Montevideo, en el que también participaron: Agustina Lombardi, Alanna Fuentes, Rocío González, Tomás de León, Sofía Berardi y Sofía Gard.