PESADILLA DE FUGITIVOS

Banco de ADN de Policía Científica tiene las huellas genéticas de 54.000 procesados

Cada vez que se comete un delito las pruebas biológicas se cruzan con esta información. El sistema ha permitido resolver más de 500 delitos. Las pruebas que realizan en ese laboratorio podrían reconocer los restos de desaparecidos en dictadura, pero el Grupo de Familiares se niega a que lo hagan.

Natalia Sandberg, Registro Nacional de Huellas Genéticas,de Policía Científica.
Natalia Sandberg, Registro Nacional de Huellas Genéticas. Foto: Darwin Borrelli.

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Cada viernes un software creado por el FBI busca al culpable de la muerte de Lola Chomnalez. El ADN de las gotas de sangre que estaban en su mochila es cotejado con el banco de datos del Ministerio del Interior. Hasta ahora no hubo coincidencias, pero entre 1.000 y 1.300 nuevas muestras son ingresadas cada semana y no pierden las esperanzas. “Por lo general el que roba una vez, roba otra vez; el que viola una vez, viola otra vez; y el que mata una vez, mata otra vez. Así funciona”, dice Natalia Sandberg, que está al frente del Registro Nacional de Huellas Genéticas, a cargo de Policía Científica.

Allí se atesoran 55.831 huellas genéticas. De estas, 53.935 pertenecen a personas que fueron procesadas con o sin prisión, o (a partir del nuevo Código del Proceso Penal) formalizadas.

La oficina fue inaugurada en diciembre de 2011, cuando se promulgó la ley 18.849 que habilitó la creación del registro. Recién a partir de 2014, cuando se adquirieron los equipos y el software Combined DNA Index System (Codis), creado por el FBI, se empezó a generar el banco de datos con las huellas genéticas de cada una de las personas que cometan delitos.

No importa lo que hayan hecho, todos deberán someterse a la prueba de ADN: un violador o un asesino, pero también aquel que haya protagonizado una riña en un espectáculo público y sea entonces penado por la ley de faltas.

Hasta ahora se ingresaron 1.358 datos de ADN de pruebas biológicas correspondientes a casos sin resolver —ocurridos desde el año 2000 en adelante—; de estos, 529 (el 39%) fueron resueltos luego de que el cruzamiento de datos arrojara coincidencias. Sandberg sostiene que gracias a este método se han encontrado culpables de crímenes cometidos desde 2001, personas que desde hacía mucho tiempo creían haber burlado a la ley.

“La base de datos está actualizándose constantemente. Todo el tiempo están llegando nuevas muestras de ADN de nuevos formalizados con o sin prisión. Si alguien cometió un delito en 2005 y reincidió recién en 2019, a partir de la muestra que le saquen hoy vamos a poder detectar que también es culpable de lo que pasó en 2005”, explica Sandberg.

Hasta hace un tiempo, cada vez que se constataba una coincidencia, la oficina del Registro Nacional de Huellas Genéticas “era una fiesta”. Ahora ya se volvió algo cotidiano: “Prácticamente todos los viernes, cuando confrontamos la base de datos criminal contra la base de datos de casos no resueltos, hay coincidencias”.

REsuelto
Robo Geant
Robo del Geant y peaje de Pando
“El Yorca” tenía 29 años cuando fue arrestado en 2016. Creía que lo agarraban solo por el atraco que había cometido hacía poco en el Geant, pero también lo procesaron por asaltar un peaje en 2015. Constataron esto último gracias a restos de ADN.

Resueltos

La oficina del Registro Nacional de Huellas Genéticas tiene cuatro habitaciones. Dos están destinadas a laboratorios en los que se extrae el ADN de las pruebas biológicas que se recogen de las escenas de los crímenes y donde también se archivan las espátulas con el ADN de los procesados. Hay otra en la que están los aparatos comprados por el Ministerio del Interior al FBI y que traducen las pruebas de ADN a las huellas genéticas de cada una de las personas. La última tiene las computadoras en las que está instalado el software del FBI.

Al principio, cuando empezó a funcionar el Registro, debieron ir a tomar muestras en las cárceles. Hoy, cada vez que una persona es procesada, la Policía toma las muestras de ADN en el juzgado. Si alguien se opone y fue procesado sin prisión, se lo manda a la cárcel. Si alguien se opone y fue procesado con prisión, no saldrá en libertad hasta que acepte hacerse la prueba.

En Chile, uno de los otros 65 países donde también funciona este sistema, se les extrae a los procesados una gota de sangre; en Uruguay se decidió hacerlo con saliva “porque es menos invasivo”. Se puede obtener ADN también de cabellos o de semen —algo que suele hacerse en casos de violaciones—, en saliva en vasos, botellas o hasta colillas de cigarrillos.

Registro Nacional de Huellas Genéticas de Policía Científica.
Registro Nacional de Huellas Genéticas de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli. 

La maquinaria que manejan tiene un valor de entre US$ 40.000 y US$ 180.000. Cuando se inauguró el laboratorio la inversión fue de US$ 1.500.000. Cada año, además, se licitan US$ 1.000.000 entre reactivos e insumos para el laboratorio. Los funcionarios que trabajan allí son cinco, todas mujeres con carreras universitarias. Sandberg, por ejemplo, es magíster en Ciencias Biológicas.

El kit que utilizan para hacer la prueba se compone de un sobre, una cinta con tinta, una servilleta con alcohol y la espátula con la que se recoge la muestra. Los encargados de obtener ADN son siempre dos policías: uno que se dedica a llenar en el sobre los datos del procesado, sacarle la huella dactilar con la cinta y entregarle luego la servilleta para que se limpie el dedo; y otro que hará la prueba de ADN, poniéndole en la boca la espátula y pasándola “seis o siete veces” por el lado interior de una de sus mejillas.

Cada policía es garante del otro. Si se fragua la prueba ellos serán los sumariados. Hasta ahora, con casi 54.000 muestras solo se dieron dos casos: uno en el que el procesado era un hombre y el ADN correspondía a una mujer, y otro en el que se entregó una espátula correspondiente a un mellizo del procesado. Sandberg advierte que la prueba es prácticamente inviolable, y que de la única manera que se podría falsear es con gemelos idénticos.

El kit que utilizan se compra por licitación anual y hasta ahora lo ha provisto siempre la misma empresa, Bode Technology, de Argentina. El examen para un hombre tiene un costo de US$ 65 y el de la mujer baja a US$ 44, ya que en el hombre se deben analizar dos cromosomas, X e Y. El 95% de los análisis en procesados fueron hechos a hombres.

Científicos ignoran la identidad de las muestras

El equipo del Registro Nacional de Huellas Genéticas, a cargo de Policía Científica, trabaja “a ciegas”. Las espátulas con los restos de ADN tienen un código alfanúmerico que corresponde a una persona, pero ellos no saben a quién. La tarea de disociación la hace en forma previa otra oficina, que se encarga de asignarle un número a cada muestra. Cuando hay una coincidencia y el software detecta que ese ADN estuvo en la escena de un crimen, el laboratorio que dirige Natalia Sandberg solo puede decir: “Este código de una persona se corresponde con el código de la evidencia forense”. Y es el otro departamento el que hace el vínculo entre el hecho que se investiga y el nuevo sospechoso. Una vez que se lo identifica, efectivos van a buscarlo y lo llevan a los laboratorios de Policía Científica para que le realicen en forma presencial otro examen de ADN. Hasta ahora, los 529 crímenes que se resolvieron a través del cruzamiento de datos fueron confirmados en segunda instancia. Sandberg insiste con que el sistema es eficaz.

Casos

En diciembre de 2016, 10 delincuentes robaron una remesa en el supermercado Geant. Un guardia de seguridad logró herir a uno de ellos en una mano. De la mancha de sangre que dejó obtuvieron su ADN y lo compararon con la base de datos. Así se detectó que también había dejado restos de sangre en un robo en enero de 2015, en el peaje de Pando. A fines de diciembre de ese 2016 este delincuente, apodado “El Yorca”, fue atrapado por la Policía y se le imputaron ambos delitos.

Sandberg dice que también gracias a este laboratorio fue que se atrapó a “todos los que participaron en robos de cajeros automáticos”. En un caso uno dejó un guante, en otros había sangre porque se habían lastimado al momento de hacer volar los cajeros.

Con la mochila de Lola Chomnalez aún no han tenido suerte. Quizás sea solo cuestión de tiempo.

Resuelto
Cajero explosión
Pruebas en cajeros explotados
En enero un delincuente murió al explotar un cajero automático. La Policía asistió a su velorio y detuvo a su hijo, que también había participado del crimen. Como había dejado sangre en el lugar, para inculparlo lo que hicieron fue realizarle una prueba de ADN.

Ausentes

La ley que creó el registro también obligó a elaborar una base de datos para el personal del Ministerio del Interior que trabaja en los operativos, por si contaminan de forma involuntaria la escena del crimen. Se les puede caer, por ejemplo, un pelo en el lugar.

También se armó otra base relativa a personas ausentes, que empezó a implementarse hace tres meses. Desde entonces, el departamento que dirige Sandberg toma muestras de saliva de los familiares y realiza el mismo proceso de análisis que con los criminales. En estos casos, las entregas de ADN son voluntarias y se hacen los últimos 10 días hábiles del mes.

Unas 500 personas figuran como ausentes en la página web del Ministerio del Interior, pero solo 65 familias hasta ahora accedieron a dejar muestras. “La base va a ser cada vez más exitosa a medida que se vayan acercando. Pero también muchos familiares prefieren no venir porque optan por no enterarse que ese ser querido pudo haber fallecido. Es algo personal de las familias y hay que respetarlo”, sostiene Sandberg.

La técnica explica que en Policía Científica tienen 60 restos humanos sin identificar. No saben bien a qué época corresponden, pero fueron encontrados a partir de 2000. La idea de las autoridades es que las familias registren su ADN para cotejarlo con estos huesos y así resolver casos que hasta el momento son un misterio.

Sin resolver
Lola Chomnalez
La mochila de Lola Chomnalez
Lola Chomnalez, argentina de 15 años, fue asesinada en diciembre de 2014 en Valizas. Se halló su mochila con manchas de sangre. Fueron casi 50 los indagados a los que se hicieron pruebas de ADN para detectar posibles coincidencias, pero esto nunca sucedió.

El primer y único crimen que se aclaró de esta forma fue el de Cristina Jones, quien había desaparecido en julio de 2018. Antes de que se encontraran, en septiembre pasado, los restos de la mujer en el fondo de la casa donde vivía en Punta del Diablo, sus hijos habían ido a dejar muestras en la Policía. Cuando se halló el cuerpo, el laboratorio confrontó ese ADN con el de los familiares y el análisis dio positivo.

Otra familia que forma parte del banco de datos es la de José Ignacio Susaeta, que vivía en Montevideo. No se tienen noticias suyas desde mayo de 2015 y el pasado 1° de octubre debió cumplir 28 años.

El laboratorio también permite a los familiares entregar muestras de “referencia directa”. Una vez que las familias denuncian la ausencia de una persona, pueden brindarle a la Policía objetos que contengan restos de ADN de ella. Por ejemplo, sirven las colillas de cigarrillos, los vasos sucios y los cepillos de dientes. En estos casos, la confrontación con los restos será más fácil porque la coincidencia tenderá al 100%.

Sandberg adelanta que se encuentran trabajando “en algunos casos”, pero prefiere no explicitar cuáles para no crear falsas expectativas. Dice que “a futuro” esperan tener “novedades”, ya que realizan el proceso de confrontación de genes cada vez que llegan nuevos restos a Policía Científica. Lamentablemente, agrega, esto ocurre “bastante seguido”.

Hallazgo de restos de desaparecidos den Uruguay.
Hallazgo de restos de desaparecidos den Uruguay. Foto: AFP. 

Errores y desconfianza: ¿por qué enviar al extranjero restos de desaparecidos?

Hubo dos errores que marcaron al Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Uno de ellos ocurrió en 2005, cuando se encontraron los restos de Fernando Miranda en el Batallón N°13. Eran la primeras excavaciones que generaban hallazgos y la “falta de experticia” —asegura Nilo Patiño, integrante del grupo— tuvo sus consecuencias.
Lo que pasó fue que los profesionales del Instituto Técnico Forense (ITF) lavaron los huesos con hipoclorito de sodio. El tratamiento complicó el análisis de ADN. La sustancia contaminó los restos y no fue sencillo obtener muestras de buena calidad. A pesar del error, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró subsanar la equivocación y consiguió averiguar la identidad del cuerpo.
El siguiente inconveniente ocurrió en 2011, cuando se encontraron restos en el Batallón N°14. Este era el tercer hallazgo y el Grupo de Familiares estuvo de acuerdo con que los estudios se hicieran en Uruguay. “Si había organismos que podían hacerlo acá, pensamos: ¿por qué hacerlo en el exterior? Nosotros no tenemos conocimiento técnico y por eso accedimos”, recuerda Patiño.
Los huesos fueron llevados al Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT), aunque también se envió una muestra a Argentina. Los dos laboratorios empezaron a trabajar a la vez, pero los técnicos locales terminaron antes y le informaron a una familia que habían encontrado los restos que buscaban. Dos días después llegaron noticias del otro lado del Río de la Plata que aseguraban que se trataba de otra persona.
El análisis de ADN tuvo que repetirse y confirmó lo que decían los argentinos: era Julio Castro. “Le comunicaron a la otra familia y después resultó que no (era); fue todo en muy poco tiempo. Se tuvo que revisar todo el procedimiento y nos dimos cuenta de que afuera jamás había ocurrido ningún error. Fue terrible lo que pasó en Uruguay”, sentencia Patiño.
Desde entonces, el Grupo de Familiares decidió no darles más oportunidades a los técnicos locales. Cuando se encontraron los restos de Ricardo Blanco —también en el Batallón N°14, pero en 2012—, ni lo dudaron: los enviaron directo a Argentina. Lo mismo ocurrió en agosto de este año, cuando en el Batallón N°13 apareció el cuerpo de Eduardo Bleier.

No, gracias. La ley que creó el Registro Nacional de Huellas Genéticas prevé que el Ministerio del Interior se encargue de “identificar y contribuir a ubicar personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas”. Sin embargo, el director de Policía Científica, José Azambuya, admite que “por temas políticos” esto no ha sido posible con los desaparecidos en dictadura. “Desconocemos el porqué, la verdad es que nosotros trabajamos de manera objetiva y tenemos la infraestructura. De hecho, ya lo estamos haciendo con las personas ausentes en democracia”, señala.
Este cambio no dependería solo de una decisión: para que Policía Científica pudiera analizar estos restos debería acceder a la base de datos de los familiares de desaparecidos. Si bien en la década de 1990 se crearon dos, la única que está en funcionamiento se encuentra en Argentina. Patiño explica que a la base de datos que había en el INDT prefirieron dejarla “sin efecto”. Y agrega:“Desde el sector político nos han querido convencer de que la usemos, pero nosotros decimos: ‘No, gracias’”.
Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, considera que a los familiares se les ha “mentido mucho” en Uruguay y eso abonó la desconfianza. Hace hincapié en que en el país hubo “20 años de impunidad”, mientras en Argentina los primeros bancos genéticos se crearon a la vuelta de la democracia. “Acá ni siquiera se reconocía la existencia de desaparecidos, menos se iba a permitir la búsqueda”, afirma.
No obstante, admite que uno de sus “principales objetivos” al frente del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia era crear un reservorio local. Casi cinco años después —y con el grupo al borde de la disolución, ya que la búsqueda pasará a manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos—, eso no fue posible. Michelini llegó a la conclusión de que sin el aval de los familiares, no hay banco que se pueda armar.
“Los militares acá negaron las desapariciones. En el informe de la Comisión para la Paz dijeron que no había ningún resto, después dijeron que los habían tirado al río y después los encontramos. La desconfianza de los familiares tiene razones”, asevera.
Para Michelini, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Equipo Argentino de Antropología Forense —una ONG que busca desaparecidos en ese país— se volvieron “lugares de mucha confiabilidad” para los familiares uruguayos. Y por eso recurren a ellos cada vez que se encuentran restos.

Uno más. El último descubrimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense ocurrió esta semana. Luego de un mes y medio, los científicos comunicaron que los restos que aparecieron en agosto en el Batallón N°13 corresponden a Eduardo Bleier.
Luis Fondebrider, director ejecutivo del equipo, fue uno de los investigadores que trabajó en este caso. El proceso para la identificación fue complejo, pero el antropólogo lo resume: los huesos llegaron al laboratorio con una cadena de custodia, fueron descontaminados, pulverizados, y ese polvo pasó por diferentes máquinas y reacciones químicas. Así se pudo extraer el ADN nuclear, que es el más importante del cuerpo.
Los argentinos trabajan con un umbral de 99,9%. Si el porcentaje de coincidencia es menor, buscan más ADN y repiten el estudio. Por lo tanto, los resultados son casi, casi, casi perfectos. “En ciencia nunca se trabaja en el 100%”, explica Fondebrider.
Según las estimaciones del Grupo de Familiares, en Uruguay hay 196 desaparecidos, pero el banco genético argentino cuenta con muestras de 160 familiares. Algunos murieron, otros no quisieron sacarse sangre o no pudieron ser contactados.
Para Fondebrider, los últimos hallazgos en el Batallón N°13 reafirman que “hay que dejar trabajar a los científicos con tranquilidad, en silencio;seguro hay más cuerpos en ese lugar y esto abre una puerta muy importante para seguir buscando”.

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