Aquellas viejas banderas

1/5: Protesta. Adolescentes en pies de guerra contra las propuestas del gobierno. 

2/5: Optimismo. El presidente Vázquez y Brovetto contentos; Arocena satisfecho. (El País)

3/5: Congreso. Discutiendo la enseñanza en el Palacio Peñarol. 

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NAUSÍCAA PALOMEQUE

La semana pasada un estudiante se lastimó una pierna en un liceo. El piso del salón de clase tenía unos tablones rotos y el joven se cayó. Cuando le propusieron al docente que denunciara la situación del liceo en el gremio, prefirió no hacerlo. "Durante 20 años vi las mismas situaciones y no voy a plantearlas justo ahora. Hay que aguantar un poco más, si las cosas no salen, habrá que salir a movilizar todo", dijo.

Hace cuatro años, el mismo profesor proponía ocupar el liceo y hacer un piquete para reclamar mejoras edilicias. Eran otros tiempos, otras expectativas y otro el gobierno.

La historia ilustra una situación tensa porque la afinidad entre los sindicatos de educación y el Frente Amplio es histórica y la llegada de la izquierda al gobierno generó la expectativa de que se atenderían reclamos históricos: mayor participación de los docentes y mayor presupuesto para la educación. En ese contexto se llevó a cabo el Congreso de Educación de 2006, convocado por el gobierno e impulsado por los gremios educativos.

Hoy se discute una nueva Ley de Educación y comenzaron los conflictos, sobre todo porque no fueron atendidas dos de las resoluciones claves del Congreso: el llamado cogobierno, es decir, que los implicados participen en la toma de decisiones, y la autonomía en la elección de las autoridades de la administración de la educación, similar al régimen de la Universidad de la República.

El Ejecutivo pretende que la ley ingrese al Parlamento a fin de año.

El politólogo Gustavo De Armas, especializado en políticas educativas, lamenta que se ponga más énfasis en la gobernabilidad y la estructura del sistema que en los contenidos educativos. "Con todos los problemas que tenemos, con los tremenda deserción escolar, la verdadera discusión debería ser ambiciosa y pensar qué educación queremos para los próximos 10, 20, 50 años". Para el politólogo, Uruguay adolece de debates educativos y pedagógicos serios. La pauperización de la condición de los docentes, los bajos salarios, las carencias y conflictos sociales en las escuelas y liceos conspiraron contra una tradición que se tuvo antes de la dictadura.

La discusión educativa será uno de los debates más fuertes de 2008, porque se mete con uno de los bastiones históricos de la izquierda, la que antes de ganar en las urnas, conquistó la afinidad de los ámbitos de la cultura y la educación: los gremios docentes, los estudiantes, la Universidad.

Este año los conflictos educativos comenzaron en el liceo Bauzá donde una actividad cultural que terminó con la recolección de firmas contra la ley de Caducidad generó una investigación aún no resuelta. Después vinieron otros reclamos como el boleto gratuito y se sumó el liceo 65 pidiendo reformas edilicias y la creación de un turno nocturno.

Como suele suceder en los conflictos educativos, los discursos y las proclamas puntuales empezaron a mezclarse con las discusiones nacionales. Entonces aparecieron los carteles con reclamos de cogobierno y reivindicación del Congreso de Educación, se sumaron protestas en el Instituto de Profesores, ocupaciones intermitentes y asambleas en otros liceos como el Miranda, el Iava, el del Cerro y el Ibo.

La Ley de Educación promovida por el gobierno reemplazará a la que en 1985 se aprobó con carácter de ley de emergencia. Entonces se legislaron los temas propios de la apertura democrática: restitución de docentes, libertad de cátedra, laicidad, mejora en los principios de la educación. Se firmó con la idea de que sería revisada, pero continuó vigente y recién con el gobierno de izquierda se planteó cambiarla. Para eso se convocó a que participara toda la ciudadanía en el Congreso Educativo.

Con una consigna popular y participativa el presidente del Codicen, Luis Yarzábal, promovía el debate educativo en Young, en agosto de 2006: "Las modificaciones deben ser abordadas por el conjunto de la sociedad. Invito a todos los aquí presentes a que estimulen la participación de los padres, de las madres, de los vecinos de los centros educativos, para que de ese modo el proceso sea plural, democrático y sostenible".

En el Congreso participaron cerca de 20 mil ciudadanos y se hicieron 700 asambleas con docentes, estudiantes, padres, sindicatos y organizaciones no gubernamentales que hicieron propuestas de toda índole. El borrador de la Ley recoge varias resoluciones del Congreso y da mayor participación a los docentes, pero no adopta el cogobierno.

El conflicto podría acentuarse. Es difícil que los los gremios de la educación cedan una de sus banderas históricas o que cambie la postura de los sectores oficialistas como el MPP y el Partido Comunista, que siempre fueron afines a una mayor autonomía de la educación. Tampoco el gobierno ha buscado el respaldo en los partidos de la oposición que podría funcionar como contrapeso a la oposición interna.

La situación es compleja para el gobierno. Acordar con blancos y colorados podría leerse desde los gremios como una reforma de la derecha, que no refleja las demandas históricas de la oposición.

Quiénes gobernarán la educación y cómo se elegirán sus autoridades es el centro de la discusión pública que se inició cuando se conoció el borrador de la nueva ley de educación, elaborada por el Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, los cambios educativos que se están procesando incluyen otros contenidos que casi no se discuten y han quedado en un lejano segundo plano.

Poco se habla de la propuesta de crear un sistema más complejo y coordinado que incluya todas las áreas educativas, incorporando la enseñanza inicial, la de adultos y la educación no formal.

La discusión sobre el cogobierno también opacó algunas propuestas que sí se retomaron del Congreso de Educación. Entre ellas, el carácter universitario de la carrera docente y el cogobierno en Formación Docente, la instalación del Congreso de Educación como instancia de discusión formal, la creación de institutos tecnológicos de carácter terciario, la consigna de universalizar la educación liceal y el estímulo a los adultos que hayan dejado el liceo para que validen sus conocimientos con exámenes pensados para ellos y les permitan terminar sus estudios.

El conflicto comenzó con la circulación del borrador de la ley de educación, redactado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el 26 de septiembre. Un mes después el ministro, Jorge Brovetto, dijo en la sede del Frente Amplio que tenía el respaldo del presidente y del gabinete para enviar el proyecto tal como fue elaborado. A pesar de esas declaraciones, el borrador se está revisando, aseguró a Qué Pasa el director nacional de Educación del MEC, el maestro Luis Garibaldi.

El borrador del Ejecutivo planteaba la creación de una comisión coordinadora en la que participaría una mayoría de representantes del Ministerio de Educación, una cartera con poca incidencia hasta hoy en las políticas educativas. El resto de los integrantes corresponderían a las respectivas áreas de la enseñanza: representantes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente; de la Universidad de la República, representantes de la educación no formal, del área de deportes, de la primera infancia, y de la educación privada, incluidas las universidades.

Esa propuesta está siendo modificada. Garibaldi explicó que la coordinación de las políticas públicas estará exclusivamente a cargo de instituciones públicas: ANEP, la Universidad y el Ministerio. La participación de los privados -otro de los temas cuestionados- integrarán una segunda instancia de consulta y asesoramiento. Además, dijo que se están discutiendo mecanismos de mayor participación de los estudiantes y los padres, sobre todo a nivel barrial.

Pero el cogobierno de ANEP no parece tener marcha atrás y sigue siendo la discusión más dura, porque no responde a la propuesta de cogobierno del Congreso ni a los gremios de la enseñanza.

El cogobierno implica que la administración de educación pública elija sus autoridades sin la intervención del gobierno.

"Buscamos que no haya una dependencia directa del Poder Ejecutivo, que las políticas educativas trasciendan los gobiernos de turno. La educación es un derecho inalienable, y la sociedad puede darse una forma como se da la Universidad para ejercer ese derecho y contribuir a la democratización", dijo el profesor Manuel Oroño, de la Federación de profesores de Secundaria, Fenapes.

Hasta el momento la participación de los docentes se da a través de las Asambleas Técnico Docentes, que asesoran a las autoridades en temas pedagógicos y de educación general. En Formación Docente están los Consejos Asesores Consultivos con representación de profesores, estudiantes y egresados.

Pero en ANEP no hay cogobierno. Sus autoridades son elegidas por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado y las asambleas y los consejos no tienen carácter resolutivo.

Aunque hoy no se están discutiendo los contenidos de los programas de Primaria y Secundaria, el conflicto refleja tensiones que ya se venían dando en la interna de la izquierda y la militancia educativa durante la reforma educativa que condujo Germán Rama en el Codicen, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000).

En ese momento la reforma polarizó a los actores de la educación. A favor de Rama estaban el Partido Colorado en el gobierno, parte del Partido Nacional y algunos militantes de izquierda de la Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y una minoría del Partido Socialista.

La participación de gente de izquierda fue muy discutida, tanto que hubo militantes expulsados del gremio de docentes y se habló de traición.

En contra de aquella reforma estaban casi todos los sindicatos y la mayoría de la izquierda: el Partido Comunista, el MPP y gran parte del Partido Socialista. También las posiciones más liberales dentro del Herrerismo y los colegios privados, que, sintomáticamente, no la incorporaron a sus planes.

El politólogo De Armas entiende que aquellas diferencias dentro de la izquierda siguieron durante estos años y que esta nueva ley busca conciliarlas.

Por un lado, dando más participación a los docentes, un reclamo que se dio con la reforma de Rama, leída por los gremios y la mayoría de los sectores de izquierda como una imposición autoritaria del gobierno y los organismos internacionales.

Por otro, dando espacio al Ministerio de Educación, en consonancia con las posiciones más moderadas, que en aquel momento apoyaron la reforma y hoy entienden que la conducción de la enseñanza Inicial, Primaria y Secundaria debe ser fuertemente política. El proyecto del gobierno parece buscar una línea intermedia.

La autonomía y el cogobierno estaban en las propuestas programáticas de la izquierda. Hace 10 años la unidad de educación del Frente Amplio decía: "no se puede declarar que se está de acuerdo en la autonomía técnico docente y oponerse a la autonomía del gobierno (de la educación) porque afecta determinadas cuotas de poder. Quien defiende la autonomía como principio general y se opone a la autonomía del gobierno, está en última instancia, limitando decisivamente el real carácter autonómico que debe tener el sistema educativo".

Ahora, esa sentencia que sonaba tan contundente se relativizó. Es parte del proceso de moderación ideológica y del discurso que se dio en la izquierda partidaria en su cercanía al gobierno.

El IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio "Héctor Rodríguez", de diciembre de 2003, dice "es imperioso construir un sistema nacional de educación acorde a estos objetivos promoviendo la participación, la descentralización y la autonomía, recobrando la esencialidad de la educación". Ya no se habla de cogobierno, sino de mayor autonomía en forma vaga, sin definir en qué consiste. El acento del texto está puesto en las desigualdades sociales y en la necesidad de priorizar las políticas educativas en busca de una mayor integración y justicia social.

Cuatro años después la consigna propuesta es otra. El mes pasado el vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa rechazó la propuesta del cogobierno. "Me parece que tenemos que tener un mínimo de sensatez, porque si no, dejaríamos todos en manos de la burocracia y no haríamos más elecciones". El vicepresidente hizo referencia a la tendencia corporativista que hoy se le cuestiona a los docentes, como argumento a favor de la propuesta de darle más importancia al gobierno en las políticas educativas.

Este año ANEP también recomendó afirmar la autonomía educativa para dar estabilidad al sistema educativo. En el informe Aportes para la elaboración del anteproyecto de ley de educación se dice que la autonomía "asegura el desarrollo educativo regular, profesional y con la mejor calidad, ligado a la soberanía nacional, pero sin sufrir las discontinuidades debidas a los avatares de la vida política interna de la Nación, pues su función se afirma en la identidad nacional y no en la parcialidad de sus partidos políticos. Sería oportuno que la ley consolide y profundice esta autonomía". El texto no habla de cogobierno, sí dice que debe fomentarse la participación de los docentes en la conducción del sistema educativo.

El resultado del Congreso fue entregado el mes pasado al Poder Legislativo. El Proyecto Congreso Nacional de la Educación Julio Castro plantea que ANEP sea un ente autónomo con cogobierno y autonomía. Cada consejo, Primaria, Secundaria, Educación Técnica y Formación Docente estaría integrado por cinco miembros elegidos por sus pares.

Los formarían tres docentes, elegidos por los docentes; un funcionario no docente elegido por los funcionarios no docentes; un estudiante elegido por los estudiantes, salvo en el caso de Primaria donde participarían los padres, por tratarse de menores.

En Secundaria participarían los estudiantes que hayan cumplido los 18 años, que no es necesariamente la edad más representativa de los liceales.

En Formación Docente se agregaría un representante de los egresados, con un modelo similar al que tienen los universitarios.

Con la excepción de Formación Docente, las propuestas de cogobierno no fueron atendidas. En el borrador del Ejecutivo se propone una mayor participación de los docentes, pero también del Ministerio de Educación, como vínculo con el gobierno y el resto de sus políticas.

Mientras que el gremio y el Congreso de Educación argumentan que el cogobierno permitiría que las políticas educativas no dependan de cada administración, el Ministerio explica que no se perderá la autonomía, pero que la educación no puede volverse un universo aislado del resto de la gestión del gobierno. El proyecto oficialista plantea que haya mayor coordinación en el sistema educativo.

"La educación uruguaya está muy fragmentada, queremos organizar un sistema nacional de educación, pretendemos que la ley sea abarcativa, y que logre resolver una tensión, que hasta ahora se ha resuelto muy mal, entre la autonomía de los entes, consagrada en la Constitución, y los gobiernos", dijo Garibaldi.

Explicó que esta ley es la que incluye más participación docente, pero que la educación no puede ser tarea exclusiva de los educadores. "La educación es un fenómeno social, no es exclusiva de un sector. Los docentes tienen un conocimiento y una experiencia fundamental, pero no se puede sobredimensionar su rol. Tenemos que vincularlos con las políticas nacionales. El Ministerio representa al Ejecutivo y al gobierno que obtuvo la mayoría parlamentaria. Debe tener una opinión".

El director de Educación explicó que la enseñanza se debe relacionar con políticas nacionales vinculadas a la innovación y la tecnología, las políticas sociales, el universo del trabajo y las empresas.

Esa consigna es la que justifica la propuesta de que intervenga un representante de los empresarios y uno de los trabajadores en el consejo de UTU. A los gremialistas y a los estudiantes eso les pareció escandaloso. En sus discursos se critica que las empresas ingresen en la discusión educativa.

Garibaldi explicó que el tema se está revisando, pero que de "ninguna manera" los empresarios van a decidir las políticas educativas y no formarán parte de la comisión de Educación, como aparecía en el borrador pero ya fue eliminado. Lo que sí se plantea es generar una instancia de diálogo tripartita del Estado con los empresarios y los trabajadores para que opinen sobre qué formación necesitan.

Al parecer, algunos cuestionamientos están siendo escuchados por el gobierno en busca de un equilibrio difícil y que se repite en otras áreas: el de congeniar las viejas banderas con la gestión de gobierno.

Primaria

443.582 alumnos se registraron en Primaria en 2006.

2.575 son las escuelas en Uruguay.

22% de los jóvenes de entre 25 y 29 años terminó Primaria.

16,5% de los alumnos de primero reprobaron sus cursos.

8 % de los alumnos de primero a sexto reprobaron.

Secundaria

142.350 alumnos de liceo asisten a Ciclo Básico.

119.418 concurren a Bachillerato.

436 son los liceos del Uruguay.

64% de los jóvenes de 18 años terminó Ciclo Básico.

35% de las personas de 21 a 22 años finalizó Secundaria.

12% de los jóvenes de 15 a 20 años no estudia, no trabaja ni busca hacerlo.

30% de los jóvenes de 15 años de los hogares más pobres no asiste a ningún establecimiento educativo.

25% de los alumnos de entre primero y cuarto año de los liceos públicos que concurren a los turnos diurnos repitió el curso.

5,6% de los alumnos de los liceos públicos diurnos de primero a cuarto abandonó sus estudios.

Educación terciaria

86.802 alumnos asisten a la Universidad.

22.798 estudiantes ingresaron en universidades.

6.151 egresaron de universidades e institutos universitarios.

El carácter universitario de los docentes es el punto en el que todos los actores parecen coincidir: fue una propuesta del Congreso de Educación, de las Asambleas Técnico Docentes y se anuncia en el borrador de la Ley de educación, que propone la creación de un instituto universitario para profesores.

El proyecto de crear una universidad autónoma con cogobierno ya fue aprobado por ANEP, confirmó Oruam Barboza, director de Formación Docente .

El proyecto es independiente de la Ley de Educación, pero es auspiciado por ésta y en ella aparecen los principales lineamientos. El borrador de la Ley de Educación dice que se creará un instituto universitario que formará a maestros, profesores de Secundaria y de UTU, y a los educadores sociales del INAU. También que en él se desarrollarán las actividades propias universitarias: docencia, investigación y extensión.

El incremento de la investigación es uno de los elementos más preciados de la nueva ley porque permitirá el estudio específico en la enseñanza de cada asignatura, que hoy no está sistematizada y depende de la voluntad de los docentes. La investigación sería una exigencia académica, porque se pagaría a los docentes para que lo hicieran.

Darle carácter universitario a la carrera docente implicaría dignificarla, al permitir que se reconozca el título a nivel internacional, facilitar la realización de postgrados y facilitar las reválidas con las asignaturas de otras facultades.

El régimen estimado para esta segunda universidad es similar al de la actual, con un gobierno de docentes, egresados, estudiantes, y la innovación de un orden de funcionarios no docentes. La propuesta necesita aprobación parlamentaria.

Hoy la Universidad tiene una formación en educación, la Licenciatura en Ciencias de la Educación, que se realiza en, precisamente, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Oruam Barboza explicó que a Formación Docente no le compete entrometerse en ese ámbito, porque violaría la autonomía universitaria. Pero el jerarca entiende que una vez que se instalen las dos universidades, esa facultad debería decidir dónde ubicarse.

También habrá cambios en la formación de docentes. El Codicen ya aprobó los planes de estudio y se están discutiendo los programas de las asignaturas, que comenzarán a dictarse el año que viene. La modificación más importante se da en la formación de profesores, que a partir de 2008 será única.

Hoy la formación de profesores se realiza en el Instituto de Profesores Artigas, IPA, en Montevideo, donde asisten 7.000 estudiantes; y en los Centros Regionales de Profesores (CERP), del interior, donde asisten 1.600 alumnos.

Los CERP fueron creados durante la administración Rama, quien ideó esos centros para formar educadores para su reforma. También hay un régimen semipresencial que se realiza en los institutos de magisterio del interior.

La unificación de los programas generó polémica, en los docentes de los Cerp, que temen perder horas docentes, y en los estudiantes del interior, ya que 60% recibe una beca de alimentación, habitación y transporte a los centros de estudios.

El proyecto de ANEP mantiene ese sistema de becas y propone que se extienda a los centros de magisterio del interior. También busca reforzar ese régimen en Montevideo, porque las inscripciones para las becas para los estudiantes más carenciados se llenan rápido. En la actualidad hay 85 alumnos becados en Montevideo, del IPA y Magisterio.

Respecto a las horas docentes, la carga horaria de la nueva carrera docente será de 3.100 horas reloj, más que los estándares internacionales universitarios, que son 2.600. La carga horaria de los Cerp -que era de 4.090 horas- descenderá para abrir turnos nocturnos, y así facilitar que asistan los estudiantes que trabajan.