Los combustibles derivados del petróleo, en Uruguay tienen precios que nos colocan al tope de las cifras del área latinoamericana. Ya lo hemos señalado, pero es ahora un informe de Arpel el que ratifica esta realidad. En efecto, la entidad que nuclea a las empresas petroleras de América Latina y el Caribe, en una tabla con datos a mayo pasado y con los precios en dólares, revela que el costo de un litro de gasolina sin plomo en Uruguay es de U$S 0,85, lo que es superior a lo que el mismo combustible se cotiza en cualquiera de los demás países del continente, salvo Perú, que se codea con nosotros con un precio por litro de U$S 0,87.
En la mayor parte de las naciones de la región, el litro de la nafta ecológica se ubica a precios que van de U$S 0,55 a U$S 0,66.
Similares resultados se logran en las comparaciones de precios de otras naftas. Por ejemplo, la nafta "supra" de 95 octanos cuesta en Uruguay U$S 0,82, mientras que por ejemplo, en Venezuela, el mismo tipo de combustible se paga U$S 0,04. La nafta "común" de 85 octanos, tiene en Uruguay un precio de U$S 0,73, en Perú de U$S 0,68, en Cuba de U$S 0,40 y en Paraguay de U$S 0,46.
Hay varios factores que inciden en esta situación. Uno es la carga impositiva. Otro es la ineficiencia de la refinería de La Teja. El tercero es el monopolio de la importación de combustibles refinados.
En las naftas la carga impositiva determina que el precio al consumidor prácticamente se duplique. Pero no son indiferentes los otros dos factores. Es más, son claves y si entrara en vigencia la ley que permitiría que Ancap se asocie con privados, se afirma que los precios se nivelarán con los del resto del continente. Ello, en razón de que la norma habilitaría una asociación que permitiría a Ancap funcionar adecuadamente.
Pero esa ley está estancada, por voluntad de un importante sector político, que creó el mito de aquella norma jurídica. Que la demonizó al extremo de que todo el país debe ahora esperar el resultado de un referéndum que muy probablemente se realice recién en diciembre de 2003. La Corte Electoral está finalizando el conteo y verificación de las adhesiones al recurso contra la ley, promovido por el movimiento sindical y el Encuentro Progresista.
Estamos pues ante la paradoja de que quienes se rasgan las vestiduras por el pueblo uruguayo, los que quieren aparecer como defensores de los intereses públicos, son los que trancan una ley que vendría a aliviar un área donde los costos son realmente impresionantes. Más aún: hasta han convencido a la mayor parte de quienes trabajan en la obsoleta refinería de Ancap, de que luchan por la derogación de la ley que permitiría a la misma superar sus ineficiencias y seguir abierta.