Vida o muerte

Un país que pretenda conservar su dignidad debe asegurarse de que los ciudadanos vivan aceptablemente, pero también debe cuidar que al final de la vida esa población sea sepultada de tal manera que su descanso no resulte profanado. La observación es pertinente en Montevideo, una ciudad en cuya prensa suelen leerse noticias truculentas, como la de comienzos de agosto sobre violaciones de nichos en el cementerio de La Teja, donde los intrusos robaron varios cráneos luego de forzar la cerradura de esas sepulturas con herramientas apropiadas. A principios de octubre hubo otra información similar, aunque esta vez los destrozos tuvieron lugar en el cementerio Central, donde otros delincuentes rompieron a golpes la losa de algunos panteones y la puerta de varios nichos para apropiarse de piezas de bronce, que según parece se comercian ventajosamente.

Ambos casos ocurrieron durante la noche y no fueron advertidos por las guardias respectivas, como suele suceder (con más notoriedad y mayor frecuencia) en algunos sectores del cementerio del Norte. La primera reflexión que surge ante ese panorama es de orden cultural: a qué extremo ha llegado el deterioro de los valores y la degradación de las ideas en ciertas franjas de la población, para que el despojo de cementerios se practique sin miedo alguno, aunque ignore todo respeto ante la muerte. La segunda reflexión es de orden administrativo: los usuarios de panteones y nichos pagan a la Intendencia Municipal de Montevideo una tasa anual que se denomina "de mantenimiento", a cambio de la cual esos contribuyentes no obtienen ni siquiera una vigilancia aceptable que impida las incursiones, los robos ni los destrozos, por no hablar del estado de descuido, abandono y falta de custodia en que aparecen hoy vastas zonas de las necrópolis montevideanas, lo cual permite comprobar que a escala municipal el celo recaudador es más vigoroso que la prestación del servicio consiguiente.

Vivir es una tarea complicada, pero morir también puede serlo en esta ciudad donde ni siquiera cabe aspirar al margen de seguridad que debería ser indispensable en un cementerio público. Al ciudadano le conviene saber que antes de llegar al entierro en esos azarosos predios, es preciso atravesar las barreras de un servicio fúnebre que tiene sus propias dificultades, no sólo en materia de formalidades legales sino en el plano de los costos, que son ciertamente empinados y a veces prohibitivos. Es verdad que la Intendencia Municipal dispone de servicios completamente gratuitos para pobres, pero es igualmente cierto que por encima de esa categoría los precios pueden perturbar a muchos interesados, ya que el servicio más económico cuesta unos 20.000 pesos y ni hablar del precio que tiene un nicho (100.000 pesos) o un panteón (400.000 pesos) para quien no disponga de uno de ellos y necesite adquirir el derecho de uso.

La índole, el marco religioso, la lozanía moral y hasta el carácter cívico de una comunidad, se miden por la relación que ella mantiene con sus muertos. El grado de amparo o desamparo que reciben esos restos es revelador, porque refleja la exigencia (o la fragilidad) con que se mantienen ciertos valores en el cuerpo social y hasta la eficiencia o la torpeza con que las autoridades logran invocar y defender esos valores, tema en el cual los usuarios montevideanos tienen todo el derecho de reclamar, aunque hasta el presente no hayan obtenido resultados.

Se sabe que la masa de funcionarios municipales (en la que está incluido el personal de las necrópolis) recibe notables beneficios por el convenio que le asegura un ajuste de sueldos según el 100 por ciento del IPC, a lo que se suman otras ventajas adicionales en materia de asistencia médica personal y familiar. Es llamativo que frente a tales alicientes, el organismo de quien dependen esos miles de funcionarios no logre imponer en los servicios que presta ciertos grados de dinamismo, rigor y eficiencia que permitirían (entre muchas otras cosas) una supervisión de los cementerios medianamente admisible. Eso perturba a los contribuyentes, cuyos aportes permiten asegurar las cuantiosas remuneraciones del personal. Esos contribuyentes tienen razones para pensar que sus derechos no están a la misma altura que sus abultadas obligaciones.