Venga y pídale a la Junta

Hace unos días, el periodista Agustín Escudero, de El Observador, divulgó una investigación que, no por esperable, deja de ser sorprendente. Todo partió de la edila nacionalista Laura Soto, que venía reclamando desde hacía un año la publicación de más de 50 donaciones efectuadas por la Junta Departamental de Montevideo (JDM) a distintos emprendimientos culturales privados. A fines de julio pasado, la edila recibió una primera respuesta a su solicitud. Se le informó de apenas cuatro donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 (aunque hubo siete más en el mismo período), las que totalizaron la suma de 234.426 pesos. Gonzalo Sánchez, el edil frenteamplista que acaba de dejar la presidencia del cuerpo, reconoció al diario colega que el gasto “no está camuflado, pero está perdido por ahí adentro” (sic) y que “no tiene una cifra de cuánto se ha gastado en colaboraciones durante su año de presidencia”.

El procedimiento es más automático de lo que debería: personas físicas u organizaciones presentan una nota a la JDM solicitando la colaboración que precisan, trámite que es tratado en la Comisión de Cultura o de Derechos Humanos de manera “simplemente burocrática” y es aprobado casi siempre por unanimidad. Salvo excepciones, enseguida es votado afirmativamente por la Junta. “Casi todos los jueves -día de la semana en que sesiona el plenario- hay al menos una donación por aprobar”.

El expresidente de la Junta agrega que “es de esas cosas que siempre se hicieron así. Y creo que es propio de la inercia” (sic). “No se entrega dinero, sino que se compra lo que el beneficiario solicita” (ah, qué bien, me dejás más tranquilo).

Entre los proyectos beneficiados figura la impresión de 500 ejemplares de un libro sobre “textos y partituras de murgas feministas y transfeministas”, 500 más de otro titulado “Croquis de la cárcel”, 200 invitaciones a un evento “Campeonato de Pelota Vasca” y 500 folletos para otro denominado “La noche accesible e inclusiva”.

Hay contribuciones (no registradas) de traslados para distintas delegaciones, como la de los participantes del “Primer Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+”, organizado por el “Coro de hombres gay de Montevideo”, la “Comparsa La Candela” y los “Humoristas Los Chapitas”.

Por suerte tuvieron el cuidado de rechazar una solicitud formulada por la hija de una edila oficialista: “el Frente Amplio no hace clientelismo político con estas cuestiones”, aclaró Sánchez (¡sic!).

Tal parece que la insistencia indignada de la edila nacionalista Soto logrará que la JDM formule un protocolo en plazo perentorio, porque resulta insólito que manejen recursos públicos con semejante liviandad.

Para empezar, la Junta no está habilitada constitucionalmente para realizar donaciones a beneficio de eventos culturales. Pero demos por bueno que estos últimos son valiosos para la comunidad y ameritan un apoyo departamental. Ahora bien: ¿existe acaso una convocatoria pública a interesados en recibirlas o es una gracia que se concede solo a los que están al tanto de que se puede golpear esa puerta para conseguir unos manguitos? ¿Está predefinido un rubro presupuestal para este destino, o abren la canilla sin criterio hasta que deje de salir el agua?

Cuando varios dirigentes coalicionistas asumieron cargos políticos en distintas dependencias del Estado, en marzo de 2020, se encontraron con una verdadera industria de solicitantes discrecionales de contribuciones públicas. Solo en el MEC, hubo que cortar la práctica de otorgar plata al puñadito de gente que siempre pedía, y establecer un presupuesto anual bien definido para contribuciones que probadamente significaran un aporte cultural, generando un sistema de Ventanilla Abierta, que permitiera aspirar a las mismas a todos los ciudadanos, sin amigos ni entenados. Y nos consta que muchos beneficiarios consuetudinarios del frenteamplismo se enojaron por la democratización del procedimiento.

Los aportes del Estado a la cultura son pertinentes, en la medida en que sean transparentes, acotados a un rubro presupuestal, accesibles a todos los ciudadanos y medibles por sus resultados. Nunca deben convertirse en dádiva para amigos políticos y minorías sobreprotegidas.

Pero igual a lo que propone con esas transferencias sin contraprestación de compromiso educativo y sanitario, el FA vuelve a demostrar aquí una absoluta falta de probidad en el manejo de los dineros que pagamos todos los contribuyentes.

Pero aclaran que ellos no hacen clientelismo. ¡Menos mal!