Vamos viendo

En noviembre pasado, en un desayuno de trabajo organizado por el semanario Búsqueda, el presidente Yamandú Orsi sorprendió al afirmar que la política de seguridad de Nayib Bukele era “un ejemplo a analizar”. Pocas horas después, alarmado por el eco de sus propias palabras, llamó a una radio para aclarar que ese modelo era “imposible e inaceptable” en Uruguay. Coquetear al desayuno con la mano dura y abjurar de ella antes de la cena: pocas veces una jornada resumió tan bien la política de seguridad de este gobierno.

Porque el episodio no fue una anécdota aislada sino un anticipo. El Plan Nacional de Seguridad Pública, la gran promesa programática del Frente Amplio en la materia, demandó un año entero de elaboración con el gobierno ya en funciones, mientras la violencia crecía y la ciudadanía señalaba en todas las encuestas que la inseguridad era su principal preocupación.

Luego vino la saga de los blindados, que más que contada merece ser repasada, porque todo el mundo la conoce; lo rico es el anecdotario que aparece al repasarla. Primero se anunció que los Mamba, vehículos militares donados por Estados Unidos, saldrían a patrullar los barrios más violentos de Montevideo. Pronto se supo que el convenio de donación establece que no pueden utilizarse en operaciones de seguridad interna, y que Washington lo advirtió formalmente. Se supo también que el marco legal uruguayo tampoco ampara el uso de medios de la Defensa en tareas policiales. Nada de esto era información secreta: bastaba leer el convenio antes de anunciar. Hubo entonces que improvisar un plan B, “adaptar” los viejos Cóndor del Ejército y capacitar apresuradamente a policías, instruidos por militares, para conducirlos. Se prometieron cuatro vehículos; se presentó uno. El viernes salió a patrullar el barrio Marconi y en menos de veinticuatro horas quedó fuera de servicio por una falla mecánica. El Ministerio del Interior explicó, sin sonrojarse, que la situación “estaba prevista”. Lo único que este gobierno logró planificar en materia de seguridad, al parecer, fue la rotura de su propia tanqueta.

Todo el episodio parece salido de un focus group. Es fácil imaginar la escena: alguien detectó que la gente valora los gestos de firmeza, que la imagen de Bukele mide bien incluso entre votantes de izquierda, y concluyó que un blindado patrullando un barrio popular rendiría en los informativos. Lo que el pobre asesor de comunicación no podía prever era el papelón que implicaba pretender que este gobierno implementara un gesto así.

Con esto vamos al corazón del problema: este gobierno confunde el gesto con la política. Una tanqueta recorriendo una calle no desarma una boca de venta de droga, no desarticula una organización criminal, no recupera un territorio ni protege a un testigo. Es escenografía para que Orsi y Negro tengan un respiro ante la obvia pregunta: ¿qué están haciendo mientras aumentan así los delitos? La política de seguridad está en su peor momento en años, y eso es muchísimo. El ministro no logra darnos un solo indicio de tener una agenda concreta para que algo de lo triste que estamos viendo cambie.

Mientras tanto, los datos son desoladores. El primer semestre de 2026 cerró con 195 homicidios, un aumento de 6,6% respecto al mismo período del año anterior y el peor registro semestral desde 2018. La tendencia, además, se acelera: 92 homicidios en el primer trimestre, 103 en el segundo, con pico en mayo. Tres de cada cuatro fueron cometidos con armas de fuego, y los homicidios con estas armas crecieron 25% en apenas un año. Un tercio está vinculado al microtráfico, es decir, a un fenómeno estructural, de raíces profundas, que ninguna patrulla blindada va a conmover.

Frente a ese panorama, el gobierno ofrece improvisación, marchas y contramarchas, anuncios que se desmienten solos y un ministro visiblemente perdido, sin rumbo ni ideas, cuya principal energía se destina a responder a la oposición antes que al delito. La sensación que queda es la peor posible: que en el tema que más angustia a los uruguayos no hay un plan sino un “vamos viendo” permanente. Que si los homicidios bajan será por suerte, y si suben siempre habrá una justificación posible.

Nos seguirán diciendo que “es una tendencia global”, que “la guerra contra las drogas está perdida” o que “todos somos responsables”.