Uruguay, ONU y derechos humanos

Tras varios meses de debate, el parlamento uruguayo acordó la integración de la comisión directiva de la Institución de Derechos Humanos.

La nueva integración sigue los mismos criterios adoptados por los gobiernos del Frente Amplio, que implicaban que de cinco miembros de esta directiva, cuatro son propuestos por el oficialismo, y uno por la oposición.

Este proceso no estuvo libre de polémica. Porque las autoridades del Frente Amplio, y un rosario de ONG que han sido siempre afines a su agenda partidaria, pretendían imponerle al gobierno actual una integración acorde a su visión política. Algo que no respeta las normas democráticas, e implicaría que un organismo estatal, financiado sufridamente por el contribuyente, estuviera en control de entidades que no tienen correlación con las mayorías sociales del país. Todo en base a un supuesto criterio de especialización que equivaldría a una especie de voto calificado. Un delirio.

Vale recordar que esta Institución ha tenido un rol muy polémico en los últimos años, ya que ha estado integrada por activistas particularmente sectarios en muchos temas.

Y porque ha ostentado posturas de injerencia en la vida electoral del país, totalmente alejadas de su supuesta función. Todo lo ocurrido mientras se debatía el referéndum sobre la LUC es una prueba expresiva de ello.

Durante esa campaña, la Inddhh se hizo eco de denuncias sin ningún sustento, y sus jerarcas tuvieron expresiones que buscaron incidir en la campaña. Pero, milagrosamente, una vez confirmada la ley, nunca más hubo denuncias ni reclamos sobre los supuestos masivos abusos que esa ley habilitaba.

Por eso, resultó particularmente reprochable que, en medio de las negociaciones partidarias para determinar la nueva dirección de este instituto, la oficina de las Naciones Unidas en Uruguay emitiera un comunicado intentando influir en este proceso político. El comunicado decía textualmente que “El sistema de Naciones Unidas en Uruguay quisiera destacar la relevancia de la labor que lleva adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos”. Y que “el proceso de selección y nombramiento del Consejo Directivo de la Inddhh reviste una gran importancia. En tal sentido, la normativa nacional menciona requisitos como la experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos o una alta autoridad moral”.

Las autoridades políticas y legislativas del Uruguay no necesitan que la oficina local de la ONU le recuerde cuales son los requisitos para elegir la directiva de un organismo estatal. Ni tampoco es de orden que la oficina local de la ONU le marque a nuestras autoridades democráticas, la relevancia o irrelevancia de una entidad burocrática nacional.

Pero, sobre todo, este tipo de comunicación en momentos en que el sistema político uruguayo se encuentra enfrascado en un duro debate sobre la forma de elección de las autoridades de esa entidad, es una toma de postura en un tema de naturaleza partidaria. Algo que expone a la oficina local de la ONU a ser parte de ese debate partidario. ¿Por qué nunca en anteriores procesos como éste, la ONU emitió otro comunicado similar?

Parece muy raro que los representantes locales de la ONU, no hayan percibido que semejante declaración significaba tomar partido en un debate partidario local, algo que no solo mina su credibilidad, sino que no se corresponde con sus funciones y cometidos.

No es la primera vez que la oficina local de la ONU comete este tipo de excesos, algo que se esperaba que con la nueva jerarquía en Uruguay, no volviera a suceder. La ONU no debería permitir ser convertida en parte de la munición del pequeño debate partidario en nuestro país. Ya bastante tiene con mejorar su imagen global, tras los fiascos de la OMS en el combate a la pandemia, y su dolorosa irrelevancia a la hora de enfrentar conflictos verdaderamente serios en todo el mundo.

Uruguay es un país orgullosamente independiente, y con la democracia más sólida del continente. No necesita ni acepta tutela de organismo internacional alguno a la hora de definir su esquema institucional. Es más, la Inddhh está bajo severa revisión, y desde aquí entendemos legítimamente que su existencia no compensa sus enormes costos, porque sus funciones ya eran cumplidas por otros organismos estatales. Y, tras 15 años de su creación, no ha dado evidencias de haber mejorado en nada la situación nacional en la materia.

La función de la ONU en Uruguay es vigilar que se cuiden los derechos humanos. Cómo se hace eso, es un asunto exclusivo de los uruguayos.