Una idea peligrosa

Una de las ideas que puso sobre la mesa hace algunas semanas el pre-candidato del Movimiento de Participación Popular (MPP) y secretario de la presidencia Alejandro Sánchez, es abrir las empresas públicas a una modernización que implique la captación de ahorros nacionales, para así impulsarlas en sus mayores inversiones y desarrollo productivo.

En teoría parece una buena idea desde la perspectiva de la izquierda. En efecto, se trata de potenciar el papel de las empresas del Estado por un lado, pero por el otro se procura dar a una clase media, que notoriamente está teniendo capacidad de ahorro, instrumentos confiables donde invertir sus dineros con seguridad. En vez de ser estafadas por distintas empresas que apostaron a seducirlas en la agropecuaria, por ejemplo, con un fracaso rimbombante, más vale proveerlas de herramientas eficientes y confiables que puedan brindar ganancias con el respaldo del Estado. En definitiva, por este camino se iría hacia una especie de capitalismo de pequeños ahorristas que forzaría a una mayor exigencia de gestión en las empresas y que, por lo tanto, redundaría en éxitos para todos.

El problema está en la práctica y no solamente en la teoría. Un reciente artículo muy fundamentado del presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) del Partido Colorado y ex presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, acierta en una descripción descarnada de lo que son hoy en día nuestras llamadas empresas públicas. Dice Stipanicic con razón que no podemos llamar empresas a lo que en realidad son “instrumentos de regulación y recaudación del gobierno de turno y que se administran en base a un reparto político cada cinco años”. Y agrega: “subordinan sus propios intereses estratégicos a las circunstancias políticas y electorales o a los programas financieros de un gobierno que, a través de ministerios y varias oficinas, deciden sobre cuestiones empresariales y sus políticas de inversión y de recursos humanos”.

La descripción es tan lapidaria como cierta. Pero Stipanicic dice más al marcar algunas de lo que llama “patologías” de esas empresas. Por ejemplo, el cortoplacismo, porque cuentan con directores con mandato de cinco años máximo, con una curva de aprendizaje de al menos 18 meses y habitualmente con 12 meses de renuncia anticipada para campaña política; el reparto político en lugar de la selección por idoneidad y experiencia; o los acuerdos laborales que resultan de la presión creciente de sindicatos que apuntan su accionar a la suma de cotizantes políticos más que a los intereses generales de sus afiliados.

La verdad de las cosas es que antes de siquiera empezar a pensar en abrir las empresas públicas a la participación de pequeños inversionistas privados, el país entero tiene que sincerarse con el manejo que hace de sus empresas públicas. Porque como bien dice Stipanicic, no son empresas en el sentido normal que cualquier economía de mercado describe como tales, sino que son “meras administraciones que actúan en sistemas globales de negocios y que gestionan activos valiosos y complejos con decisivo impacto en negocios e inversiones en el país”. Pero no lo hacen con eficiencia, ni con transparencia, ni de la mejor manera como para poder estar tranquilos de que podrán abrirse a la inversión privada del ahorro nacional y traerán éxitos para todos.

Para enfrentar el tema de fondo, que es el de la gobernanza de las empresas del Estado, se precisa una madurez política que, debemos sincerarnos, hoy no tenemos. Porque por un lado esas “meras administraciones” funcionan como centros de recaudación paralelos que hacen transfusiones de ingresos para calmar la voracidad del gasto del Estado. Y por otro lado, se trata de estructuras opacas que funcionan muchas veces como cotos de caza para intereses sindicales o para clientelismos discretos. Son todas dimensiones que se llevan mal con la transparencia y la eficiencia que exigen la apertura al mundo de los capitales y las inversiones de pequeños ahorristas para compartir las ganancias empresariales siendo accionistas.

Importa mucho que frente a la peligrosa idea planteada por Sánchez se haya levantado rápidamente una voz como la del CEPP. Junto a otros analistas especializados, como ha sido el caso de estudios específicos del centro de estudios Ceres, por ejemplo, plantean los verdaderos obstáculos que enfrentan las empresas públicas para modernizarse. Hay que tener por lo tanto mucho cuidado con los planteos oficialistas a la ligera que tiran ideas sin sustento serio alguno.