Un retorno a la sensatez

Al final prevaleció la más pura sensatez. No tenía sentido sustituir una mala Constitución, heredada (aunque con algunos ajustes posteriores) de la época de Pinochet, por una muchísimo peor.

Un 62 por ciento de los chilenos se pronunció en forma clara y rechazó el texto que la Convención Constituyente propuso. Se trataba de un proyecto disparatado, con fuertes visos autoritarios e innovaciones absurdas, cuando no peligrosas. Una amplia mayoría de chilenos no titubeó en rechazarla.

Hay algo que es evidente. Una democracia funciona con eficacia y garantiza derechos y libertades si su constitución está basada en principios liberales y republicanos. Estos inventos que se han puesto de moda llevan, por el contrario, al quiebre de las sociedades y la imposición de déspotas.

Hace unos días, en su columna habitual de este diario, Hernán Bonilla se preguntaba “¿para qué sirve una Constitución?” y recordaba que, a diferencia de lo que proponía el texto chileno, “en las democracias liberales el poder siempre es temporal y tiene límites precisos”. Lo fundamental es que por encima de todo, “los derechos de las personas no dependan de quien gobierne”. En otras palabras, y valga la ironía encerrada en esa frase, existen constituciones inconstitucionales y el proyecto refrendado el domingo en Chile hubiera sido uno de esos casos. Con su voto de “rechazo”, el soberano evitó que así fuera.

No hay dos maneras de entenderlo, el concepto de democracia constitucional tiene una historia propia y definida. Ella garantiza un saludable equilibrio entre la idea de un gobierno ejercido por quien obtuvo un mayoritario respaldo en las urnas, con el respeto y la consideración a la minoría en un contexto de gran libertad. Nadie tiene, ni debe tener, la suma de todos los poderes. Para que ese principio se respete, se reparte la función del gobierno en tres poderes equilibrados, con funciones bien definidas y diferenciadas e independientes unos de otros.

Aquellos que intentaron innovar al respecto terminaron creando instituciones que derivaron en regímenes despóticos, dispuestos a cercenar las libertades de las personas.

Basta ver la rica historia de las constituciones escritas, la primera de ellas forjada en Estados Unidos e inspirada, entre otros, en el pensamiento de Montesquieu y en una tradición constitucional británica, no escrita pero que es el cúmulo de leyes, cartas y normas reunidas a lo largo de siglos.

La preocupación de los constituyentes de aquellas colonias recién independizadas, fue buscar la fórmula que limitara el uso del poder y respetara a las minorías.

James Madison, uno de los visionarios autores del inspirador y clásico texto llamado “Los papeles federales”, insistió en que un gobierno originado en la voluntad de la gente no garantizaba que los mejores y los más virtuosos fueran elegidos y por lo tanto era necesario establecer controles y equilibrios que evitaran desbordes de poder.

No muy distinto pensaba José Artigas, cuando en su célebre “Oración de abril”, pronunciada en 1813 ante el congreso de Tres Cruces, recordó que la probidad de los hombres era “veleidosa” y necesitaba de las seguridades del contrato para controlarla.

Contra esta forma de entender la democracia liberal es que han surgido proyectos constitucionales que terminaron convirtiendo a sus gobiernos en dictaduras y a sus pueblos en rehenes de los caprichos de su tirano. El dramático caso de Venezuela es uno de ellos.

Por eso, como bien dice Bonilla en la columna mencionada, “la evolución constitucional de Occidente, clave del progreso que ha permitido la mejora extraordinaria en el nivel de vida que experimentamos en los últimos dos siglos, no puede ser desconocida de un plumazo”.

Con el resultado de su plebiscito este domingo, el pueblo chileno entendió este concepto y dio una clara señal de que el camino que le ofrecían solo llevaba al desastre. Por eso lo rechazó.

Con este pronunciamiento, Chile no resuelve su tema institucional en la medida que se mantiene la Constitución anterior, si bien se le han hecho algunos ajustes. Debe, por lo tanto, volver a encarar una reforma.

Pero la ciudadanía entendió que reformar una constitución defectuosa no implica caer en una peor. Por eso, con una votación abrumadora y contundente señaló que para insistir con una nueva carta se debía retomar el camino de la sensatez, volviendo a lo que toda buena Constitución propone: normas de convivencia pacífica y civilizada, que protejan los derechos y garanticen las libertades.