Un quiebre institucional preocupante

El reciente fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en el caso del presidente de ASSE Álvaro Danza, marca un antes y un después en la vida institucional del país. No es una exageración afirmar que se ha producido un quiebre institucional de gravedad. El organismo encargado de velar por la ética pública, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función estatal ha sido violentado groseramente por sus propias autoridades. Sus directores representantes políticos del Frente Amplio resolvieron desoír el dictamen fundado de la propia sala de abogados del organismo, que había advertido sobre las incompatibilidades en el desempeño del funcionario. Lo que debía ser un ámbito técnico y garante de imparcialidad se transformó en un comité de base indisimulado en dónde lo político está por encima de lo jurídico.

El mensaje que deja esta resolución es devastador. Si el organismo que debe proteger la transparencia y combatir la corrupción se somete a la conveniencia política, ¿qué margen queda para la confianza ciudadana? Cuando las reglas se tuercen para proteger a los propios, se rompe la base moral sobre la que descansa cualquier República. La JUTEP existe para ser un bastión de independencia, una institución destinada a elevar los estándares éticos del sistema político. Hoy, directa y lamentablemente, ha dejado de existir.

Y esto no es un hecho aislado. En las últimas semanas se han acumulado señales preocupantes de un retroceso institucional más amplio. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se han impulsado acciones que amenazan la libertad de prensa, pretendiendo indagar por las fuentes periodísticas del suplemento Que Pasa de nuestro diario, algo nunca visto en democracia. Esa actitud, además de desconocer principios elementales de la democracia liberal, revela una tentación autoritaria: la de controlar la información y amedrentar a periodistas.

A la vez, el mismo ministerio ha adoptado una postura arbitraria respecto a la personería jurídica de las universidades privadas, un intento de condicionar la autonomía académica mediante decisiones administrativas discrecionales. Se trata, otra vez, de la misma lógica: quebrar los contrapesos, someter las instituciones a la voluntad política de turno y desdibujar los límites que separan el Estado del gobierno.

El mismo patrón se repite en materia fiscal. La eliminación de la regla que imponía límites al gasto público representa un retroceso monumental en la consolidación de una política responsable. Esa norma había sido un logro institucional del gobierno anterior que protegía a las futuras generaciones de los excesos del presente. Su desmantelamiento implica volver a los tiempos del vale todo, en los que la discrecionalidad sustituye a la prudencia y el interés electoral se impone sobre el interés nacional.

En conjunto, estos episodios trazan una línea preocupante: la de un gobierno que, lejos de fortalecer las instituciones, parece empeñado en debilitarlas o capturarlas. La independencia técnica se reemplaza por lealtad partidaria; el respeto por las reglas, por conveniencia política. Y cuando esto ocurre en el órgano que debía ser símbolo de ética pública, la señal que se envía al resto del sistema es inequívoca: los límites morales y jurídicos pueden ser torcidos a gusto del actual gobierno.

Uruguay ha construido durante décadas un prestigio institucional que lo distingue en la región. Su fortaleza no reside en la riqueza de sus recursos, sino en la solidez de sus reglas, en la confianza que inspira su administración pública, en la certeza de que las instituciones no se manipulan para favorecer a los amigos del poder.

Romper esa tradición, como se está haciendo, es un error histórico.

Lo ocurrido con la JUTEP no puede ser minimizado ni relativizado. Es una advertencia sobre el rumbo que el país está tomando. La transparencia, la libertad de prensa, la responsabilidad fiscal y la autonomía institucional no son detalles técnicos: son los pilares mismos de nuestra democracia. Y cuando se los vulnera, lo que se erosiona no es una resolución administrativa, sino la esencia del Estado de Derecho.

Seguramente lo que está ocurriendo no es por decisión del presidente Orsi, pero sí de personas de su particular confianza política a los que él deja actuar y, por lo tanto, también termina siendo responsable. El país necesita que Yamandú Orsi actúe desandado estos atropellos que destruyen la reputación del país porque en poco tiempo el daño causado puede ser brutal y difícil de revertir.