Un golpe al prestigio del país

La decisión del gobierno de rescindir unilaterlamente el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas constituye uno de los actos más mezquinos que el país ha visto en las últimas décadas. No se trata simplemente de una discusión técnica sobre garantías o cronogramas. Se trata de una decisión que le produce un grave daño al país simplemente para intentar pegarle al gobierno anterior, priorizando la política partidaria menor sobre los intereses del Uruguay.

La rescisión de un contrato en ejecución es una medida extrema. En cualquier actuación seria de derecho administrativo supone intimaciones, plazos razonables, análisis técnico independiente y fundamentos jurídicos sólidos. Más aún cuando las embarcaciones están en proceso de construcción y existen informes técnicos externos que acreditan avances sustantivos. Saltar etapas o precipitar decisiones sólo se explica por la desesperación que les causan las encuestas.

Si la empresa afectada decide recurrir a instancias arbitrales internacionales -lo que ocurrirá-, Uruguay se enfrentará a un casi perdido por un reclamo millonario. Notoriamente con un pésimo asesoramiento jurídico, un gobierno pobre en realizaciones sólo mira la politiquería menor aún en temas enormemente sensibles para el país.

Lo más preocupante es que este episodio no parece aislado. Comienza a consolidarse un patrón donde la revisión de políticas del gobierno anterior deriva en su desmantelamiento sin escrúpulos ni vergüenza. La alternancia democrática implica evaluar y corregir, naturalmente, pero otra cosa muy distinta es desandar decisiones estratégicas sin calibrar adecuadamente los costos institucionales y económicos.

El proyecto Arazatí, que buscaba diversificar la fuente de abastecimiento de agua potable tras la crisis hídrica, fue descartado de manera absurda para dar paso a alternativas cuya viabilidad técnica, impacto ambiental y capacidad real de solución demuestra que es una decisión directamente ridícula. En seguridad social, se reabre una discusión cerrada por la reforma del gobierno anterior y un fallo contundente de respaldo por la ciudadanía en octubre de 2024. La regla fiscal -instrumento central para preservar la disciplina macroeconómica- fue derogada para volver a los tiempos en que se gasta sin medidas ni controles. En educación, reformas orientadas a mejorar gobernanza y resultados se quieren revertir para hacerle los mandados a los mismos sindicatos que son el principal problema del sistema educativo.

Para Uruguay, la continuidad de políticas y decisiones de un gobierno a otro es un activo histórico. La inversión y la confianza dependen de la previsibilidad. Cuando se instala la percepción de que los contratos firmados por el Estado pueden quedar sujetos a reconsideraciones políticas, el riesgo país aumenta. La institucionalidad no es un eslogan: es un capital acumulado durante décadas de cumplimiento y responsabilidad que se pierde en un instante por culpa de un gobierno que administra el país como la cantina de un club de bochas.

Las patrulleras oceánicas no eran un capricho. Representaban una herramienta concreta para el control del mar territorial, la lucha contra la pesca ilegal y el combate al narcotráfico. Interrumpir ese proceso no solo implica abrir un frente judicial incierto; también significa postergar capacidades estratégicas que el país necesita con urgencia.

El estilo dialoguista del presidente Orsi ha resultado cartón pintado. En temas decisivos el rumbo está siendo de una radicalidad que contrasta con la tradición gradualista y prudente del Uruguay, con efectos demasiado costosos.

La democracia exige alternancia, pero también continuidad institucional. Los gobiernos pasan; los compromisos del Estado permanecen. Cuando se confunden las legítimas diferencias partidarias con el derecho a refundar el país por conveniencias de corto plazo llevadas adelante con torpeza y estolidez el costo lo asume toda la sociedad.

Uruguay construyó su prestigio internacional sobre la base de la seriedad y el respeto a las reglas. Dañar ese capital por pulsiones coyunturales es un error difícil de revertir. La responsabilidad histórica de gobernar no consiste en desmontar lo anterior por el solo hecho de ser de otro partido, sino en mejorar lo que funciona y corregir lo que falla con prudencia.

Lo del actual gobierno está tan por fuera de las mejores tradiciones del país que sólo puede causar rechazo y alarma.