Un gobierno que va al barro

El gobierno ha decidido ir al barro. No hay otra forma de describir la oscura maniobra por la cual se rescindió el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos buques para la Armada Nacional. La decisión, tomada sin fundamentos técnicos ni jurídicos, desnuda una forma de ejercer el poder en la que los cálculos políticos y los intereses rastreros prevalecen muy preocupantemente sobre el interés nacional.

En primer lugar, conviene dejar muy claro que Uruguay necesita esas embarcaciones. Se trata de patrulleros oceánicos destinados a la defensa de nuestro territorio marítimo, al control de la pesca ilegal y a la protección de los recursos naturales. Son bienes estratégicos, fruto de un proceso largo y transparente que culminó con la firma de un contrato legítimo y con una empresa que venía cumpliendo claramente el contrato.

Sin embargo, el gobierno decidió cortar de raíz un acuerdo en marcha. Según informó nuestro diario este viernes, fuentes independientes confirman que Cardama ya había completado el 58% de la estructura del casco del primer buque. Más aún: más del 90% del equipamiento interno -sensores, componentes estructurales, sistemas de navegación y armamento- estaba disponible y listo para ser instalado. Incluso los motores Caterpillar para el primero de los barcos tenían fecha de envío desde Estados Unidos entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. En otras palabras, el proyecto avanzaba dentro de los plazos previstos sin ninguna dificultad.

Más aún, el Astillero Cardama tiene 119 años de historia y ha construido barcos para distintos estados del mundo y para empresas privadas sin que exista ninguna sospecha sobre su trayectoria. El gobierno actual pagó una cuota por avance de obra convalidando todo el proceso, que además está certificado por la empresa Lloyds y cuenta con el respaldo del Reino de España.

Frente a este cuadro, las preguntas se imponen: ¿por qué se toma una decisión tan drástica? ¿Por qué se expone al Estado uruguayo a juicios millonarios cuando no existe ningún incumplimiento por parte del proveedor? ¿Por qué se desmantela una política de defensa que buscaba fortalecer nuestras capacidades marítimas? ¿Qué hay detrás de este movimiento que no se explica ni por razones técnicas ni por el interés público?

Las respuestas, lamentablemente, parecen encontrarse en el terreno más turbio de la política. Lo que debería ser una política de Estado se ha convertido en un campo de batalla partidario. Se manipulan los hechos, se distorsiona la información y se miente descaradamente sobre el estado de la construcción para justificar lo injustificable. Al hacerlo, el gobierno muestra una peligrosa disposición a sacrificar la institucionalidad y la credibilidad internacional del país con tal de obtener una ventaja política inmediata o algún otro fin inconfesable.

No es la primera vez que ocurre. Se repite un patrón: decisiones improvisadas, opacas, orientadas más a distraer la atención o a castigar adversarios que a resolver los problemas del país. La oscuridad se convierte en método cuando se arman relatos para encubrir errores propios, como la impresentable defensa del presidente de ASSE que se demostró que marca tarjeta virtual en la Universidad de la República mientras recorre hospitales.

El tema de los barcos muestra una cara muy preocupante mirando al futuro. Para Uruguay es decisivo ser un país serio y confiable, que honra sus compromisos. Si aparece como un socio imprevisible, capaz de romper contratos por razones políticas u otros intereses estaremos en graves problemas. Ninguna inversión extranjera, ningún proveedor internacional, puede mirar con tranquilidad un país que actúa de esta forma tan absurda y caprichosa.

El gobierno debería explicar con absoluta claridad las razones de esta decisión. No bastan comunicados confusos ni acusaciones genéricas. Debe mostrar los documentos, los informes técnicos y las supuestas irregularidades que justifiquen una medida tan extrema. Si no puede hacerlo, deberá asumir la responsabilidad de haber manchado la reputación del país y de haber debilitado su defensa nacional por intereses sumamente mezquinos.

En política, como en la vida, hay momentos que definen el carácter de los gobernantes. Detrás del estilo bonachón de Orsi hay otros jerarcas que decisión tras decisión vienen mostrando que con tal de pegarle al gobierno de Lacalle Pou son capaces de cualquier cosa. Y la constatación de que tenemos un gobierno que piensa en esos términos es lo más terrible de este asunto.