Conexión Ganadera: se postergó la entrega de los números finales para intentar lograr acuerdos con acreedores

Negocian cobrar el monto estipulado con mayor celeridad y sin la necesidad de ir a un juicio. Abogados pidieron una prórroga de 45 días, lo que fue aceptado por la Justicia

Vacas en Florida
Hombre arreando ganado en Florida.
Foto: Fernando Ponzetto.

Este miércoles 25 de marzo, el síndico del caso Conexión Ganadera debía presentar los números finales de la empresa: su lista de activos y de acreedores. Sin embargo, los ahorristas pidieron una prórroga que fue aceptada por el juez de Concurso de 1er Turno, Leonardo Méndez. Es que trabajan en la posibilidad de llegar a acuerdos con la sindicatura que encabeza Alfredo Ciavattone.

El objetivo de ese acuerdo, surge del escrito al que tuvo acceso El País, es "realizar un convenio que permita evitar litigios entre acreedores con asignación de ganado y sin asignación de ganado" —es decir, aquellos ahorristas que, por el tipo de contrato que firmaron, el ganado debería estar a su nombre y aquellos que no cuentan con animales propios.

"Si estas negociaciones llegaran a prosperar sería altamente beneficioso para todas las partes, en especial para los acreedores porque podrían disponer en plazos razonables de entregas a cuenta de sus créditos", agregaron los abogados.

Un acuerdo, entonces, significaría que los acreedores podrían cobrar el monto estipulado con mayor celeridad y sin la necesidad de ir a un juicio. Por este motivo, los abogados pidieron una prórroga de 45 días, lo que fue aceptado por Méndez. "Atento al importante y representativo número de los solicitantes y, con la conformidad de la sindicatura, se dispone la prórroga", indicó en el decreto al que accedió El País.

Un relevamiento primario realizado por el contador Ricardo Giovio, contratado por Conexión Ganadera para diseñar una salida de la crisis, estimaba que las pérdidas aproximadas serían de US$ 230 millones. Giovio aclaró que ese cálculo lo había hecho "en 15 días" sin toda la información necesaria, por lo que hay un margen de error de US$ 30 millones.

Una verificación de deudas que llevó casi un año

El proceso de verificación de créditos tiene como objetivo determinar si todas las personas y empresas que dicen tener deudas a cobrar en Conexión Ganadera efectivamente las tienen, si cuentan con la documentación correspondiente y si los acuerdos eran legales. Una vez que todo eso se corrobora, el crédito se considera verificado.

El plazo para presentarse ante la Justicia con la documentación para que el crédito fuera verificado venció el 25 de abril del año pasado. En ese momento, El País reconstruyó que los funcionarios judiciales preveían confeccionar más de 200 piezas de expediente, con 300 fojas cada una. Es decir, 600 mil piezas de papel.

El relevamiento de Giovio apuntaba a que había alrededor de 4.000 damnificados. Fuentes judiciales señalaron en ese entonces, sin embargo, que estimaban que sean menos quienes se presentaran a verificar sus créditos.

Solo un abogado de damnificados, Ignacio Durán, presentó la verificación de créditos de 250 personas y debió entregar la documentación en dos valijas, según él mismo documentó en su cuenta de X.

Esa documentación presentada por los ahorristas fue analizada por el síndico Ciavattone, que estuvo encargado de hacer el "filtro" y cotejar que cada caso tenga toda la documentación en orden.

Tanto Conexión Ganadera, como Hernandarias XIII y Don Coraje se encuentran sujetas a concurso. También lo está Pablo Carrasco, como persona física, y Daniela Cabral. Este era el caso, además, de la herencia del fallecido Gustavo Basso, pero un reciente giro en la causa puso, al menos, en pausa esa medida.

La Justicia penal

Los datos del síndico respecto de activos y pasivos son de utilidad para la Fiscalía de Lavado de Activos que investiga a nivel penal el caso. Sin embargo, el límite para presentar la demanda acusatoria fue fijado en mediados de 2027, por lo que falta más de un año.

A nivel penal, tanto Pablo Carrasco como su esposa, Ana Iewidukow están presos preventivamente —esto se debe, a grandes rasgos, en que a ellos se les imputó delitos de lavado de activos—, mientras que Cabral cumple con arresto domiciliario total.

En los últimos días, la novedad en este plano fue la imputación de Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer S.A, que también fue enviado a prisión. La Fiscalía cifró las pérdidas vinculadas a Pasfer en US$ 4.098.253.

La empresa de Rodríguez era una de las "tomadoras" de ganado. Es decir, que se comprometían a tener y cuidar al ganado de los ahorristas en sus campos. El imputado firmó 69 contratos en esta calidad y debía tener cerca de seis mil animales. Pero cuando se realizó una inspección en 2025, se determinó que tenía poco más de 800.

En la audiencia judicial para tratar el caso de Rodríguez, Juan Pablo Decia, abogado de damnificados, instó a la Fiscalía a que continúe con ese "temperamento" respecto de los otros tomadores "en los que los inversores depositaban su confianza". "Cabral también era una tomadora externa a través de una sociedad inexistente como Don Coraje", enfatizó el defensor.

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