Un Estado impagable

Durante años el debate público uruguayo se ha desplazado entre dos extremos previsibles: quienes reclaman más recursos para el Estado y quienes denuncian su sobredimensionamiento, en general desde ambas posiciones sin ofrecer cifras. Un reciente informe cuantitativo elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) corre el eje de la discusión y la coloca donde debió estar siempre: en los números. Y los números, conviene aclararlo en estos tiempos de postverdad, no admiten lecturas ideológicas. Uruguay no tiene un problema de instituciones débiles ni de baja recaudación: tiene un problema de un Estado que cobra como una economía desarrollada y entrega resultados de una economía subdesarrollada.

Entre 2005 y 2025 la presión fiscal pasó del 23,8% al 27,1% del PIB. En el mismo período, los egresos primarios del Gobierno Central y el BPS treparon del 21,3% al 28,9%. El gasto se expandió más del doble de rápido que los ingresos y la brecha, lejos de cerrarse, se amplió. El sector público consolidado, que en 2005 exhibía un superávit primario de 2,5 puntos del producto, cerró 2025 con un déficit primario de 1,8 y un déficit global de 4,7.

Lo más inquietante no es el monto sino la composición. El 83% del gasto primario está comprometido en pasividades, transferencias y remuneraciones. Apenas el 17% restante admite reasignación discrecional. Ningún gobierno, cualquiera sea su signo, dispone de margen real para reformar el Estado sin tocar las aspectos estructurales de ese 83%. Mientras tanto, el servicio de la deuda consume ya 2,3 puntos del PIB -más que toda la inversión pública- y amenaza con superar los tres antes del final de la década.

La anomalía es difícil de eludir. Nuestra presión fiscal se acerca al promedio de la OCDE, pero el PIB per cápita es la mitad del español. El trabajador uruguayo entrega al fisco una proporción de su ingreso comparable a la de un europeo y recibe a cambio servicios que están lejos de serlo. En educación, Uruguay destina el 18,6% del gasto público -la cifra más alta de la muestra internacional- y en PISA 2022 obtuvo 409 puntos en matemática contra 472 del promedio OCDE. Con un gasto por alumno 37% superior al regional, sólo el 42% de sus estudiantes terminan la secundaria; Chile, que prioriza menos la educación en su presupuesto, gradúa al 85%. En seguridad la fotografía es similar: el gasto creció 21% real entre 2013 y 2024 mientras la tasa de homicidios pasó de 7,8 a 10,7 por cada cien mil habitantes, tres veces la de Chile.

Se suma un Estado empresario que cobra una prima de monopolio sostenida en el tiempo: cuando el petróleo cayó, en lugar de reducirse, la prima se amplió. Si se recurre al precio de paridad de importación puede verse con claridad que las administraciones del Frente Amplio cobraron cientos de millones de dólares de sobreprecio, abuso que se había limitado con el mecanismo de fijación de precios establecido por la LUC de 2020 que este gobierno volvió a eliminar para esquilmar una vez más a los uruguayos con precios ridículamente altos.

Hay además un impuesto invisible que no figura en el Presupuesto pero el inversor mide: abrir una empresa mediana en Uruguay demanda 984 horas de trámites y mantenerla operativa 410 horas anuales. La vara relevante no es Argentina, sino Singapur (36 horas) o Irlanda (103). La burocracia no sólo es costosa, también es lenta lo que termina produciendo nuevos costos.

La paradoja final es la más uruguaya de todas. Tenemos instituciones que el mundo envidia y, a la vez, un aparato estatal que asfixia el espacio donde esas instituciones podrían rendir frutos. Construimos las reglas de un país llamado a crecer al 4 o 5% anual y crecemos al 1 o 2%. Irlanda, con un punto de partida comparable en 1990, hoy cuadruplica nuestro PIB per cápita. La pregunta no es cuánto Estado queremos en abstracto, sino cuánto podemos pagar y qué recibimos a cambio. El diagnóstico no es ideológico ni partidario: es aritmético. Y la aritmética, a diferencia de la política, no admite discusión. En vez de seguir discutiendo propuestas absurdas sobre nuevos impuestos basados en el resentimiento y la ceguera ideológica debemos discutir como crecer más para que los uruguayos vivan mejor. El informe del CED da herramientas para combatir con cifras el relato de la izquierda retrógrada que sólo piensa como poner más palos en la rueda a un país que ya crece demasiado poco, en buena medida porque carga con un Estado demasiado grande, demasiado gordo y demasiado ineficiente.