Un capricho muy caro

El pueblo habló claro sobre varios temas este domingo electoral. Pero si hay que elegir uno en el que el voto popular ha laudado en forma inapelable es el caso de la "Ley de Descentralización política y participación ciudadana" que creó las alcaldías. Y, justamente, la ciudadanía habló no participando.

El rechazo a esta nueva ola de burocracia y gasto superfluo que representan las alcaldías, tal y como fueron determinadas por esa ley, fue importante en todo el país. Pero en ningún lado como en Montevideo. En el bastión frentista, 70% de los votantes no quisieron ser parte del proceso, algo que tanto las encuestadoras como los ministros de la Corte Electoral ya habían anticipado. Ahora bien, ¿cuál fue el origen de esta ley? ¿Por qué la gente no la quiso?

Para empezar fue una reforma hecha a los ponchazos. Se votó a 12 días del fin de la legislatura, a menos de 90 de las elecciones, y con la opinión en contra de toda la oposición y la Corte Electoral (incluidos los representantes oficialistas). Además se hizo sin respetar las disposiciones constitucionales que exigen mayorías especiales para realizar reformas electorales, por lo cual hay un recurso de inconstitucionalidad planteado ante la Suprema Corte, que puede en cualquier momento dictar su sentencia de muerte.

Se hizo contra la voluntad de los principales dirigentes políticos de todos los partidos. A días de su votación, el ahora reelecto intendente de Río Negro, Omar Lafluf, sostenía que "la gente no nos pide esto, nos pide eficiencia", y dos dirigentes clave del oficialismo, como el actual presidente Mujica y el senador comunista Lorier, mostraban su desacuerdo con la norma. Incluso la misma estuvo a punto de naufragar en el Parlamento, y se votó sólo porque el ex presidente Tabaré Vázquez se encaprichó en que se aprobara.

Se puede decir entonces que la ley fue un empeño personal y casi solitario de Vázquez, y suya también la derrota en las urnas. Y no se trata, como han pretendido justificar varios, de un tema de falta de información. La información estuvo, y la gente no es boba.

Sucede que la ley nació renga por donde se la mire. Es una norma que pinta un paisaje bonito y colorido donde los alcaldes pasan a tener todas las principales responsabilidades de gestión local, pero sin que se les otorgue un financiamiento genuino para asumir las mismas. Así, para poder responder ante las demandas sociales que se les van a venir, dependerán totalmente de las limosnas de los intendentes y del gobierno central, o sea un nuevo nicho para el clientelismo político. Y también para la burocracia. Se estima que en Montevideo los alcaldes cobrarán una remuneración equivalente a un Director General, lo cual en el mundo perfecto de Adeom, significa más de 80 mil pesos uruguayos, un sueldo muy, pero muy por encima del promedio de cualquier uruguayo.

Pero además, en la capital el "dibujo" de los sectores a ser gobernados por alcaldes estuvo hecho a la medida del partido de gobierno, y su particular visión de la integración social. Barrios como Carrasco quedaron asimilados a otras zonas alejadas territorialmente y con las que no comparten problemática alguna, tan solo para asegurar al Frente Amplio una victoria unánime, como ocurrió. Basta ver la primera reacción del flamante alcalde electo por la zona CH, que incluye Pocitos, para darse cuenta de qué tanto piensan responder a las inquietudes barriales. El señor Luján, ilustre desconocido por la opinión pública, dijo que "el gran tema a resolver es la rambla, un atractivo subutilizado, que no es patrimonio de la gente de Pocitos ni Punta Carretas, sino de todo Montevideo". ¿La prioridad para los vecinos de Pocitos, ahogados por la basura y la desidia municipal, es ver como el resto de la ciudad puede aprovechar la Rambla?

La aprobación de esta ley y su puesta en marcha ilustra sobre lo alejado que la clase política puede llegar a estar de las necesidades y reclamos de la gente, cuando prioriza sus caprichos personales y sus pequeños intereses de corto plazo. El resultado en las urnas de este domingo, es claro sobre lo que piensa el pueblo al respecto.