Un alegato contundente

En un país como el nuestro, donde la estabilidad institucional y la continuidad de las políticas de Estado deberían primar sobre las rencillas partidarias, el accionar del gobierno de Yamandú Orsi en el caso de los patrulleros oceánicos (OPV) con el astillero español Cardama representa un verdadero escándalo. La decisión de rescindir unilateralmente un contrato adjudicado durante la administración anterior no es simplemente una torpeza administrativa, sino que pone en evidencia cómo los intereses políticos se anteponen al interés nacional, exponiendo al Estado a riesgos innecesarios y dilatando la necesaria modernización de nuestra Armada Nacional.

Recordemos los hechos: en el gobierno de Luis Lacalle Pou, se firmó un contrato por aproximadamente 92 millones de dólares con Astillero Cardama para la construcción de dos OPV, embarcaciones esenciales para la vigilancia de nuestro mar territorial, el combate al narcotráfico, la pesca ilegal y las operaciones de búsqueda y rescate. Uruguay ya había desembolsado alrededor de un tercio del monto, unos 30 millones de dólares, cuando el nuevo gobierno del Frente Amplio, apenas asumido, inició una auditoría que detectó irregularidades en la garantía presentada por la empresa española. En base a este alegato el Poder Ejecutivo anunció la rescisión el 13 de febrero de 2026.

Hasta aquí, podría parecer una medida prudente para proteger los fondos públicos. Sin embargo, la carta abierta del exsecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés -un jurista de renombre y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica-, desmonta esta narrativa con precisión quirúrgica. Ferrés, quien participó en el corazón de la gestión anterior, advierte que la rescisión incurre en un grave error de procedimiento que vulnera principios fundamentales del Derecho Administrativo uruguayo. Distingue entre la validez del contrato -ya perfeccionada con la adjudicación y firma- y su eficacia, afectada por la garantía defectuosa, pero no anulada automáticamente. Se trata de un “vicio subsanable”, según la doctrina clásica de Enrique Sayagués Laso, que obliga al Estado a intimar formalmente a la contraparte para corregir el error antes de optar por la destrucción del acuerdo.

El gobierno Orsi, en su apuro por pegarle al gobierno anterior con enorme torpeza, saltó pasos esenciales: no hubo intimación bajo apercibimiento, ni se agotaron las vías de subsanación. Invocaron el artículo 70 del TOCAF, que permite la rescisión unilateral como una “prerrogativa exorbitante”, pero lo hicieron de forma desproporcionada, ignorando el principio de conservación de los contratos que prioriza su mantenimiento, especialmente cuando está en juego un interés público mayor como la soberanía marítima. En contratos complejos de infraestructura naval, es habitual resolver estos asuntos mediante multas, adendas o sanciones, no con rupturas intempestivas anunciadas en conferencias de prensa improvisadas que dejan al país sin las herramientas necesarias para enfrentar amenazas reales. Las recientes salidas en prensa del prosecretario de la presidencia dejan en claro que se trató de una maniobra política. Todos sus argumentos son políticos, ninguno técnico y se centran en intentar golpear sin tino a la administración anterior.

Este manejo torpe no es solo un yerro técnico; es un verdadero escándalo ajeno a la tradición nacional que huele a revanchismo partidario. ¿Por qué tanta premura en cancelar un proyecto que, con correcciones, podría haber avanzado? La oposición, con razón, denuncia un boicot motivado por mezquindades: deshacer lo hecho por el gobierno anterior para distraer la atención de un gobierno que todos los días genera malas noticias, pasándole la cuenta a los sufridos contribuyentes de nuestro país. Mientras el Ejecutivo habla de transparencia y recibe “al menos cinco” propuestas alternativas, el daño real ya está hecho. Uruguay podría enfrentar demandas millonarias de Cardama en arbitrajes internacionales, con el riesgo de perder lo invertido y pagar indemnizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad por esta exposición innecesaria del erario público?

Peor aún, este episodio erosiona la credibilidad del Estado uruguayo como contraparte confiable en acuerdos internacionales. En un mundo donde la competencia por recursos navales es feroz, ¿qué mensaje envía un gobierno que rompe contratos sin agotar instancias legales? Mientras tanto, nuestra Armada sigue operando con buques obsoletos, dejando brechas para el crimen organizado.