Solo los sabios saben retractarse

Es difícil para un gobierno, una vez tomada la decisión y hecho alarde de sus virtudes, retractarse, reconocer que hay mejores opciones y cambiar de idea a tiempo.

Hacerlo exige altura política y honestidad intelectual. Demuestra sabiduría, una virtud escasa en estos tiempos. Es actuar contra lo que puede ser un espíritu de revancha revestido de dogmatismo político.

La lista de decisiones de este gobierno sobre asuntos que dice que sería mejor que no se hagan, no cesa de crecer. Su obcecada visión de cómo entender la tarea de gobernar lleva que el objetivo no es hacer algo nuevo, sino retroceder respecto a las buenas decisiones tomadas por el gobierno que lo antecedió.

No tiene ideas propias pero para mostrar que hace algo, desarma lo heredado. Como consecuencia, queda la sensación de estancamiento. O peor aún, de implantar realidades erróneas de las que sería mejor salir de ellas antes de que el daño se vuelva irreversible.

Una política que se reduce a volver para atrás lo que otros hicieron, trae sus complicaciones. Se retrocede respecto a una idea, pero no se puede retroceder respecto al tiempo transcurrido.

Un caso claro fue el de renunciar al proyecto Arazatí para abastecer agua potable al área metropolitiana y optar por la represa de Casupá. Esto último era lo que pretendía el Frente cuando Tabaré Vázquez empezó su segundo período como presidente en 2015 y no había otras alternativas en el horizonte.

Un lustro después, cuando el presidente Yamandú Orsi anunció que Arazatí quedaba descartada y se volvía al plan de Casupá, el panorama no era el mismo. A diferencia de lo que ocurría cinco años antes, ahora había una alternativa más sólida. A ello se sumó que el país vivió en esos cinco años situaciones que le permitieron tener un entendimiento más claro: la brutal sequía de 2023 obligó a tomar drásticas medidas para abastecer de agua potable a Montevideo. De haber funcionado Arazatí, esa emergencia se hubiera sorteado sin problemas. Pero de haberse construido la represa de Casupá, no habría ayudado a la crisis por cuanto estaba en la misma zona de sequía.

Lo que no podía anticiparse en 2019 quedó en evidencia en 2025. Se contó con información y experiencia y eso le hace difícil al gobierno explicar su terca insistencia en retomar su plan original cuando el otro es mejor desde muchos puntos de vista, incluso desde una visión ambientalista: no hay que inundar una porción enorme de terreno (para lo cual habría que costear las expropiaciones) y como consecuencia causar la destrucción de monte nativo.

Todo es tan evidente que mucha gente imaginó que se terminaría anunciando una lógica marcha atrás para retomar el plan Arazatí. Lo imaginó sin malicia. No como un regodeo contra un gobierno que pudo haber cometido un error, sino viendo a gobernantes sensatos que, enfrentados a la realidad, optan por lo que es mejor para el país. Todavía estamos esperando ese paso atrás.

Lo de las lanchas oceánicas es otro ejemplo. Aún no queda claro que fue lo que quiso hacer el gobierno al anunciar en tono dramático que se rescindía el contrato por esas lanchas. Bastaba corregir la falla y seguir adelante. El propio ministro de Economía explicó cual era la sencilla salida a esa situación. En lugar de tomar la salida ofrecida por Oddone y escuchar a la oposición, el gobierno se entreveró con sus propios dichos. Por momentos dio a entender que sortear el lío era más fácil de lo que parecía, pero luego cayó prisionero de su propia retórica.

Si el tema no se arregla, no solo la Armada se quedará sin sus necesarias embarcaciones para controlar un espacio marítimo desguarnecido, sino que la intervención de la Justicia puede depararle al Estado sorpresas desagradables.

Para un gobierno que no puede evitar estos impulsos, retractarse es visto como una humillación. No se lo concibe como el simple reconocimiento de que se cometió un error o de que hubo un apresuramiento fácil de enmendar.

Ese orgullo mal entendido perjudica a todos. Y lo hace a simple vista porque la gente sí se dio cuenta que es mejor retractarse.

No tendría costo alguno para el país y tampoco significaría un gran costo político para el gobierno. Cuando se aplica el sentido común, lo habitual es que eso se premie.

Para los dos casos mencionados, lo más sensato y ventajoso sería corregir el rumbo. No porque se vuelve a decisiones tomadas por el anterior gobierno, de signo contrario al actual, sino porque es lo obvio, es lo sabio, es lo honesto.