Se rompe el juguete

Las instituciones no se destruyen de un día para el otro. Se desgastan lentamente, a veces casi sin que nadie lo note, hasta que un gesto, una decisión, cruza un límite evidente. Eso es lo que acaba de ocurrir con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo al presentar un recurso de amparo para suspender la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo.

Empecemos por lo obvio: estas líneas no buscan ser un debate sobre si Uruguay debe o no explorar hidrocarburos. Es una discusión legítima, compleja y profundamente política. Puede haber buenos argumentos a favor y en contra. Lo que está en cuestión aquí es otra cosa: el rol de la institución. El Instituto no fue creado para sustituir al Poder Ejecutivo, ni para transformarse en árbitro técnico de decisiones energéticas estratégicas. Su cometido es velar por los derechos humanos frente a abusos concretos, no intervenir en cada discusión pública bajo la etiqueta amplia y difusa de “perspectiva de derechos”.

Porque si algo caracteriza al lenguaje contemporáneo es su elasticidad. Casi cualquier posición política puede defenderse desde una narrativa de derechos humanos. Todo tiene, en algún punto, implicancias en esa materia. ¿Debería entonces el Instituto expedirse sobre política fiscal? ¿Sobre la edad de retiro? ¿Sobre la apertura comercial? En todos esos asuntos también pueden construirse argumentos de derechos. Es obvio que no.

El propio Instituto podría poner el foco, por ejemplo, en las agresiones que sufren familiares de policías en sus barrios o centros educativos. Podría dedicar recursos y energía a las violaciones de derechos que padecen las familias de los casi 400 uruguayos asesinados cada año. Podría enfatizar el drama de quienes viven atrapados en territorios dominados por el narcotráfico. Pero no.

La discusión sobre exploraciones petroleras es extraordinariamente compleja. Supone evaluaciones técnicas sobre impacto ambiental, riesgo sísmico, potencial económico, transición energética, escenarios internacionales y proyecciones fiscales de largo plazo.

No es razonable pretender que el instituto tenga -ni que deba tener- las capacidades técnicas para ponderar todo eso. Al presentar un amparo, lo que hace es subirse a la agenda ambientalista bienpensante del momento, repitiendo conceptos cuya profundidad técnica apostaría que no entiende ninguno de los directores del instituto.

Ya fue problemático, durante la pandemia, cuando desde el “saber técnico” algunos pretendían desplazar la deliberación política en nombre de la ciencia. Algunos parecían pedir que los políticos se corrieran y dejarán decidir a los científicos en una “dictadura tecnocrática”. Aquello era un disparate, pero al menos partía del conocimiento específico. Aquí el juego es distinto: desde una postura ideológica se busca intervenir en una decisión eminentemente política y estratégica, revestida de una retórica de derechos humanos.

Al INDDHH habría que preguntarle si evaluó todas las implicancias del tema. Por ejemplo las fiscales dónde Uruguay enfrenta un desafío enorme. La capacidad de aumentar impuestos es muy limitada, y cuando se habla de reducir el gasto público, abundan las resistencias.

En ese contexto, discutir la eventual explotación de recursos naturales puede ser un enorme alivio a las necesidades sociales más profundas, dónde sin duda hay derechos humanos en juego.

No sé olviden señores directores que tenemos más del 30% de los niños viviendo bajo la línea de pobreza, ¿de verdad podemos darnos el lujo de clausurar el debate sobre recursos potencialmente valiosos? ¿Incluso si se hace con los estándares ambientales más exigentes? ¿No es también un asunto de derechos humanos condenar generaciones enteras a la precariedad estructural? Si eventuales ingresos extraordinarios permitieran un gran alivio fiscal y blindar la niñez y la adolescencia, fortalecer el sistema educativo o mejorar la seguridad, ¿qué protegería mejor los derechos fundamentales?

Las miradas buenistas y livianas que hoy emergen desde el instituto parecen ignorar esa complejidad. Cuando todo es una causa de derechos humanos, nada lo es con claridad.

La politización persistente de la institución no terminará bien. Los organismos que pierden su foco suelen también perder su legitimidad política y social. El Instituto fue concebido como un contrapeso frente a abusos. Si se transforma en actor político más, inevitablemente será tratado como tal.